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Políticos, lucro, universidades y corrupción

por 3 diciembre, 2012

Políticos, lucro, universidades y corrupción
La permisiva actitud de nuestra clase política creó las condiciones para la emergencia en el sistema universitario de un nicho enclenque, abusivo, vicioso, y que vende la ilusión de que cualquier institución pueda enseñar y cualquier persona puede asistir a la universidad, todo dinero mediante.
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Respecto del escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la acreditación mal habida de un par de universidades (hasta ahora), y la detención de los presuntos defraudadores es esencial preguntar por la fuente del problema. Mientras muchas autoridades, políticos y analistas están aislando el problema en los defectos del sistema de acreditación (con justa razón, por cierto), creo que aislar el problema sólo en torno a la CNA es la salida fácil. La tesis que se debiera imponer es más de fondo: la institucionalización del lucro ilegal, amparada por una clase política permisiva, crearon las condiciones para la emergencia de la corrupción en la CNA. Dos actores conocidos: la clase política (Alianza, Concertación y más allá) y el lucro de las universidades.

Hoy empiezan a emerger los responsables materiales detrás de los supuestos delitos. Sin embargo, no se debe olvidar que la responsabilidad principal recae sobre una clase política que durante décadas miró para el lado respecto al lucro ilegal, creando las condiciones para las distorsiones conocidas. He aquí los principales responsables. Como dice el viejo adagio, no sólo es culpable el chancho, sino quien le da el afrecho.

La polémica de la CNA es sólo una expresión de un sistema que, debido a los incentivos y al relajo legal, tiende a la corrupción. Acá hay una responsabilidad moral gigantesca y una tarea reparatoria mayor por la cual la clase política tiene que dar la cara.

Es cierto, no había capacidad para supervisar el explosivo crecimiento del sector. Sin embargo, si observamos las señales políticas de los últimos años, no cabe la menor duda que hubo graves omisiones. Autoridades de gobierno hablando de “transparentar” el lucro mediante un arreglo legal que diera espacio al festín comercial. Otros derechamente defendiendo —con una escalofriante soltura, como Lavín— que su interpretación de la ley no era lucro. Los más elegantes quitaron el énfasis legal a la discusión, tratando de camuflar el tema en un debate paradigmático. El ministerio de Educación mudo frente a las denuncias efectuadas. Y la guinda de la torta, el rechazo del informe del lucro en las universidades privadas que hace poco tiempo aconteció en el Parlamento. Todas iniciativas que parecían ignorar el marco legal vigente. Y mientras tanto, los abusos continuaron a vista y paciencia de todos.

La permisiva actitud de nuestra clase política creó las condiciones para la emergencia en el sistema universitario de un nicho enclenque, abusivo, vicioso, y que vende la ilusión de que cualquier institución pueda enseñar y cualquier persona puede asistir a la universidad, todo dinero mediante. El dinamizador de este nicho fue el lucro ilegal, el cual aumentó las probabilidades de distorsiones en el sistema. A mi juicio, la polémica de la CNA es sólo una expresión de un sistema que, debido a los incentivos y al relajo legal, tiende a la corrupción. Acá hay una responsabilidad moral gigantesca y una tarea reparatoria mayor por la cual la clase política tiene que dar la cara.

En los tiempos del accountability en educación, les llegó el turno a nuestros políticos a rendir cuentas. En mi opinión, lo mínimo que deben hacer es el fomento y la facilitación del cumplimiento de la ley (sin esta garantía, nada en educación funcionará jamás). En este caso particular se debe investigar, perseguir y extinguir el lucro de las universidades de nuestro país pues es simplemente ilegal. Éste es el piso mínimo. Con este objetivo cumplido, una renovada y más exigente comisión de acreditación (¡por cierto vital!) podrá funcionar sin distracciones (e.g. coimas) y enfocada en lo que siempre debió ser: velar por la calidad de la educación. Mientras dentro de las reglas del juego continúe la manga ancha para triangular dineros y retirar las utilidades de las universidades, estarán las condiciones adecuadas para que algún villano quiera aumentar sus ganancias privadas a costa de la calidad de la educación y de los jóvenes que aspiran a beneficiarse de ella.

La clase política podrá argumentar que como fruto de la extinción del lucro habrán muchos menos universidades dispuestas a ofrecer el servicio educativo. Es cierto. Pero los que quedarán serán aquellos que genuina y éticamente quieren contribuir al desarrollo de nuestros jóvenes y del país en su conjunto. El resto, ¡que se vayan! Los proyectos educativos exitosos tienen como denominador común instituciones y personas comprometidas con el desarrollo educacional como principal objetivo (ejemplo: U. de Chile y U. A. Hurtado). El resto es pan para hoy y hambre para mañana.

Es de esperar que nuestros líderes asuman su responsabilidad, se hagan cargo de esta crisis y que actúen en favor del bienestar de la mayoría. Es decir, crear las condiciones para la emergencia de un sistema universitario genuino, motivado por el desarrollo integral de los jóvenes (más que por el dinero), inspirado en principios humanistas y que, al mismo tiempo, ahuyente a especuladores, corruptos y abusadores. En los tiempos del accountability en educación, este es el estándar mínimo que la clase política debiera cumplir.

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