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Descentralización y nueva constitución

por 13 noviembre, 2012

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Al bloquear la ley de elección directa de consejeros regionales, usando su importante minoría en el Congreso con la disciplina de un regimiento, la UDI ha vuelto a demostrar su desprecio por la democracia. Vuelve a postergar la legítima demanda regional por obtener un mínimo de autonomía y además traiciona al presidente de su alianza en uno de los momentos más delicados de su mandato. Lo más grave es que esta jugada no responde a una evaluación de la calidad de la ley, sino al mezquino cálculo político de evitar estas elecciones durante una coyuntura desfavorable a sus filas, después de las municipales y temiendo una eventual participación de Bachelet durante la próxima campaña. Este tipo de acciones, que privilegian estrechos intereses por sobre una reforma casi unánimemente considerada como necesaria para el desarrollo territorial de Chile, no hacen más que fortalecer la convicción de que se requiere un proceso constituyente para avanzar en un amplio conjunto de temas injustamente bloqueados. Lo positivo de este episodio es que demuestra que las demandas por una nueva constitución no deben imaginarse como una línea divisoria entre centro-izquierda e izquierda radical, sino que son un horizonte cada vez más transversal y movilizador de una amplia mayoría de chilenos.

Las legítimas exigencias de autonomía regional son un buen ejemplo de lo anterior. Para entender su alcance debemos aclarar que en Chile no hay descentralización efectiva. Alcaldes aparte, el actual sistema de administración poco ha evolucionado desde la dictadura: sigue siendo un esquema autoritario y vertical de control del territorio. Pinochet lo dejó muy claro: “los intendentes no son representantes de la población ante el presidente sino todo lo contrario”. Ese principio sigue vigente, como hemos visto en hechos recientes de violencia autoritaria, en Magallanes, Aysén y Santiago. En el resto del mundo, este tipo de sistema corresponde a uno “desconcentrado”, con autoridades locales totalmente dependientes de los niveles superiores.

La descentralización propiamente tal es una condición necesaria para fomentar y dar coherencia a la planificación urbana. Considerando como caso particular a la Región Metropolitana, que, por su peso demográfico y económico requiere una autonomía mayor que la actual pero relativamente menor al resto de las regiones, se necesita consolidar tres pilares. Primero, la existencia de una autoridad local efectiva, lo que correspondería por ejemplo a la facultad del intendente o del gobierno regional para nombrar a los secretarios ministeriales en sus territorios (Seremis). Segundo, transferencia de los recursos necesarios para cumplir sus funciones, lo que puede incluir una cierta autonomía en la determinación de impuestos locales; si esto no se cumple tenemos los resultados catastróficos que hemos visto con la municipalización de educación y salud. Tercero, legitimidad democrática para que estos poderes sean puestos al servicio de la población gobernada y para permitir el desarrollo de una estrategia a largo plazo; esto implica la elección directa de todas las autoridades regionales, sobre todo los Intendentes. Y recordemos que modificar cada uno de estos tres principios exige una reforma a la constitución política de Chile.

Volvamos a la UDI, que persiguiendo mezquinos intereses acaba de bloquear una reforma marginal al esquema actual, que mantenía a los intendentes designados y que ni siquiera implicaba una atribución de poderes sobre los seremis o la asignación de recursos adicionales a los gobiernos regionales. ¿Entonces, qué podemos esperar para el resto de las condiciones necesarias para desarrollar democráticamente las regiones? Estas son demandadas por representantes de todo el espectro político y siguen sin respuesta. Ya hemos acumulado un retraso inaceptable respecto de necesidades locales muy diversas y no podemos seguir esperando parches que no dan solución a los problemas de fondo.

Por todo esto, al votar en las próximas elecciones parlamentarias recordemos esta traición a nuestras regiones y no apoyemos a un candidato UDI. Este acto egoísta debe ser castigado, cambiando la composición del Parlamento para anular a esta fuerte minoría que bloquea sistemáticamente los avances en justicia social y espacial. Así daríamos un importante paso para sacudirnos la camisa de fuerza de una constitución impuesta en dictadura, que acumula deudas pendientes en representatividad política, reforma tributaria, rol económico del Estado, educación, salud, trabajo, medio ambiente y descentralización.

Y por sobre todo, dejemos de pensar en una nueva constitución como una utopía extremista. Sumar fuerzas en torno a un proceso constituyente es un proyecto democrático y transversal, absolutamente necesario para el desarrollo inclusivo y sostenible de Chile.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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