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Cuánto importan los compromisos de derechos humanos

por 12 noviembre, 2012

Desde etapas tempranas en que se discuten y redactan las leyes penales, existe una asombrosa carencia de consideraciones de derechos humanos: no se contemplan los posibles abusos de la normativa penal en los casos de detención por flagrancia por parte de la policía, por ejemplo, durante protestas; ni se considera el aumento de la población penal y, por tanto, del hacinamiento penitenciario por leyes que aumentan de manera indiscriminada las penas por delitos contra la propiedad.
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Con frecuencia, escuchamos que la política exterior chilena tiene un profundo compromiso con los derechos humanos. Nos dicen que Chile se ha transformado en una suerte de líder internacional en la materia, ante el descrédito de las potencias y de otras naciones emergentes. Chile ha firmado gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto generales como especiales, que lo convierten en una suerte de Estado modelo.

A ningún Estado le gusta mostrarse ante la comunidad internacional como un violador de derechos humanos. Por ello, la información alternativa que entreguen centros académicos y organizaciones no gubernamentales se torna vital. En el décimo Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012 de la UDP, hemos seguido mostrando las inconsistencias de nuestros compromisos estatales ante la comunidad internacional con la realidad que nos afecta a diario.

Desde etapas tempranas en que se discuten y redactan las leyes penales, existe una asombrosa carencia de consideraciones de derechos humanos: no se contemplan los posibles abusos de la normativa penal en los casos de detención por flagrancia por parte de la policía, por ejemplo, durante protestas; ni se considera el aumento de la población penal y, por tanto, del hacinamiento penitenciario por leyes que aumentan de manera indiscriminada las penas por delitos contra la propiedad.

Algunas de las situaciones más complejas se relacionan con los criterios, límites y formas en que utilizamos la fuerza coactiva del Estado en contra de los miembros de nuestra comunidad. Desde etapas tempranas en que se discuten y redactan las leyes penales, existe una asombrosa carencia de consideraciones de derechos humanos: no se contemplan los posibles abusos de la normativa penal en los casos de detención por flagrancia por parte de la policía, por ejemplo, durante protestas; ni se considera el aumento de la población penal y, por tanto, del hacinamiento penitenciario por leyes que aumentan de manera indiscriminada las penas por delitos contra la propiedad. Del mismo modo, se incurre en diversas inconsistencias al regular hipótesis de afectación de derechos fundamentales a nivel reglamentario y no legislativo —como exige el derecho internacional— tal como ocurre con el Decreto Supremo n°1086 sobre el derecho de reunión.

Tampoco se han realizado mayores esfuerzos por capacitar a los funcionarios encargados del orden y la seguridad en relación a los derechos humanos, destacando la falta de recursos y la baja calidad del contenido educativo que se le entrega a nuestras fuerzas policiales.

Todo ello redunda en diversas consecuencias; cárceles sobrepobladas y con deficientes condiciones que menoscaban la dignidad de las personas privadas de libertad: la tasa de reclusión chilena es la segunda más alta de la región; miles de jóvenes detenidos ilegalmente durante protestas sociales, cuestión corroborada por las estadísticas judiciales; y unidades de detención en abierta violación de los estándares contenidos en nuestro propio Código Procesal Penal.

Si a todo ello sumamos las infracciones al debido proceso por no contar con un sistema imparcial y eficiente para sancionar penalmente a los funcionarios policiales que han incurrido en abusos, nos encontramos con que la imagen de Chile en el exterior como un país modelo en derechos humanos debe ser tomada con cautela.

La promoción de los derechos humanos aspira a que las autoridades se hagan las falencias, pero también a ser una herramienta en manos de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas por nuestros compromisos con ellos. Esa, en efecto, puede ser la razón para entender por qué el ciudadano Hinzpeter fue destituido del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

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