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Un sistema caro y que no sirve

por 11 agosto, 2012

Los aranceles deben y pueden ser reducidos sin afectar la calidad, pero esto requiere un cambio de modelo que revierta la voucherización y que financie la oferta. El gobierno parece olvidar que las universidades aportan al país mucho más que docencia.
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El sistema de educación superior chileno NO sirve. Así lo reconoce el rechazado informe de la comisión investigadora sobre lucro y además, “sigue siendo caro” según nos acaba de informar el ministro Beyer. Con razón los estudiantes reclaman.

Con bombos y platillos el Ministro Beyer anunció la publicación de información financiera de las Instituciones de Educación Superior (IES) como si constituyera un logro final. La “mano dura” del MINEDUC pareciera estar presente para sancionar a las instituciones que no entregan la información, pero se esconde frente a denuncias de lucro. No tienen instrumentos, dicen, pero lo que falta es voluntad para construirlos.

¿Hay novedad en la información que entregó el ministro esta semana? ¿Sorprende que el sistema “sigue siendo caro”? No, no hay ninguna novedad, sino la constatación que el gobierno, aferrado al modelo, desatiende el verdadero problema y sigue sin sintonizar con el enorme movimiento social desatado. El sistema no sólo “sigue siendo caro”, sino que sigue siendo el mismo, ese es el problema.

Los aranceles deben y pueden ser reducidos sin afectar la calidad, pero esto requiere un cambio de modelo que revierta la voucherización y que financie la oferta. El gobierno parece olvidar que las universidades aportan al país mucho más que docencia.

Entre 2009 y 2011 los ingresos de las instituciones habrían crecido en cerca de 0,4 billones, es decir de MM$2.433.193 a MM$2.849.076 según la información —sin detalles y agregada por universidad— entregada por el MINEDUC. Casi la totalidad de esta expansión es explicada por las instituciones ajenas al CRUCh, pues sigue la tendencia de contracción de las instituciones “públicas”. En las universidades el ingreso promedio por alumno se mantuvo igual entre 2009 y 2011, pero mientras en el CRUCh esta cifra alcanza los $4,5 millones, en las privadas solo llega a $2,8. Es en esta diferencia numérica donde radica la calidad profunda y la esencia del concepto de verdadera universidad: porque si en las primeras (CRUCh) se genera conocimiento, se transmite, y se aporta al desarrollo del país, las segundas (privadas) parecen estar más dedicadas a vender un servicio con lógica de negocio. Que se invierta mas por estudiante no solo es positivo sino que deseable, el problema es de dónde provienen estos recursos. Y en Chile, lamentablemente, la carga se la llevan las familias bajo el eufemismo de “financiamiento privado”. Efectivamente, el Ministro Beyer reconoce que los ingresos corresponden a dos tercios de las familias y un tercio a aportes del Estado, coincidiendo con la advertencia planteada el 2011 en un estudio realizado por CENDA para la Confech.

Si bien coincidimos con el ministro Beyer en identificar el problema —“nuestro sistema de educación superior sigue siendo caro”—, no lo hacemos en las soluciones que ha propuesto: profundizar el esquema de financiamiento a la demanda, el endeudamiento y la precarización de instituciones públicas y acortar las carreras para abaratar los costos son caminos errados.

Esta última es una solución que puede funcionar para mantener el precio y no afectar la demanda de algún producto, como achicar el Super 8 por ejemplo, pero no es aplicable a la educación. Se trata de una desafortunada idea de potenciales nefastas consecuencias como lo muestra un reciente informe del CRUCh, que no ha sido bien recibido por el ministerio.

Acortar las carreras sin mejorar los resultados de aprendizaje de la enseñanza media sería perjudicial para miles de estudiantes cuyo perfil de ingreso a las universidades es deficitario y requieren apoyo académico, tal como se otorga en el CRUCh.

Acortar las carreras sin asegurar continuidad hacia el postgrado, fortaleciendo estos programas, ampliando matrículas y otorgando el financiamiento necesario, sería perjudicial para la sociedad y para miles de estudiantes que verían desvalorizados sus títulos de pregrado.

En suma, acortar las carreras sin una revisión articulada del sistema que se plasme en una política de estado seria solo produciría un empeoramiento de calidad de los profesionales chilenos, daño adicional al endeudamiento. Los aranceles deben y pueden ser reducidos sin afectar la calidad, pero esto requiere un cambio de modelo que revierta la voucherización y que financie la oferta.

El gobierno parece olvidar que las universidades aportan al país mucho más que docencia.

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