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Participación ciudadana a nivel comunal: asignatura pendiente

por 10 noviembre, 2012

Para fortalecer la democracia necesitamos una ciudadanía activa que hoy supera a los habitantes de las ciudades o comunas, y en términos amplios se la concibe con el poder de influir, decidir sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen frente al Estado, en su calidad de miembros de la comunidad nacional.
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Tras los resultados de la reciente elección de nuevas autoridades comunales se resitúa en el debate público el tema de la Participación Ciudadana como una nueva forma de impulsar la gestión local.

En relación a este tema en términos normativos se puede decir que hemos avanzado desde febrero de 2011 Chile cuenta con una Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública (20.500) que incluye el ámbito municipal. Desde Ciudad Viva se desarrolló el primer  Monitoreo a la Implementación de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública a nivel Municipal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile 2012.

En general, los resultados del monitoreo muestran que la mayoría de las municipalidades del país no ha avanzado mucho en la implementación de la normativa, de esta forma, no cumplen con los mínimos legales establecidos. Por lo tanto, las nuevas autoridades cuentan con amplios espacios para crecer en la materia y  hacer efectivo el incluir la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones sobre la gestión local.

Para fortalecer la democracia necesitamos una ciudadanía activa que hoy supera a los habitantes de las ciudades o comunas, y en términos amplios se la concibe con el poder de influir, decidir sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen frente al Estado, en su calidad de miembros de la comunidad nacional.

Un ejemplo de ello tiene relación con los mecanismos de participación ciudadanas incluidos en las Ordenanzas de Participación Ciudadana, instrumento legal que deberían contar todos los municipios del país a partir del año 1999, y que debían ser actualizadas con la vigencia de la ley de participación durante el año 2011.

El monitoreo muestra, en base a 115 municipios que contestaron el estudio, que los mecanismos más utilizados corresponden a aquellos que la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a tener, estos son Audiencias Públicas (88,7%), Plebiscitos (87,8%) y Consultas Ciudadanas (52,2%).  Llama la atención que aún siendo requisito legal considerarlos, se aprecie que no todos los municipios los incluyen en sus respectivas Ordenanzas.

Por otro lado, aquellos mecanismos que son reflejo exclusivamente de una voluntad política de la autoridad comunal se encuentran mucho menos presentes, como Defensorías Comunales (0,9%), Mesas Territoriales (8,7%) y Cabildos Vecinales (16,5%).  Por su parte, los Presupuestos Participativos, señalados explicitamente en la Ley 20.500 como suceptibles de incluirse, sólo emergen en  17,4%.

Cabe señalar que el estudio consideró la inclusión de los mecanismos dentro del ordenamiento jurídico de las municipalidades, no así el que efectivamente se hayan llevado a cabo. Por lo tanto, se avanzó en analizar qué municipalidades establecen la posibilidad de efectuar esos mecanismos y no necesariamente que los estén usando. Estudios anteriores permiten ratificar que el uso de estos mecanismos es inferior a la facultad de implementarlos y prueba de ello es que sólo se han realizado cuatro plebiscitos comunales en Chile aunque el 87,5% de las ordenanzas en estudio lo expongan como mecanismo.

De esta forma, se constata que a pesar de tener hoy un nuevo marco normativo que consagra la participación ciudadana en la gestión pública local poco se ha avanzado y continua siendo una “asignatura pendiente”. Por ello hoy hay una alta expectativa que las nuevas autoridades comunales que realizaron programas en forma participativa y que incluyen la participación en su discurso avancen en forma sustantiva en esta tarea donde hay mucho por hacer.

Para fortalecer la democracia necesitamos una ciudadanía activa que hoy supera a los habitantes de las ciudades o comunas, y en términos amplios se la concibe con el poder de influir, decidir sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen frente al Estado, en su calidad de miembros de la comunidad nacional. La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder. Para ello es necesario que las nuevas autoridades muestren una fuerte voluntad política que pase del discurso, la normativa al actuar en experiencias concretas y reales.

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