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Estrategia Energética: llegó la hora

por 8 junio, 2012

Estrategia Energética: llegó la hora
Para llamar las cosas por su nombre, lo que dice Colbún es que para la viabilidad de, al menos, cierto tipo de proyectos se requieren consensos políticos y sociales, se requiere comenzar a considerar dentro de la discusión de política pública no sólo los aspectos estrictamente técnicos o económicos, sino también los gustos, preferencias y necesidades de la sociedad chilena.
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Es indudable que los últimos acontecimientos relativos a la decisión de la empresa Colbún de recomendar la suspensión indefinida de los estudios concernientes a la aprobación ambiental de la línea de transmisión del proyecto HidroAysén, han generado un debate relativamente inédito en nuestra industria y sociedad.

En los últimos días, la opinión pública y la prensa han dedicado mucho tiempo a interpretar e intentar entender los motivos, razonamientos y justificación de este anuncio.

Sin embargo, sin siquiera hacer el intento de entrar en la mente de los protagonistas de esta decisión, es indudable que lo que queda luego de las primeras interrogantes, es una pregunta amplia respecto del estado de nuestra política energética. No para hacer posible o viabilizar un proyecto en particular, sino para proyectar razonablemente el futuro mediato e inmediato de todo nuestro sistema eléctrico.

Me han preguntado insistentemente si Chile cuenta con una política energética. La respuesta es sí. Por supuesto. De hecho, todos los países, aún algunos con instituciones y leyes menos desarrolladas que el nuestro, siempre tienen una determinada política energética. Sin embargo, para comprender a cabalidad de qué hablamos al preguntarnos acerca de nuestra política de energía, es necesario comprender que nuestro país cuenta con un modelo estrictamente privado en materia de generación eléctrica, el cual, a su vez, en gran medida condiciona el modelo de transmisión de energía eléctrica que acompaña y sirve al ciclo generación–consumo.

La única invitación posible es a terminar de sincerar nuestros puntos de vista. Legitimar los puntos de vista de quienes no piensan como nosotros. Debatir todo lo debatible. Consensuar todo lo consensuable, e identificar los mecanismos reales y prácticos que permitan desatar el nudo gordiano en el que nos encontramos hoy.

Lo anterior significa que la política energética de nuestro país se ha basado, durante exactamente 30 años (La actual Ley Eléctrica data de 1982) en un esquema que reconoce la condición competitiva del segmento “generación” y confía a los privados la total iniciativa en cuanto a los proyectos de inversión al interior de esta industria. Son los privados quienes, con información relativamente perfecta respecto de las demandas esperadas, toman la iniciativa de construir cada una de las fuentes de generación eléctrica existentes en el país, su ubicación geográfica y la tecnología o insumos con que cada una de ellas producirá energía eléctrica.

En esta lógica, la labor del Estado es asegurar que los proyectos que los privados se proponen construir, cumplan con los diversos requisitos que establece la legislación, esto es, cumplimiento de normativas ambientales, ordenanzas municipales, reglamentaciones sobre uso de suelo, etc.

Así, como podemos ver, las decisiones relativas al desarrollo de la industria energética no se relacionan con los gustos, preferencias o puntos de vista de la sociedad acerca de un determinado modelo de desarrollo. Las decisiones que toma el Estado son, o debieran ser, estrictamente técnicas y orientadas a establecer el cumplimiento o incumplimiento de las normativas ya reseñadas. Chile tiene así una política energética, pero no tiene un mecanismo de planificación central en materia energética. No es el Estado quien influye (salvo limitadas excepciones, como la actual Ley de Promoción de las ERNC) en el tipo de centrales que se construyen, ni en los lugares en que estás se proyectan.

Con la transmisión de Energía ocurre algo similar, pues si bien este segmento de la industria sí está sujeto a regulación sectorial y de tarifas, el desarrollo de las líneas de transmisión se ha desarrollado durante décadas en función del desarrollo de la generación, y si bien el Estado, en algunos casos, establece sistemas de licitación para construir o ampliar obras en el sistema troncal, queda en manos de los privados la total responsabilidad de establecer las rutas óptimas para los trazados de las líneas y la negociación directa con los diversos afectados por el paso de esta infraestructura.

El hecho esencial dado a conocer por Colbún hace algunos días apunta al centro de esta realidad. Señala esta empresa, que para la construcción de al menos cierto tipo de proyectos (de gran envergadura y complejidad) no basta que el Estado cumpla su labor técnica de evaluación de los proyectos, sino que se requiere una política de desarrollo de largo plazo que concite grandes consensos.

Para llamar las cosas por su nombre, lo que se dice es que para la viabilidad de al menos cierto tipo de proyectos se requieren consensos políticos y sociales, se requiere comenzar a considerar dentro de la discusión de política pública no sólo los aspectos estrictamente técnicos o económicos, sino también los gustos, preferencias y necesidades de la sociedad chilena.

Si este es el caso, entonces el desafío es enorme, no para un gobierno, sino para toda la sociedad, en especial, para quienes dentro de ella tenemos un rol en las discusiones de política pública. Incorporar el factor político y social a la discusión sobre energía, significa que deberemos sincerar los méritos de cada opción energética, saber que ningún escenario está exento de sacrificios, que no existe una receta mágica que nos permita optar, al mismo tiempo y en partes iguales, por energía limpia, barata y abundante. Significa establecer mecanismos de participación y debate serios, que permitan tomar decisiones país, pensando en el largo plazo y con información fidedigna, confiable y consensuada.

El Gobierno de Chile ha hecho una propuesta seria y concreta de lineamientos de política pública en materia energética. Está detallada en un documento dado a conocer en febrero de este año, y se basa en el trabajo de dos comisiones de expertos que trabajaron durante casi un año en diagnósticos y recomendaciones. Pero esa propuesta aún no ha sido suficientemente digerida por el resto de nosotros, aún no hemos terminado de debatir acerca del alcance y significado concreto de cada uno de los pilares de esta política, y el tiempo se nos acaba.

Es por ello que la única invitación posible es a terminar de sincerar nuestros puntos de vista. Legitimar los puntos de vista de quienes no piensan como nosotros. Debatir todo lo debatible. Consensuar todo lo consensuable, e identificar los mecanismos reales y prácticos que permitan desatar el nudo gordiano en el que nos encontramos hoy.

Ese ha sido por años el compromiso de quienes participamos en la iniciativa de diálogo técnico y político “Escenarios Energéticos Chile 2030”.

Esa es la invitación urgente que ahora reiteramos, cuando más falta nos hace. A debatir sin temas tabú. Sin exclusiones de ningún tipo y sabiendo que, cuando se abre un debate, se puede ganar y también perder.

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