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Marihuana: ¿legalizar o prohibir? "That is the question"

por 20 noviembre, 2012

El modelo que el Poder Ejecutivo de Uruguay presentará al Parlamento es una apuesta sumamente interesante en el tratamiento del problema del tráfico (y consumo) de drogas, porque las adicciones no se curan con prohibiciones y los tráficos lucrativos no disminuyen ni desaparecen por la intervención del derecho penal, al menos en lo que tiene que ver con el efecto motivador de la norma penal y con los fines preventivos de la pena.
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En el mundo existen pocos modelos para la lucha contra el tráfico de drogas: el prohibicionista o el de la legalización. Este último se basa en despenalizar el consumo pero controlarlo por medio de contravenciones o medidas (i.e., Portugal) o reglamentar la producción, distribución y consumo del producto (i.e., Holanda). En estos casos los consumidores no son tratados como criminales sino como drogodependientes (drogadictos), lo que puede significar una mejora de su calidad de vida porque reciben atención de la salud pública en relación con su adicción sin la amenaza de la cárcel y puede llegar a tener incidencia en la disminución del tráfico y la venta ilegal de drogas. De alguna forma, el consumidor toma conciencia de que consumir ya no está prohibido, porque se trata del mero ejercicio de su libertad y que, en el peor de los escenarios, su conflicto no es con el sistema (violar la ley o romper con la norma prohibitiva) sino consigo mismo (continuar o romper con su adicción).

El Estado deja de ser paternalista y ofrece un trato adulto a sus ciudadanos garantizando espacios de libertad y fomentando la autorresponsabilidad. El modelo de los tratados internacionales, sin embargo, es prohibicionista y no solo exige perseguir a quienes trafiquen sino también a quienes consuman las sustancias psicotrópicas contenidas en diversas listas, entre las que se encuentra el cannabis.

Este modelo (que antes se usaba para el consumo de alcohol) viene fracasando desde la época de la “ley seca” porque criminaliza al consumidor y no disminuye el narcotráfico —incluso lo potencia— porque en la prohibición reside el valor del mercado ilegal de las drogas (muchas veces, un mercado ilegal controlado o con participación importante de las autoridades encargadas del control y de la prevención y reprensión del tráfico en grupos organizados para delinquir). El modelo de la DEA (EE.UU., México, Colombia, etc.) lleva la prohibición al extremo de la lucha, el combate o la guerra (contra las drogas, sin diferenciar consumidores de traficantes, ni civiles de “combatientes”), modelo que solo produce y reproduce la violencia contra la población en general y beneficia al tráfico internacional que aumenta considerablemente las ganancias de quienes participan en el mismo. Este modelo causó 88 mil 361 homicidios dolosos durante el mandato del ex presidente mexicano Felipe Calderón. Esa cifra no incluye las denominadas "victimas invisibles" que multiplicarían la cantidad de victimas de la guerra contra las drogas.

El modelo que el Poder Ejecutivo de Uruguay presentará al Parlamento es una apuesta sumamente interesante en el tratamiento del problema del tráfico (y consumo) de drogas, porque las adicciones no se curan con prohibiciones y los tráficos lucrativos no disminuyen ni desaparecen por la intervención del derecho penal, al menos en lo que tiene que ver con el efecto motivador de la norma penal y con los fines preventivos de la pena.

Desde un punto de vista sociológico, político criminal o, incluso, filosófico, estos modelos prohibicionistas y de combate serían eficaces si primero se lograra combatir la corrupción en el sector público, de modo que la Policía, las Fuerzas Armadas, los aduaneros, todos los funcionarios públicos encargados de temas de vigilancia y control, y todos los funcionarios de los tres poderes del Estado pasaran un test de virtud moral y se sometieran a las máximas aristotélicas obrando para el bien comunitario y no exclusivamente personal.

Como estas máximas no se han podido alcanzar, intervenir en los conflictos sociales más graves únicamente por medio del derecho penal y del castigo es algo así como experimentar con el ficticio estado de naturaleza de Rousseau, asumiendo que el hombre es naturalmente bueno pero que la vida social se rige más por los vicios que por las virtudes y que la única solución es castigar el vicio y prescindir de cualquier apuesta a la virtud. Los modelos prohibicionistas solo son funcionales a los que participan de las ganancias lucrativas del negocio y a los que tienen la obligación de controlarlo. Ellos perjudican a la población consumidora, aislada y perseguida, alejada del sistema de salud pública.

El derecho penal es la forma más barata y menos eficaz de resolver los conflictos esenciales que aquejan a una sociedad local y a la aldea global. Los intereses globales y locales en juego en los tráficos (y en el control de los mismos) son poco conocidos por la criminología tradicional (la que alimenta a la política criminal) y desconocidos por el legislador local y mundial. Apenas la criminología crítica con autores como Sebastian Scherer se ha preocupado por los motivos e intereses en juego al momento de castigar este tipo de actividades delictivas.

Abriendo el espectro de análisis más allá de la arista penal, no se puede desconocer que las sustancias consumidas en una sociedad indican valores, hábitos, intereses, relaciones de poder, que hacen a la esencia de esa sociedad. Por eso, este “problema” del consumo (para que exista tráfico tiene que haber consumidores) tiene que ser resuelto localmente y no impuesto por las agendas internacionales, que tienen sus propios intereses creados. ¿Será que la regulación del mercado de la droga debe ceñirse a las reglas del mercado bursátil global, eje central de las crisis económicas contemporáneas? Todo esto debería ser investigado, porque inclinarse únicamente por el castigo como reacción a los mayores conflictos sociales (delitos y contrariedades a la norma) es, en muchas ocasiones, la medida más fácil y un indicador de una sociedad (local y mundial) débil y poco desarrollada. Una solución basada en el castigo se desinteresa del daño social y humano causado por las conductas que se quiere controlar, cuando en temas relacionados con vicios, valores, intereses e interacciones sociales la respuesta estatal debería de ser mucho más comprensiva.

El Estado no puede “domesticar” ni desentenderse de los consumidores (mucho menos enviándolos a la cárcel) sino “entenderlos” y prestarles asistencia. La finalidad preventiva e inocuizadora del castigo solo se condice en un Estado de Derecho para reaccionar contra el traficante (y el mal funcionario encargado de la prevención).

El modelo que el Poder Ejecutivo de Uruguay presentará al Parlamento es una apuesta sumamente interesante en el tratamiento del problema del tráfico (y consumo) de drogas, porque las adicciones no se curan con prohibiciones y los tráficos lucrativos no disminuyen ni desaparecen por la intervención del derecho penal, al menos en lo que tiene que ver con el efecto motivador de la norma penal y con los fines preventivos de la pena. La apuesta de un modelo en el que un Estado reglamenta la producción y venta del cannabis abre un nuevo modelo para disminuir los beneficios del tráfico, porque permite controlar de forma transparente (y no con “secreto de sumario”) la cantidad de droga que se vende y se consume. Además puede también supervisar la condición psicológica y física de los consumidores (como condición periódica para vender el producto) y al igual que sucede con el alcohol y el tabaco, recaudará impuestos por todo el proceso de producción y venta que puede ser destinado a centros de tratamientos de los adictos y/o a obras sociales. En realidad, es una apuesta arriesgada que va más allá de legalizar el autocultivo para consumo propio.

El mensaje a la población sería: legalizar no significa hacer apología del consumo sino apostar al ejercicio responsable de la libertad. Este modelo no pretende disminuir la cantidad de adictos al cannabis, porque ello no lo ha conseguido ninguno de los modelos actuales de combate contra las drogas (además de ir contra la libertad del consumidor en un sistema que no prohíbe el consumo), sino disminuir los beneficios lucrativos del tráfico ilegal de cannabis. Según informó el gobierno uruguayo, la legalización de la marihuana pretende que el consumidor de esta sustancia tenga siempre stock disponible y de buena calidad para no tener que consumir en casos de necesidad o abstinencia las otras drogas presentes en el mercado ilegal (y como ya no estará en la cárcel, no tendrá que pagar a las mafias que allí operan para conseguir la droga). Pero el objetivo de este modelo es mucho más amplio, y ello debe de ser rápidamente comunicado y explicado. Como era de esperar, la opinión pública (salvo excepciones) reaccionó como era de esperar despertando algunos monstruos que anidan en las redes de la doble moral, que son más peligrosos que cualquier consumidor de cannabis y que el cannabis mismo. El Estado no venderá droga a los menores de edad, el mercado negro sí. La legalización no producirá más adultos y jóvenes deprimidos, sin miras de una vida productiva o carente de sueños, ni aumentará la cifra de suicidios que sitúan al Uruguay al tope de la tabla en América Latina. Se ha dicho, siguiendo a la “ciencia norteamericana” que “alumno que no rinde es fumador de marihuana”.

Sin embargo, la no motivación del estudiante obedece a la calidad de la educación secundaria y universitaria en Uruguay, debido a los salarios miserables que se pagan que no motivan a quien mayor potencial tiene y no permiten la investigación o una buena formación docente y estudiantil. Por otra parte, las redes de la lucha contra la droga solo atrapan a los consumidores, enviándolos a la cárcel para que además de adictos se vuelvan criminales, pero es permeable con los traficantes y vendedores, que escapan con facilidad al —y del— sistema penal. El humo que produjo el anuncio de esta medida impide ver que detrás del proyecto de legalización de la marihuana anunciado por el gobierno hay una serie de medidas para luchar contra la criminalidad que por primera vez ponen el acento en la recomposición de las relaciones sociales (mediación, reparación de las víctimas) totalmente resquebrajadas en el mundo actual. La apuesta debería ser redoblada y presentar un modelo de justicia restaurativo.

Ahora bien, mediante este proyecto Uruguay no solo intervendría responsablemente a nivel local sino que podría marcar el camino a seguir a nivel internacional, pero eso tiene que ser analizado mediante un seguimiento criminológico, sociológico y antropológico (incluso desde las ciencias económicas). Si esta medida no sigue adelante, entonces, la prudencia y una política criminal racional indican que un sistema que no castiga el consumo tiene que permitir el “autocultivo” para no seguir “haciendo el juego” al mercado negro y despreocupándose de la salud de los consumidores. Desde un punto de vista político Uruguay puede convertirse en el buque insignia de una nueva era en el combate contra los grandes delincuentes internacionales que son los señores de la droga. Eso sí, debería contar también con los fondos necesarios para atender a aquellos que en algún momento se quieran desintoxicar y para recibir en el sistema de salud pública a nuevos pacientes que acudan al mismo sin tener miedo a ir presos.

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