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La U. del Mar y las puntas de lanza de la Educación Superior chilena

por 11 junio, 2012

No es aventurado sostener que las dimensiones en que estas instituciones se han desempeñado con especial eficiencia, son las relacionadas con las estrategias para aumentar la extracción de la renta de los hogares, sea aumentando sostenidamente sus aranceles y/o su cobertura, o mediante las garantías que ofrece el CAE cuando el hogar no puede cubrir los costos directamente.
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Al igual que en las discusiones relativas a la distribución del ingreso, es fácil hacer trampas mediante el uso de las cifras agregadas. Tal como se ha discutido sobre si los cerca de 17 mil dólares de ingreso per cápita son o no tan per cápita en realidad, el aumento de la cantidad de personas que comienzan estudios superiores (uno de los indicadores más vociferados como medida de nuestro supuesto desarrollo económico y social) por sí solo, lo único que indica es que más hogares tendrán que pagar por los aranceles educativos más caros del mundo.

Lo anterior a estas alturas no es novedad. La “cuestión” de la Educación Superior en Chile ha desencadenado procesos de movilización social de masas inéditos en nuestra historia reciente, y hay elementos para pensar que el conflicto real al interior de las instituciones recién comienza. Esto, debido a que la coyuntura relativa a la crisis que atraviesa la Universidad del Mar aporta nuevos antecedentes para pensar que el tamaño real de este problema es más grande y profundo de lo que se piensa.

En efecto, la renuncia del Rector de la Universidad del Mar, el abogado Raúl Urrutia, hace unos días permitió el destape de la cara más grosera del problema: mientras se mantienen deudas salariales y previsionales, los dueños se pagan una suma cerca a los 600 millones de pesos a través de sus propias sociedades inmobiliarias. Esto se suma a otros problemas ya descritos en una serie de artículos, sobre todo en relación a su oscuro proceso de acreditación, cuyo único resultado fue la garantía de un ingreso de 3.500 millones de pesos provenientes de los estudiantes que ahora podrían postular al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Lo relevante desde el punto de vista económico y social no es solamente el hecho de que una institución presente ostensibles irregularidades, sino el hecho de que es posible considerarlas como una norma para el segmento institucional que es el mayor responsable sobre la dinámica del sistema en su conjunto: las instituciones no tradicionales (formadas con posterioridad a 1981) y no selectivas (aquellas donde el puntaje PSU promedio es inferior a 550 puntos).

Dentro de lo anterior, destacan instituciones con una gran capacidad expansiva en su matrícula tales como Universidad de las Américas, la Universidad San Sebastián, la UNIACC, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Autónoma, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, la Universidad Central y la ya mencionada Universidad del Mar.

Una de las puntas de lanza del movimiento estudiantil apunten al lucro no como un problema de principios de filosofía moral (como lo han querido colocar algunos académicos y autoridades), sino como el mecanismo económico y social que explica el aumento en los ingresos de las instituciones como el resultado de la extracción a destajo de la renta de los hogares.

Además, son instituciones en las cuales ya han sucedido escándalos que nos dicen que algo huele mal. Escándalos como el ocurrido recientemente con la UNIACC, los intentos de compra de la U. Central el 2011 que gatillaron movilizaciones de sus estudiantes, los conflictos de interés como el rol del Consejo Nacional de Educación en el proceso de acreditación de la Universidad de Las Américas el 2008, o por motivos que se relacionan con la honestidad clasista de nuestra élite académica, como las declaraciones del ahora ex Decano de la Facultad de Arquitectura sobre la “cultura y sofisticación de sus estudiantes” en la Universidad San Sebastián.

Por un lado, más allá del escándalo, es necesario recalcar que las instituciones mencionadas anteriormente concentran una suma de 161.020 estudiantes, lo cual constituye el 70% del total de este mercado y donde el costo de estudiar un año (matrícula más arancel) bordea los 2,3 millones de pesos al año en promedio. La mayoría de sus estudiantes provienen de establecimientos escolares precarios, es más, forman gran parte de ese 7 de cada 10 estudiantes que podrían ser el primer profesional de su familia. En suma, son las instituciones que alimentan socialmente el cada vez menos defendido discurso sobre la promoción social de nuestro modelo de Educación Superior.

Por otro lado, los primeros resultados de una investigación desarrollada por el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECh)[1] dan cuenta de la profundidad económica y social del problema. Del total de los ingresos esperados sólo por docencia del pregrado, estas instituciones tienen una participación equivalente a 72% del total esperado del mercado en el que participan[2].
Al mismo tiempo, son las instituciones que han evidenciado la síntesis de los problemas de un sistema de acreditación realmente cosmético. En efecto, este grupo de las Universidades que presentan un gran poder económico, explicado tanto por la cantidad de matriculados que presenta y por los precios de sus aranceles-matrículas por concepto de docencia de pregrado, y a su vez pertenecen a la categoría de las No Tradicionales y No Selectivas, son Universidades que concentran las peores tasas de eficiencia en titulación (de una generación, en promedio, sólo se titula el 38%), no realizan investigación (sólo 5 de 100 investigaciones se llevan a cabo en universidades privadas no tradicionales en general), cuentan con baja tasa de contratación de planta en docencia (85% de sus docentes son “a horas”), y sus estudiantes tienen un promedio de menos de 5 libros por alumno y en algunos casos sólo tienen 2 ejemplares por estudiante (encontrarían más variedad en una recepción de una ISAPRE).

En términos de la configuración de la matrícula, este tipo de instituciones son las que explican gran parte de su expansión, con un crecimiento del 81% para el período 2005-2010. Presentan bajos niveles de retención de matrícula tanto para el primer año (57%) como para el segundo (55%); tienen bajo nivel de acreditación institucional (3,3 años promedio... ¿permitirían los defensores del actual modelo que sus hijos cursen estudios allí?); presentan un promedio de PSU de sus alumnos de 503 puntos, lo cual da cuenta de una ya conocida relación con el tipo de establecimiento de educación secundaria, estrato social al cual pertenecen y trayectoria familiar ligado a los estudios superiores.

En este sentido, no es aventurado sostener que las dimensiones en que estas instituciones se han desempeñado con especial eficiencia, son las relacionadas con las estrategias para aumentar la extracción de la renta de los hogares, sea aumentando sostenidamente sus aranceles y/o su cobertura, o mediante las garantías que ofrece el CAE cuando el hogar no puede cubrir los costos directamente. Básicamente, y como se suele decir, negocio redondo. De aquí que una de las puntas de lanza del movimiento estudiantil apunten al lucro no como un problema de principios de filosofía moral (como lo han querido colocar algunos académicos y autoridades), sino como el mecanismo económico y social que explica el aumento en los ingresos de las instituciones como el resultado de la extracción a destajo de la renta de los hogares.

En la otra vereda, el gobierno está mostrando una voluntad al cierre de instituciones como esta, eventual medida que puede sonar atrevida como intento de ofensiva y a la cual se han sumado gran parte de quienes alimentaron a esta bestia económica y social —la Concertación—, pero que no se hace cargo de qué es lo que sucederá con los estudiantes de dichas instituciones, y de qué forma puede garantizarse una alta cobertura que no vaya acompañada de la extracción progresiva de los ingresos de los hogares ni la reproducción de la precariedad educativa en el nivel superior de aquí en adelante. En definitiva, que sea capaz de cumplir con el horizonte que los principales promotores políticos y académicos del modelo han reclamado para sí, y que los porfiados hechos —una vez más— han logrado desmentir: la existencia de una modernización efectiva, y no espuria, de nuestro sistema educativo.

1 El estudio consiste en una caracterización de los mercados universitarios, poniendo énfasis en sus precios, para lo cual se utilizó los datos de la base Índices (CNED). Para mayor información sobre sus primeros resultados, ver: http://fech.cl/mercados-en-la-educacion-superior-universitaria/

2 US$763.100.000 de un total de US$1.054.860.000 que los hogares destinan al pago de aranceles y matrícula de Universidades No Tradicionales No Selectivas.

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* Equipo de investigación: Rodrigo Fernández Sociólogo y Magíster(c) en Economía Aplicada, Andrés d'Alencon, Ignacio Cassorla y Camilo Araneda Sociólogos Universidad de Chile.

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