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Cae la noche sobre la Constitución de Pinochet

por 1 agosto, 2012

Cae la noche sobre la Constitución de Pinochet
Cuando se percibe la desazón por las leyes que día a día se aprueban en el Parlamento en contra del sentir mayoritario, en contra del bien común, en contra de la sustentabilidad, la empresa de dotarnos de nuevas reglas del juego, de las esenciales, se convierte en un acto de esperanza. Si este Congreso sigue dando a luz normas inicuas, ¿por qué no vamos por el premio mayor, el que permitirá declarar inconstitucional todo código que privatice las aguas, el mar, la educación, la salud o que ponga el interés privado por sobre el colectivo?
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Ocurrió como en el viejo chiste de los delfines. Ése que afirma que todos sabemos que son inteligentes, pero que aún nadie lo ha podido demostrar.

Con la Constitución pasaba lo mismo. La que nos rige hoy y que fuera refrendada mediante plebiscito el 11 de septiembre de 1980 con un 67,04 % de votos favor y un 30,19% en contra. La que fue promulgada en dictadura mediante el decreto ley 1.150 del 24 de octubre del mismo año.

Porque aunque para la mayoría siempre estuvo claro que el referéndum que la validó tuvo graves vicios de legitimidad —no existían registros electorales, en televisión sólo hubo campaña a favor del Sí, los opositores sólo pudieron manifestarse en la vía pública bajo férreo control y represión policial, y en la papeleta la opción de aceptación contenía una estrella en contraste con el círculo negro de rechazo— no había testimonios concretos de fraude electoral. Un plebiscito rotundamente irregular sí, pero no necesariamente ilegal.

Fue la investigación del periodista Javier Rebolledo, contenida en el recién publicado libro “La danza de los cuervos”, la que develó un eslabón más en la farsa aquélla por la cual se refrendó la Carta Fundamental, cuya fuente principal fueron las conclusiones de la designada Comisión Ortúzar.

En la obra de Rebolledo, Jorgelino Vergara o mejor dicho “El Mocito” (cumplió por años labores domésticas para Manuel Contreras, ex superior de la Dirección de Inteligencia Nacional —DINA— y quien lo destinó al centro de torturas y exterminio Simón Bolívar) da cuenta de un procedimiento aplicado por miembros de la Central Nacional de Informaciones, la oscura CNI, el día del plebiscito. “Estábamos acuartelados (...) Nos ordenaron que debíamos acudir a diversos municipios de Santiago para votar por el Sí a la Constituciónconsigna la investigación. Se estiman en unos tres mil los agentes que cumplieron tal cometido ese 11 de septiembre.

Tales revelaciones no hacen más que profundizar la convicción del origen ilegítimo e ilegal de la Constitución que, en lo fundamental, nos rige hasta hoy. Una donde el mercado y la iniciativa privada individual son su motor principal. En corto: neoliberalismo puro y duro.

De ahí la validez del clamor ciudadano por una Carta Fundamental que nazca de un proceso en el cual participen las mayorías y que represente el sentir de todo el pueblo y no sólo de quienes la diseñaron.  Porque aún cuando se ha modificado en 31 ocasiones desde 1989, mantiene su esencia gracias al alto quórum que se requiere (tres quintos o dos tercios, dependiendo del tema, de los parlamentarios en ejercicio) para lograr cambios trascendentales.  Esto permite a quienes son minoría (y están sobre representados por el sistema binominal) bloquear cualquier cambio de fondo a la institucionalidad heredada de Pinochet.

Tales transformaciones son esenciales al ser este código rector el responsable del andamiaje que avala la falta de representatividad en el Parlamento, que no avance la descentralización y la regionalización, los abusos de la clase política y los grupos económicos, y que no sea posible aprobar leyes anheladas por la ciudadanía pero resistidas por quienes detentan el poder.

Tales transformaciones son esenciales al ser este código rector el responsable del andamiaje que avala la falta de representatividad en el Parlamento, que no avance la descentralización y la regionalización, los abusos de la clase política y los grupos económicos, y que no sea posible aprobar leyes anheladas por la ciudadanía pero resistidas por quienes detentan el poder. Si agregamos la imposición de proyectos insustentables y rechazados por la gran mayoría de la población, la posibilidad de privatizar bienes comunes como el agua, los recursos hidrobiológicos y los minerales, entre otros, y la mercantilización del derecho a la educación, la vivienda, la previsión, la salud, como los más vergonzosos ejemplos, el panorama no es de los mejores.

Desde su origen se han levantado voces reclamando por su raíz antidemocrática y su mirada neoliberal. Han pasado tres décadas desde esos primeros cuestionamientos y, al parecer, ya están dadas las condiciones para hacer realidad la aspiración de una nueva Constitución.

En la actualidad prácticamente no hay foro o movimiento en el cual no se vislumbre como objetivo final, más allá de la demanda sectorial o territorial, una nueva Carta Fundamental.

Para algunos la mejor vía es la de la Asamblea Constituyente, proceso mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas del país designan a un número amplio de delegados con el objetivo exclusivo de elaborar una nueva Constitución. El texto resultante debe ser posteriormente refrendado mediante plebiscito.

Existen otros cuyo principal objetivo es una nueva Constitución, ni reforma, enmienda ni perfeccionamiento. Sin embargo, restringen la discusión al Congreso Nacional (que hasta ahora no ha estado a la altura de este desafío, además de estar empañado por su falta de representatividad) o convocando a una comisión ad hoc. Este procedimiento encierra elitismo y falta de participación, lo que restaría autoridad a cualquier texto que nazca de tal formato. Por ahora, dejaremos de lado la posibilidad de un golpe de Estado para imponer otra Carta Fundamental, algo incongruente con el espíritu fuertemente democrático que impulsa la necesidad de un nuevo pacto institucional.

Como en muchos tópicos (energías renovables no convencionales, recuperación de las aguas), hasta hace algunos años postular la necesidad de una nueva Constitución y, más aún, mencionar Asamblea Constituyente, era visto con desconfianza, si no con un claro desdén por los grupos dominantes. Su desprecio por los pueblos vecinos que han llevado adelante procesos similares, ha generado que califiquen tal objetivo de práctica chavista” o de síntoma de la “bolivianización” de la política chilena. También de populismo todo movimiento que emprenda esta tarea mediante un proceso masivo y ciudadano, con un alto contenido de inclusión y participación.

Pero ha pasado el tiempo y algunos pasaron del ninguneo al temor. Y otros, sencillamente, ven ya con buenos ojos una iniciativa de tal calibre.



El camino iniciado por muchos en los 80 pareciera estar dando frutos. Existe hoy un sinnúmero de propuestas que trabajan en pos de tal objetivo. Un somero recorrido por las redes sociales e internet da cuenta de múltiples diálogos dirigidos en tal sentido, lo mismo que encuentros, asambleas, reuniones y conversatorios sobre el particular.

Grupos de presión (que buscan un beneficio particular) y movimientos sociales (que aspiran a transformar la sociedad) han llegado a la convicción que si quieren lograr sus objetivos deben apuntar más alto.

Ahí está el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, que exige “una Asamblea Constituyente que redacte una Constitución Política verdaderamente democrática en la que se restituya la soberanía nacional a manos de su único titular: el pueblo de Chile” y que en el mes de julio lanzara la campaña Ciudadanos por una Cuarta Urna para una Asamblea Constituyente, que propone que en las elecciones de 2013 además de votar por Presidente, senador y diputado, los electores puedan expresar si quieren o no cambiar la Constitución (Un alcance: otros plantean una tercera urna, que alude al proceso electoral municipal de este año votando por alcalde, concejal más referéndum constitucional). Incluso uno de sus impulsores, el sociólogo Gustavo Ruz, participó en el Primer Congreso InternacionalAsamblea Constituyente, una vía para enfrentar la crisis mundial” realizado del 22 al 24 de junio en Ciudad de México. De éste también fue parte Matías Sagredo, miembro de la Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente.

Algo similar ha iniciado el PRO, ligado a Marco Enríquez-Ominami, que hace pocas semanas partió con una causa asociada: Constitución2014, escribamos entre todos un nuevo Chile. O el documento final del publicitado encuentro entre sociedad civil y partidos políticos que se realizó el 14 de julio en el ex Congreso Nacional, que plantea este mismo objetivo entre sus conclusiones. Lo mismo con la Cumbre Social que se está proyectando para principios de septiembre así como con el trabajo que diversos actores, de los más distintos ámbitos, están llevando adelante con un sentido de convergencia.

El esfuerzo ha llegado a tal que ya existe un borrador para la discusión gracias al esfuerzo del académico Mario Reyes Ortiz que publicó el libroNueva Constitución Política para Chile”.

Sólo en Coyhaique, en agosto de 2011 diversas organizaciones hicimos un sencillo pero simbólico ejercicio: quemamos la Constitución del 80 y apuntamos, en las ramas de los árboles de la plaza, nuestros sueños para una nueva Carta Fundamental. Y así, en cada pueblo y cada ciudad de Chile se inocula hoy el virus de la necesidad de transformar Chile desde sus cimientos. Desde las bases de su institucionalidad.

Cuando se percibe la desazón por las leyes que día a día se aprueban en el Parlamento en contra del sentir mayoritario, en contra del bien común, en contra de la sustentabilidad, la empresa de dotarnos de nuevas reglas del juego, de las esenciales, se convierte en un acto de esperanza. Si este Congreso sigue dando a luz normas inicuas, ¿por qué no vamos por el premio mayor, el que permitirá declarar inconstitucional todo código que privatice las aguas, el mar, la educación, la salud o que ponga el interés privado por sobre el colectivo?

Está en nuestras manos, las de los ciudadanos y ciudadanas, llevar a puerto seguro esta esperanza, esta causa épica que cruza el país. Y en ello la unidad es esencial. La unidad que permitirá trazar la ruta que tanto los chilenos y chilenas del presente como los del mañana caminaremos en pos de la dignidad, la justicia y la equidad.

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