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Modificaciones a la ley que busca regular el lobby: tres pasos atrás

por 11 junio, 2012

Hoy parece más lejano que ayer el objetivo de hacer efectivamente más público lo público, es decir, que los ciudadanos podamos saber mejor quiénes, con quiénes, sobre qué temas, representando qué intereses, y con qué argumentos, se procura influir ‘privadamente’ en la adopción de decisiones públicas, decisiones que luego nos afectan y obligan a todos y las que todos debemos pagar con nuestros impuestos.
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Las modificaciones introducidas recientemente por el gobierno al proyecto de ley sobre lobby, en trámite legislativo en el Congreso desde octubre del año 2003, constituyen un retroceso en materia de transparencia en comparación al proyecto original.

Uno de los mayores cambios es la eliminación de la obligación para los lobbystas de inscribirse en un Registro Público como condición para realizar sus actividades en forma legal. Tal como en la mayoría de los países en que esta actividad está regulada, el proyecto original establecía que quienes quieran llevar a cabo actividades de lobby deben inscribirse previamente en un Registro Público, de libre acceso para cualquiera, y consignar en el mismo información actualizada sobre sus gestiones, mandantes y representados, los temas o asuntos tratados y sus planteamientos y argumentos, y las autoridades y funcionarios públicos con los que han tomado contacto.

Así se buscaba transparentar las actividades de lobbystas y grupos de interés en sus intentos de influir en las decisiones y políticas públicas con el objetivo de que los ciudadanos pudiéramos saber quiénes procuran influir, con mayor o menor éxito, en la adopción de decisiones y normas colectivas vinculantes que nos afectan a todos, sobre qué temas, en nombre de quién lo hacen o representando qué intereses, ante qué autoridades y organismos públicos, y con qué argumentos.

Hoy parece más lejano que ayer el objetivo de hacer efectivamente más público lo público, es decir, que los ciudadanos podamos saber mejor quiénes, con quiénes, sobre qué temas, representando qué intereses, y con qué argumentos, se procura influir ‘privadamente’ en la adopción de decisiones públicas, decisiones que luego nos afectan y obligan a todos y las que todos debemos pagar con nuestros impuestos.

La indicación sustitutiva enviada por el Ejecutivo elimina este registro público de lobbystas y sólo mantiene la obligación para los funcionarios y autoridades públicas de “registrar las audiencias y reuniones sostenidas con personas que realicen actividades de lobby y con todas aquéllas cuyo objeto sea promover un interés particular para influir” en decisiones y políticas públicas.

Para ello, la iniciativa presentada por el gobierno establece la creación de a lo menos nueve (¡!) Registros de Audiencias (Poder Ejecutivo, Senado, Cámara de Diputados, Contraloría General de la República, Banco Central, Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones, y Tribunales Electorales Regionales). Aún cuando en el proyecto original se establecía la creación de tres registros de lobbystas, lo cual ciertamente no favorecía la transparencia, se estipulaba sin embargo que éstos debían estar coordinados y comunicados, de forma tal que la información contenida en cada uno se agregara y actualizara automáticamente con la información de los restantes. Esta norma desapareció en el proyecto actual. Ello dificultará enormemente la fiscalización efectiva por parte de la opinión pública de la identidad y actividades desarrolladas por quienes buscan influir, en forma directa y ‘reservada’, en las decisiones públicas en favor de sus intereses particulares o los de sus representados.

Asimismo, durante la tramitación legislativa, el gobierno pasado había acordado con el Congreso que la supervisión de tales Registros le correspondería al Consejo para la Transparencia, organismo creado por la Ley de Transparencia como un ente autónomo, sin dependencia ni subordinación respecto de los demás poderes del Estado, buscando así dar garantías a todos de que tal información sería confiable. Ello también se elimina en el proyecto actual, dejando tales registros en manos de quienes podrían verse directamente afectados por la eventual difusión pública de la información contenida en el registro.

Por otra parte, el proyecto enviado por el actual gobierno debilita seriamente el objetivo de transparentar las actividades de influencia por parte de grupos de interés particular en el proceso de adopción de decisiones y políticas públicas. En el Mensaje que acompañaba al proyecto original se consignaba que “la experiencia nacional e internacional señala que en no pocas ocasiones la toma de decisiones, tanto a nivel administrativo como legislativo, se ve motivada o afectada por intereses grupales, sectoriales o individuales, los que al amparo del desconocimiento del público o de los afectados, consiguen decisiones que favorecen sus intereses, en una forma que, de saberse sus motivaciones o argumentos, no sería posible, o al menos, sería menos factible llevarlo a cabo”. Por ello se buscaba promover la transparencia a través de la creación de un dispositivo de ‘doble control’: por una parte el Registro de Lobbystas, en el que quienes desarrollen este tipo de actividades deben registrar sus gestiones, identificar a sus mandantes o representados, y las autoridades contactadas, y, por otra, el Registro de Audiencias, que deben completar los funcionarios y autoridades públicas respecto a las reuniones sostenidas con lobbystas y representantes de grupos de interés. Así se buscaba desalentar la omisión de información por parte de cualquiera de las partes y, a la vez, incrementar el costo para ambas en el caso de una eventual colusión para ocultar información, ya que si ello llegara a descubrirse, ese sólo hecho constituiría presunción. El actual proyecto desarma tal mecanismo al entregar toda la responsabilidad únicamente a las autoridades y funcionarios públicos.

Por todo lo anterior, las modificaciones introducidas por el actual gobierno representan un retroceso respecto al proyecto original en su objetivo de transparentar las actividades de grupos e intereses particulares para influir en las decisiones públicas, y de distinguir entre actividades legítimas de lobby y el mero tráfico de influencias. Así, hoy parece más lejano que ayer el objetivo de hacer efectivamente más público lo público, es decir, que los ciudadanos podamos saber mejor quiénes, con quiénes, sobre qué temas, representando qué intereses, y con qué argumentos, se procura influir ‘privadamente’ en la adopción de decisiones públicas, decisiones que luego nos afectan y obligan a todos y las que todos debemos pagar con nuestros impuestos.

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