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Ñuñoa: la soberanía popular en juego

por 23 noviembre, 2012

La verdad es que daría una gran muestra de respeto para sus ciudadanos (el respeto que cualquier elegido debe a sus electores) si quien “tal vez” ganó estas elecciones renunciara al cargo, sin mostrarse “pegado a la silla”, y volviera a pedir el poder a quien es su verdadero dueño: el pueblo.
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Las polémicas acerca del reconteo de los votos en Nuñoa, mantienen vigentes también el discurso general sobre las recientes elecciones municipales. El sillón de alcalde en esa comuna santiaguina parece ser ahora una pelea de partidos a puro golpe de papel sellado sin ninguna concesión al fair play. Yo creo que la pregunta que hoy deberíamos hacernos es sencillamente ¿quién es soberano? Y al acto práctico: ¿Quién cuenta?

La Constitución chilena dice que la soberanía reside en la Nación. Se trata de una formula vacía de contenido, hoy en día, que se impuso con ocasión de la Revolución Francesa cuando los insurgentes decidieron quitar a su rey el privilegio de ser personificación del Estado en su conjunto. Las constituciones democráticas de nuestro tiempo, afirman derechamente que la soberanía corresponde al pueblo y ésta se desarrolla en el marco de la misma Constitución. Ésta de verdad es una afirmación significativa, y lo es aún más si se consigue que los ciudadanos la impongan como realidad a las instituciones que se dan.

La verdad es que daría una gran muestra de respeto para sus ciudadanos (el respeto que cualquier elegido debe a sus electores) si quien “tal vez” ganó estas elecciones renunciara al cargo, sin mostrarse “pegado a la silla”, y volviera a pedir el poder a quien es su verdadero dueño: el pueblo.

Así debería ser también en Chile. Con esto, ya resultaría incuestionable la reforma que, por fin, reconoció la inscripción automática y el voto voluntario. El poder popular no puede de por sí estar limitado, siendo bajo este principio ilegitima, incluso, la pérdida del derecho de voto por parte de los detenidos en las cárceles. Un sistema como el anterior, que exigía la inscripción de los ciudadanos en listas de electores se justifica históricamente sólo porque, cuando empezó a utilizarse, resultaba difícil obtener informaciones anagráficas fiables, lo que no se da claramente en Chile en el siglo XXI.

El hecho de que, quien propuso la reforma pensara que esto le habría resultado útil para su facción en las siguientes votaciones, no debe de poner en cuestión que esto había que hacerlo mucho tiempo. El derecho de voto es un derecho y el Estado no tiene por qué imponerlo al pueblo, siendo él una institución derivada y funcional al bienestar del pueblo mismo. Se puede ver el voto, esto sí, como una especie de deber que propicia la buena convivencia y el desarrollo social, pero no como algo realmente exigible.

Es más, no votar es también una forma de expresar opinión. Así, los partidos políticos, estas cadenas que unen las instituciones a la sociedad civil, no deberían haber descubierto hoy el ejercicio del “no voto”, porque estaba ya presente antes, bajo el aspecto de las personas que no estaban inscritas en las listas. El rey estaba desnudo desde antes (el sistema político no legitimado por la parte más consistente de la sociedad civil) y el escándalo se desata ahora sólo porque la lejanía de la “casta” de los profesionales de la política de la parte activa de Chile está clavada en el porcentaje de abstención, aunque antes se pudiera medir igualmente contando a los que no se inscribían.

Como en cada pareja de enamorados, las responsabilidades de las crisis están en las dos partes. Echarles siempre la culpa a “todos los políticos” es demasiado sencillo y la sociedad civil también debería mirar más sus responsabilidades al respecto. Sin embargo, quien ejerce activamente la política tiene la agravante de formar parte de un grupo más organizado que tiene posibilidades para cambiar las cosas de forma más rápida y profunda.

Un primer paso se podría dar exactamente reconociendo la soberanía popular en Nuñoa, dejando que el pueblo vuelva a expresar su opinión frente a las legítimas dudas respecto al resultado. Pero cuidado, esto paso no debería exigirlo a un tribunal quien parece haber perdido, aunque la ley faculte a hacerlo. Tampoco debería declararlo aquel tribunal, aunque le toque decir algo si es que una de las partes interpone una demanda. La verdad es que daría una gran muestra de respeto para sus ciudadanos (el respeto que cualquier elegido debe a sus electores) si quien “tal vez” ganó estas elecciones renunciara al cargo, sin mostrarse “pegado a la silla”, y volviera a pedir el poder a quien es su verdadero dueño: el pueblo.

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