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El desmantelamiento del Fondo Mixto y la concentración de las donaciones

por 1 junio, 2012

Ante la ausencia de mecanismos de financiamiento transparentes y no discrecionales destinados a iniciativas de interés público impulsadas por organizaciones de la sociedad civil —que es una de las grandes deudas de los gobiernos de la Concertación— la medida disminuye considerablemente la posibilidad de acceso a fondos de las organizaciones que difícilmente recibirán fondos directos de las empresas.
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El Fondo Mixto de Apoyo Social nació en 2006 al alero del Ministerio de Planificación con el objetivo de redistribuir las donaciones de empresas a aquellas organizaciones sin fines de lucro que generalmente no las recibían. Sin embargo, el 2012 el gobierno decidió desmantelar el Fondo tras la aprobación de la Ley Cubillos y terminó por decreto con este mecanismo solidario que administraba el Estado.

El Fondo Mixto funcionaba así: si una empresa quería descontar impuestos por donar a instituciones sin fines de lucro debía necesariamente dejar un 33% de su donación en el Fondo Mixto con el objetivo de que ese dinero se distribuyera a través de un concurso público en el que participan instituciones pequeñas que se habían inscrito previamente en el Registro de Instituciones Donatarias.

La idea era que las instituciones pequeñas y más invisibilizadas de Santiago y regiones pudiesen acceder a una parte de los recursos que las empresas donaban a organizaciones más grandes y conocidas como el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile o la Fundación Las Rosas, entre otras. El tamaño, el acceso a los medios y a los grupos de poder económico permitían a estas instituciones recibir gran cantidad de donaciones, generando un desequilibrio en la distribución de los recursos que el Estado dejaba de percibir por concepto de los beneficios tributarios a los que accedían las empresas.

Para subsanar este evidente desequilibrio distributivo, el Ministerio de Planificación decidió crear el Fondo Mixto de Apoyo Social que recibiría el 33% de todas las donaciones afectas a beneficios tributarios y los distribuiría a través de un concurso anual a todos quienes se inscribieran en el Registro.

Ante la ausencia de mecanismos de financiamiento transparentes y no discrecionales destinados a iniciativas de interés público impulsadas por organizaciones de la sociedad civil —que es una de las grandes deudas de los gobiernos de la Concertación— la medida disminuye considerablemente la posibilidad de acceso a fondos de las organizaciones que difícilmente recibirán fondos directos de las empresas.

Ya en esa época hubo rechazo por parte de algunas instituciones y de los representantes de los empresarios. Argumentaban que las donaciones disminuirían si el Estado imponía la obligación de destinar un porcentaje de ellas al Fondo Mixto. Nada de ello ocurrió, por el contrario los montos totales de las donaciones aumentaron ya que los empresarios tendían a suplementar la diferencia para mantener los montos que originalmente donaban a las instituciones más grandes.

En el momento del debate, Acción planteó que la aprobación de estas normas abordaba muy parcialmente una real política de fortalecimiento y promoción de la sociedad civil, fundamentalmente en términos de mecanismos públicos de financiamiento, pero defendió el Fondo Mixto por su carácter redistributivo.

La premura con la que se discutió esa Ley dejó pendientes temas y debates que a lo largo de estos años no se han resuelto y, peor aún, se han agravado. Por otro lado, este fondo solo consideraba temas vinculados a pobreza y discapacidad, dejando afuera las que promueven, estudian, capacitan y difunden una amplia gama de derechos ciudadanos, protección del medio ambiente y sujetos discriminados como jóvenes, ancianos, mujeres, indígenas, etc.

A pesar de estas importantes debilidades, la exigencia de aportar un 33% de las donaciones a este fondo, contribuía a desconcentrarlas de un exclusivo grupo de organizaciones y a que las autoridades democráticas siguieran cumpliendo su rol en la orientación del gasto público, no dejándolo sólo al arbitrio de los grandes contribuyentes-donantes.

Pero cuando asume el actual gobierno, el Fondo se puso en cuestión y con la excusa del terremoto se modifica la Ley 19.885 por las Leyes 20.316 de 2010 y 20.565 de 2012 denominada Ley Cubillos.

La nueva ley establece que no es obligación donar el 33% al Fondo Mixto para obtener los beneficios tributarios, ya que existe la posibilidad de donar a dos instituciones distintas, sin tener que donar al Fondo Mixto, o bien donar un aporte menor al Fondo Mixto.

A pesar de su existencia, con estas modificaciones a la Ley, el Fondo Mixto deja de ser un instrumento para redistribuir equitativamente las donaciones que se acogen a rebajas tributarias y se transforma en una herramienta más dentro de la batería de posibilidades de donación que tienen las empresas.

Mientras el monto total recibido por el Fondo Mixto el año 2010 fue de $355.851.828, y el año 2011 de $359.307.686, el monto total de las donaciones realizadas por las empresas a las iniciativas del nuevo Banco de Proyectos, presentadas por fundaciones o corporaciones inscritas en el Registro de Instituciones Donatarias fue de $2.306.466.989 el 2010 y $7.058.130.582 el 2011.

Es decir, que de haber estado operando tal como fue concebido el Fondo Mixto de Apoyo Social habría recibido cerca de 2.300 millones de pesos en 2011 y no 359 millones.

El Fondo Mixto también permite la posibilidad de realizar donaciones directas, sin embargo en el año 2010 no hubo donaciones directas mientras que en el año 2011 llegó apenas a $1.849.225. Estas donaciones fueron efectuadas para cumplir el requisito de la nueva Ley, la que establece donar a dos instituciones distintas o realizar un aporte directo al Fondo Mixto para descontar impuestos.

El foco principal de la nueva política de donaciones se concentra en el Banco de Proyectos que nace durante este gobierno. Revisando a los beneficiarios podemos encontrar, por ejemplo, que Celulosa Arauco dona recursos a la Fundación Arauco y descuenta impuestos por ello. Lo mismo pasa con el Banco Itaú y su Fundación.

Es decir, el espíritu original del Fondo Mixto y sus incentivos para generar una política más solidaria terminaron trastocados, transformándose en un fondo selectivo, en el que las empresas tienen discrecionalidad para elegir a los beneficiarios y pueden, si quieren, elegir sólo aquellos proyectos que presenten sus propias fundaciones y corporaciones.

Ante la ausencia de mecanismos de financiamiento transparentes y no discrecionales destinados a iniciativas de interés público impulsadas por organizaciones de la sociedad civil —que es una de las grandes deudas de los gobiernos de la Concertación— la medida disminuye considerablemente la posibilidad de acceso a fondos de las organizaciones que difícilmente recibirán fondos directos de las empresas.

Pero además estos recursos son impuestos que el Estado deja de recibir y su destino deja de ser una decisión democrática para pasar a ser decidido unilateralmente por parte de las empresas.

En los hechos, una política solidaria e inclusiva que buscaba emparejar la cancha, terminó desmantelada para favorecer como siempre a los peces más gordos del charco. De esta forma, las donaciones privadas siguen siendo dominadas por los grandes conglomerados económicos.

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