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Elecciones regionales directas YA!

por 9 junio, 2012

No es válido el argumento que la participación puede generar distorsiones en las políticas. Es efectivo que requiere mayor trabajo y puede eventualmente enlentecer los proyectos, algunos de mucha urgencia, pero en cambio se obtiene una sustentabilidad y una legitimidad que ninguna planificación tecnocrática puede brindar a mediano y largo plazo.
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Santiago como ciudad se encuentra en muchos aspectos  a la deriva. Los enormes desafíos que enfrenta deben ser abordados con un grado de coordinación, autonomía y poder que lamentablemente no tiene. Se requiere, además, de una legitimidad política que permita cohesionar la base social de la ciudad, amenazada por la marginalidad y la fragmentación de sus comunas y barrios, lo que está generando serios riesgos de inseguridad, de inviabilidad ambiental y de violencia social abierta.

Esta legiitimidad es un elemento clave para poder resolver los problemas y abordarlos de forma integral. Es efectivo que el país adolece de un centralismo enfermizo y todo parece concentrarse en la capital. Sin embargo, Santiago también es víctima de ello, pues carece de  autoridades regionales que verdaderamente cuenten con atribuciones y potestad administrativa que les permita efectivamente actuar con legitimidad y verdadero y real poder de accion. Además, y por cierto de manera legítima, su representación parlamentaria se enfrasca   en los llamados temas de la política nacional, y sus representantes carecen de  herramientas e instrumentos  para poder actuar y resolver los  problemas prácticos de la RM. Las decisiones sobre las políticas públicas de la ciudad tienen rango de decisión ministerial, y su funcionamiento aparece subsumido en la lógica del poder político global del país.

Al parecer, lamentablemente y por diversas razones, los problemas y angustias que sufren diariamente una buena parte de los ciudadanos  de Conchalí, Huechuraba,Renca, Pudahuel o La Pintana finalmente se hacen  invisibles para una buena parte del poder político nacional. Si no, pregunte por el Transantiago y sus efectos devastadores en la calidad de vida de la gente de barrios apartados.

Santiago requiere un verdadero gobierno metropolitano. Hasta ahora, son las iniciativas privadas las que están gobernando no solo el urbanismo de la ciudad, sino su desarrollo económico y los elementos determinantes de su bienestar. El Estado, como manifestación regional prácticamente no existe, al menos por dos razones: su incapacidad para coordinarse de manera eficiente y actuar conjuntamente, y en segundo lugar, para planificar un desarrollo futuro sustentable, lo que agrava los problemas que ya existen. Si se analiza el debate en torno a la construcción del Costanera Center, se llegará a la conclusión de que la institucionalidad pública regional es un sistema a lo menos insuficiente, con recursos precarios y escasas atribuciones, representatividad y legitimidad, producto de que sus integrantes  no son efectivamente electos por la ciudadanía mediante mecanismos democráticos.

Un verdadero gobierno metropolitano, capaz de equilibrar las políticas y los intereses de una ciudad compleja y vasta como la capital, no es posible sin elección directa de las autoridades. Y ello no vale solo para Santiago o las grandes conurbaciones como Valparaíso/Viña o Concepción/Talcahuano, sino incluso para todo el país. La emergencia de un malestar social regional está en la retina de la ciudadanía como producto de las movilizaciones de los últimos meses.

No bastan las buenas intenciones ni los buenos técnicos, ni siquiera contar con los recursos financieros, y menos aún creer que la ya probada fórmulade la sinergia público privada es suficiente. Se requiere una intervención con sentido estratégico que genere legitimidad ciudadana para sostener los enormes cambios que hay que emprender.

Las  elecciones regionales directas ahora son un punto de partida para lograr los cambios. Diseño e integración urbanas, erradicación de microbasurales, medioambiente y conectividad, resguardo de bienes públicos, cultura, valorización patrimonial de la ciudad, distribución equitativa de la velocidad de traslado con un sistema eficiente de transporte público, son algunos de los temas.
No es solo un problema de presupuesto sino de sentido estratégico de desarrollo de la ciudad. Tampoco se trata de menospreciar o debilitar los aspectos y variables técnicos que inciden en la toma de decisiones, pero si, definitivamente, de incorporar consistentemente a la ciudadanía y a los actores sociales en el diseño y ejecución de las políticas públicas metropolitanas.

Si la tecnocracia que discutió el Transantiago hubiera estado imbuida de más sociedad y menos cálculo de mercado, y se hubiera escuchado la voz de los alcaldes y los dirigentes vecinales, seguramente el Estado se habría ahorrado algunos cientos de millones de dólares y la solución hubiera sido mucho mejor que la  que actualmente  existe.

No es válido el argumento que la participación puede generar distorsiones en las políticas. Es efectivo que requiere mayor trabajo y puede eventualmente enlentecer los proyectos, algunos de mucha urgencia, pero en cambio se obtiene una sustentabilidad y una legitimidad que ninguna planificación tecnocrática puede brindar a mediano y largo plazo. El principio básico de ello es que quien usa el territorio y experimenta las políticas es gente de carne y hueso, que sabe por experiencia propia el efecto positivo o negativo de ciertas políticas.

Un Estado verdaderamente descentralizado, con actores regionales elegidos directamente por la ciudadanía, con alcaldes que cuenten con efectivas herramientas para administrar las cada vez más complejas organizaciones que son los municipios, con profesionales y técnicos que sepan trabajar con la gente, son necesidades evidentes.

Pero ya es más que evidente que se precisa también la figura del alcalde mayor o como quiera llamársele a una autoridad metropolitana elegida directamente. Con un parlamento regional de verdad como deben ser los consejeros regionales directamente elegidos por la gente.

Todo ello es parte de una reforma mayor al régimen político, es cierto, pero lo expuesto más arriba va en la misma dirección: terminar con el centralismo paternalista y autoritario de la  vieja república, reforzado por la dictadura militar y santificado en la Constitución de 1980. La gente quiere participación democrática y eso exige elecciones directas YA de las autoridades regionales.

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