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Ley de Pesca: una prueba para la Comisión de Ética

por 7 diciembre, 2012

Ley de Pesca: una prueba para la Comisión de Ética
La Comisión de Ética no hizo la recomendación a estos parlamentarios de inhabilitarse, pero en sus manos recae ahora la posibilidad de amonestar a quienes no hayan actuado de acuerdo a lo que la responsabilidad de su cargo exige, sentando, con la amonestación pública, un importante precedente en materia de transparencia y probidad.
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Con un sistema de financiamiento de campañas políticas opaco y con preeminencia del sector privado ¿podemos confiar que los intereses económicos del sector pesquero no afectaron ciertas posiciones en la tramitación de la Ley de Pesca de cara a las elecciones 2013? ¿Cómo podemos estar seguros que las declaraciones públicas de los parlamentarios reflejan lo que se discutió en las sesiones de comisión, si estas son secretas? ¿Cuál habría sido el resultado de la Ley de Pesca con una Ley de Lobby vigente?

Se podría criticar a quienes se hacen estas preguntas por creer en teorías conspirativas, por ver maldad y titiriteros en cualquier decisión de carácter pública. El problema, en este caso, no es que nos hagamos estas preguntas, el problema radica en que la opacidad de nuestro sistema vuelve imposible poder contestarlas.

Financiamiento de la política sin fiscalización efectiva y permitido para empresas, secretismo en las sesiones de comisión en el Congreso, falta de mecanismos para forzar la rendición de cuentas de los parlamentarios, y la actividad del lobby totalmente desregulada, son condiciones de nuestra democracia que la vuelven vulnerable para seguir avanzando al ideal de igualdad de influencia política. Con la tramitación de la Ley de Pesca, quedó una vez más demostrado que los chilenos, ante la Ley, no somos iguales.

 Sin caer en la discusión de lo apropiado de la sanción —apenas una amonestación pública— creemos que es el momento de que la Comisión de Ética del Senado, presidida por Hernán Larraín —quien ha demostrado un férreo compromiso con la Transparencia—, sesione y tome las medidas pertinentes para restituir en parte un principio que ha sido vulnerado.

Para evitar que esta desigualdad se constatara una vez más, entregamos a la Comisión de Ética del Senado una serie de documentos que acreditaban que los Senadores Andrés Zaldívar, Jovino Novoa y Carlos Larraín tenían intereses en el sector pesquero, y que, de acuerdo a lo que la Ley señala, debían inhabilitarse de participar en la tramitación de la Ley de Pesca.

Las respuestas de los senadores aludidos se basaron en que ‘los montos de inversiones eran mínimos’, acusándonos de promover una ‘teoría perversa que ve conflicto de interés hasta en los organilleros’, y que su participación en la tramitación de la Ley de Pesca era sólo motivado por representar a los pescadores de sus regiones. Estas declaraciones demuestran, una vez más, que hay chilenos que pueden interpretar la Ley en su favor, mientras otros no podemos hacerlo.

Si cualquiera de nosotros tomamos dos cervezas, y estamos conduciendo, luego de un control de Carabineros seremos sancionados, de acuerdo a lo que dicta la Ley, independientemente de si estemos o no en estado de ebriedad, o de si vayamos a pocas cuadras de distancia. El parte nos lo van a sacar igual, aunque no seamos en ese momento un peligro al volante, porque así lo indica la Ley.

Para el caso de estos parlamentarios, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso también es clara, deben inhabilitarse cuando ellos o sus parientes tienen intereses en las materias que están regulando. La Ley no señala montos ni estado de salud de los parientes, por lo que la interpretación en su favor de la Ley que Novoa, Zaldívar y Carlos Larraín están haciendo es un privilegio que pocos chilenos pueden darse.

La misma Ley Orgánica Constitucional del Congreso le entrega a la Comisión de Ética la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad de los parlamentarios, y le entrega la facultad de amonestar a los parlamentarios que no hayan cumplido con estos principios. Sin caer en la discusión de lo apropiado de la sanción —apenas una amonestación pública— creemos que es el momento de que la Comisión de Ética del Senado, presidida por Hernán Larraín —quien ha demostrado un férreo compromiso con la Transparencia—, sesione y tome las medidas pertinentes para restituir en parte un principio que ha sido vulnerado.

La Comisión de Ética no hizo la recomendación a estos parlamentarios de inhabilitarse, pero en sus manos recae ahora la posibilidad de amonestar a quienes no hayan actuado de acuerdo a lo que la responsabilidad de su cargo exige, sentando, con la amonestación pública, un importante precedente en materia de transparencia y probidad, para que los chilenos sepamos que en nuestro país ningún organillero, profesor, contribuyente o senador está por sobre la Ley.

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