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Rebaja de aranceles y apertura comercial: ¿fin de la historia?

por 13 mayo, 2012

Si lo que se busca es convertir a Chile en un importante centro logístico de almacenaje y tránsito de bienes hacia y desde los mercados asiáticos, sería mucho más productivo invertir parte de esos US$ 500 millones que se dejarán de recaudar, en fortalecer nuestra infraestructura vial, ferroviaria, de puertos y aeropuertos.
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Una de las medidas contempladas en la propuesta de reforma tributaria propuesta por el Gobierno, es la total eliminación de aranceles aduaneros, lo que ha motivado algunos entusiastas comentarios respecto de esta medida, que culminaría de este modo el proceso de apertura comercial llevado adelante por el país.

El diario El Mercurio editorializa atribuyéndole, era que no, un mérito principal en este proceso a dos de los responsables de la conducción económica de la dictadura, los Sres. Sergio de Castro y Hernán Büchi, por haber iniciado la rebaja unilateral de aranceles, llevándolos hasta el nivel de 15%  en que estaban establecidos al inicio de la transición en 1990.

Sin desconocer la relevancia de este proceso, que sin embargo tuvo enormes costos para varias ramas de producción industrial, lo que entre otras cosas influyó en que se alcanzaran tasas de desempleo de un 25%, es verdad que finalmente contribuyó a orientar la economía chilena hacia sus sectores más competitivos y facilitó las negociaciones comerciales bilaterales emprendidas desde 1990. No obstante, es pertinente señalar que se trataba de una estrategia de alcances limitados, poco eficaz para promover la ampliación y diversificación de nuestra base exportadora, y que al mismo tiempo era la única herramienta posible para un régimen aislado internacionalmente como fue el de Pinochet.

Si lo que se busca es convertir a Chile en un importante centro logístico de almacenaje y tránsito de bienes hacia y desde los mercados asiáticos, sería mucho más productivo invertir parte de esos US$ 500 millones que se dejarán de recaudar, en fortalecer nuestra infraestructura vial, ferroviaria, de puertos y aeropuertos.

En efecto, a la hora de efectuar un balance, es imprescindible recordar que la apertura de mercados para el desarrollo de nuestra industria exportadora se debe a la negociación de acuerdos comerciales. Estas negociaciones permitieron corregir las limitaciones de una política basada solamente en la reducción unilateral de aranceles, facilitando por la vía de la apertura reciproca de mercados, acceso preferencial para nuestras exportaciones, prácticamente a todas las economías desarrolladas y emergentes de importancia, garantizando ventajas de acceso a nuestros exportadores a más del 90% del PIB mundial.

Adicionalmente, las negociaciones bilaterales permitieron abordar la remoción de barreras no arancelarias cada vez mas importantes en el comercio internacional, la conformación de espacios institucionalizados de diálogo bilateral, cruciales para el progreso de agendas de interés común, así como enriquecer la política exterior del país mediante la ampliación y densificación de nuestras relaciones bilaterales con los principales países definidos como prioritarios para la reinserción internacional de Chile. Este esfuerzo desplegado principalmente durante los gobiernos de la Concertación está en la base de la gran expansión de nuestras exportaciones de alimentos frescos y procesados, vinos y productos forestales con valor agregado, así como de algunos bienes de la industria manufacturera.

Es necesario recordar que estas negociaciones comerciales solo fueron posibles una vez recuperada la institucionalidad democrática, y fueron impulsadas y avaladas por el gran prestigio internacional de los Presidentes de la Republica y conductores de nuestra política exterior en el periodo 1990-2010. A ello debe agregarse el trabajo comprometido y altamente profesional de un importante número deservidores públicos de diversos Ministerios e Instituciones Públicas, conducidos por la Dirección Económica de la Cancillería, así como la participación activa de organizaciones del sector privado.

La reducción de aranceles propuesta por el ejecutivo si bien está en una línea de continuidad con este proceso, parece innecesaria y extemporánea. En efecto, su costo fiscal alcanza a US$ 500 millones al año, esto es prácticamente la mitad de lo que se pretende recaudar con el alza de algunos impuestos, y parece más bien una concesión ideológica a los teóricos de la desregulación económica.

Es difícil argumentar que aumentará nuestra competitividad al reducir los costos de insumos y bienes de capital para la industria local. No parece razonable suponer que los productores nacionales no encontrarán abastecedores para esos insumos entre los 24 países que constituyen nuestra red de tratados comerciales.

Por otra parte, plantear que una medida como esa nos coloca en un nivel similar a Hong Kong o Singapur es desconocer completamente la realidad de esos países y las diferencias con el nuestro, que posee una estructura productiva e inserción internacional muy diversa. Si lo que se busca es convertir a Chile en un importante centro logístico de almacenaje y tránsito de bienes hacia y desde los mercados asiáticos, sería mucho más productivo invertir parte de esos US $ 500 millones que se dejarán de recaudar, en fortalecer nuestra infraestructura vial, ferroviaria, de puertos y aeropuertos.

Por último, una medida como esta si bien no impide la continuidad de las negociaciones bilaterales en curso, con Tailandia, India e idealmente Rusia en un futuro cercano, agregará presión para que el país efectúe concesiones mayores en otras áreas, tales como propiedad intelectual o regulaciones a flujos financieros.

En definitiva, queda de manifiesto la falta de convicción gubernamental respecto de la necesidad de promover una real reforma tributaria, que permita una recaudación capaz de modificar cualitativamente la capacidad del Estado para impulsar los cambios en educación y otras áreas de política social como vivienda y salud, que la sociedad civil muy mayoritariamente reclama. La timidez de los cambios propuestos mantendrá abierto el debate para la próxima campaña presidencial y será un importante factor de diferenciación al momento de plantear los programas de gobierno que se ofrecerán al país.

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