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¿Tenemos soporte moral para terminar con el financiamiento compartido en educación?

por 11 noviembre, 2012

El sistema de colegios particulares pagados es la mayor exclusión y segmentación de facto en la educación chilena. A él solo asiste el 7 % de las familias y es necesario estar en el 10 % más rico del país para siquiera poder aspirar a entrar a esos colegios.
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El financiamiento compartido es una medida implantada a inicios de los años 90 mediante la cual colegios subvencionados pueden exigir (bajo condiciones y límites) una contribución financiera a los padres. Se exceptúa del mismo, hasta el día de hoy, a la enseñanza básica municipal. Significó algo inédito en la historia del Chile moderno y casi único en el mundo y es que algunos colegios gratuitos, con financiamiento estatal, pasaron a ser copagados por los padres. No está demás recordar que esta medida se impuso en el periodo concertacionista, siendo Jorge Arrate ministro de educación.

Con dicha política se produjeron al menos tres hechos evidentes. El primero es que hubo en términos globales más recursos para educación, lo segundo es que estos recursos suplementarios se repartieron  desigualitariamente (claro, los que tienen más aportan más, pero para sus hijos) y lo tercero es que esta medida segmenta aun más un sistema ya muy segmentado, pues gran parte de los colegios (al entrar a este sistema) pasaron a tener precio y, por lo tanto, barreras de exclusión económica.

Desde sus inicios y con mucha fuerza a partir de la década del 2000, numerosos investigadores y políticos, todos del centro y de la izquierda política, han abogado por el término de tal medida, argumentando sus efectos desigualitarios y mercantilizadores de la educación escolar. Hasta aquí se trata de una crítica impecable y difícil de rebatir para cualquier individuo con conciencia democrática y con un mínimo de espíritu de educación igualitaria.

El sistema de colegios particulares pagados es la mayor exclusión y segmentación de facto en la educación chilena. A él solo asiste el 7 % de las familias y es necesario estar en el 10 % más rico del país para siquiera poder aspirar a entrar a esos colegios.

Sin embargo hay un pero que no es menor. Muchos de quienes critican el financiamiento compartido tienen a sus hijos en colegios particulares pagados y algunos pocos en particulares subvencionados. Si se les pregunta la razón de tal decisión probablemente dirán algo bien obvio: es necesario pagar por tener una buena educación. En realidad, esta obviedad es una verdad a medias ya hay colegios muy caros y de bajo nivel académico y hay otros gratuitos, de excelencia. La razón (parcial o total) no reconocida o tal vez no consciente para esta opción, tiene que ver con identidad de clase social: estar con los que creo mis pares o con quienes quiero que lo sean, es decir, exclusividad y exclusión.

De hecho el sistema de colegios particulares pagados es la mayor exclusión y segmentación de facto en la educación chilena. A él solo asiste el 7 % de las familias y es necesario estar en el 10 % más rico del país para siquiera poder aspirar a entrar a esos colegios. Entre quienes alimentan, reproducen y se benefician de tal sistema están los que consideran indeseable que otros busquen, a su medida y de acuerdo a sus ingresos, lo mismo para sus hijos. Espectacular paradoja en un ideario democrático: lo bueno para ellos no es bueno para los demás.  La disyuntiva es simple entonces: si pagar por educación escolar es malo para una sociedad democrática, lo es para todos, es decir, o terminamos con todo sistema de pago escolar o continuamos con el financiamiento compartido. Las medidas de políticas deben tener sustento moral sino, simplemente, son inmorales y la inmoralidad como trasfondo de políticas públicas es bastante más perversa que el financiamiento compartido.

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