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Libertad de expresión en peligro

por 6 junio, 2012

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son reconocidas ampliamente como una de las instituciones de la OEA que funcionan y cuentan con credibilidad. Gracias a su labor e imperio se han logrado avances en materias como la despenalización de calumnias e injurias, el fin de la censura previa, la derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, y reformas al fuero militar.
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"La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír", George Orwell.

Tengo la obligación moral de escribir esta columna.

El año 2003 participaba activamente en el programa de televisión “El Termómetro” de CHV. En uno de sus episodios critiqué con fuerza el desempeño de la justicia en Chile. A los pocos días el pleno de la Corte Suprema presentó una demanda criminal bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado en mi contra.

Arriesgando un pena de cinco años de cárcel y enfrentado a un juicio en contra de todos los miembros de la Corte Suprema, la cosa no se veía nada de fácil. Debo reconocer que el solo hecho de ir a la cárcel me causaba náusea y una angustia profunda.

La aplicación de leyes especiales, comúnmente denominadas “Leyes de Desacato”, era el arma preferida de la justicia para silenciar las críticas ciudadanas. Arma letal utilizada en plena democracia en contra de periodistas como Alejandra Matus, a causa de su Libro Negro de la Justicia Chilena, entre varios otros casos menos conocidos.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son reconocidas ampliamente como una de las instituciones de la OEA que funcionan y cuentan con credibilidad. Gracias a su labor e imperio se han logrado avances en materias como la despenalización de calumnias e injurias, el fin de la censura previa, la derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, y reformas al fuero militar.

Finalmente fui enviado a prisión y tratado como un criminal. Me declararon reo y permanecí con orden de arraigo por más de un año. Una vergüenza para nuestra democracia y para el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

Sin embargo, el caso llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), organismo que rápidamente manifestó su “grave preocupación” al Gobierno de Chile y decretó una serie de medidas cautelares a mi favor. Esto permitió mi salida de la cárcel en menos de 24 hrs.

Fui recibido en Washington DC. Por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Este caso finalmente dio lugar a la derogación de las leyes de desacato en Chile, un avance importante para nuestra democracia. También se ganó la querella presentada por el pleno de la Corte Suprema, algo realmente impensable y sin precedente histórico alguno.

La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son reconocidas ampliamente como una de las instituciones de la OEA que funcionan y cuentan con credibilidad. Gracias a su labor e imperio se han logrado avances en materias como la despenalización de calumnias e injurias, el fin de la censura previa, la derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, y reformas al fuero militar. Acceso a la información de interés público y la derogación de normas discriminatorias. Gracias a su labor disuasiva, varios gobiernos han liberado a personas injustamente encarceladas.

Por estos días los gobiernos del ALBA, liderados por Venezuela, Bolivia y Ecuador, han ejercido una fuerte presión para reducir la independencia de la Comisión y sus relatorías. Se propone reformar áreas claves como las intervenciones urgentes de la Comisión y la tramitación de casos de derechos humanos. Como si lo anterior fuera poco, se quiere terminar con los informes por países, relatos que causan indignación a quienes ejercen una tiranía discursiva. Sorprende mucho que Brasil, por haber sido requerido sobre el impacto de un proyecto hidroeléctrico en las comunidades indígenas del Amazonas, también apoye la estrategia del ALBA.

Lo más lamentable es que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en vez de proteger estos organismos y defenderlos, inexplicablemente se ha sumado a los esfuerzos por debilitarlos al nivel de dejarlos prácticamente inservibles.

La defensa de la soberanía y autonomía de los países —legitima, por lo demás— no debiera ser confundida con el amedrentamiento y persecución de las voces divergentes. Los gobiernos que persiguen, sin contrapeso alguno, a su detractores, finalmente se transforman en dictaduras. Es de esperar que el sistema interamericano de derechos humanos logre con éxito esquivar esta ofensiva que podría terminar costando muy caro a la región.

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