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De cascabeles y notarios

por 10 diciembre, 2012

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Al parecer alguien descubrió que era rentable y popular alzar la voz contra los notarios. En efecto, se observa en el último tiempo una campaña dirigida a desacreditar la actividad registral imputándole a los notarios, diría que con inquina, todo tipo de males, desde que el sistema es caro, lento y abusivo, hasta sugerir la imagen de que todos almuerzan en el Club de la Unión, vacacionan en Europa y tienen un palco en La Scala de Milán.

Es cierto que hay notarías en las que se realizan un gran volumen de negocios, que tienen pisos enteros para atender a su clientela y una planta de funcionarios que en algunos casos supera el de una repartición pública y que, por lo mismo, el Notario que la sirve tiene ingentes ingresos.

Son las menos, están situadas en el centro de Santiago o de Plaza Italia para arriba (y no lo son todas), y si pueden realizar tal volumen de actos y contratos es porque han podido establecerse donde la mayor parte de la empresas tienen su sede principal o su casa matriz y claro, donde además están todas —o casi todas— las oficinas de abogados de la Región Metropolitana, que son los principales usuarios de sus servicios, sin perjuicio del buen nivel de contactos que mantienen.

Pero por favor, no nos engañemos y no se pretenda engañar con ello a la gente; así como Santiago no es Chile tampoco aquellas notarías representan lo que sucede  en el resto de las notarías que constituyen la inmensa mayoría.

Cuando el Sr. Andrés Velasco se pregunta, en la edición del lunes 3 de diciembre pasado de El Mercurio, ¿Quién le pone el cascabel a los notarios?, no me mire ni se refiera a mí, que lo llevo puesto igual que muchos.

La mayor parte de los notarios está fuera de Santiago y los que están en la metrópoli ejercen en comunas periféricas, fuera del Centro y a ellas concurre la gente de a pie que va por un certificado, un finiquito o una declaración jurada. En número menor van por la constitución de una sociedad o la transferencia de una propiedad y lo hacen sin la asistencia de abogados porque son reticentes a ello y pretenden reducir sus costos de transacción. A ellos los debe asesorar el Notario o sus funcionarios aunque en rigor no debiera porque la ley lo prohíbe si en el territorio existen abogados.

En Santiago, sólo por señalar algunas, están en Pudahuel, Lo Espejo, San Ramón, la Cisterna, La Pintana, San Miguel. A ellas muy excepcionalmente concurre algún abogado y ni por asomo un banco o una empresa de mayor tamaño. Sus volúmenes de atención son menores; a modo de ejemplo si en aquellas grandes notarías se confeccionan en promedio más de doscientas escrituras diarias en éstas se hacen una, dos o tres, y a veces ninguna, (pienso en Juan Fernández donde el Notario que allí sirve, a lo mejor, el único privilegio que tiene es comer Langosta).

No obstante esta realidad, se pretende que el sistema hay que cambiarlo, que a los notarios hay que ponerles el cascabel y para ello se ofrecen soluciones que se elaboran sobre la base de los efectos del sistema y no sobre sus causas…y elaborados por economistas. Cuando pienso en la reforma al sistema registral en lo que se refiere a sociedades, elaborado en el Ministerio de Economía y que se tramita con suma urgencia, no puedo dejar de recordar a Felipe Lamarca y su famosa frase transformada en libro, “Las prisas pasan y las…”.

Debe entenderse que cualquier reforma, en lo medular y en su mayor parte es jurídica y sus efectos tendrán repercusión en ese ámbito, y si alguna arista económica tiene entre sus causas el asunto no responde a otra cosa que a la extraordinaria concentración que se presenta, porque siendo un mercado —y aquí le damos un punto a los economistas— se producen distorsiones comunes a todos ellos, como la mencionada, sin dejar de señalar que , además, como en otros, hay ciertos privilegios que se han otorgado y se mantienen, que favorecen a algunos  a los que es preciso ponerle fin.



¿Hay solución? Claro que sí. Una de ellas y que me atrevo a sugerir es la siguiente: los Notarios, con la actual legislación, sólo pueden ejercer en el territorio para el que fueron nombrados y no puede, bajo pena de cárcel, hacerlo en otro distinto. Pues bien, manteniendo su oficio y deber de asistencia en aquel, no se ve por qué no pueda trasladarse a otro sector, si está en condiciones de hacerlo y actuar válidamente en él. Si tal reforma se hiciera se ofrecería una alternativa de servicio y aumentaría la competencia, lo que dejaría algo más tranquilo a los economistas y abriría oportunidades tanto al público como al Ministro de fe geográficamente aislado.

Por otro lado, y en relación con ciertos privilegios, debe recordarse que los notarios que fueron nombrados con anterioridad a la ley que estableció límite de edad para el ejercicio notarial, no están afectos al tope de 75 años que esta impone. Así, vemos notarios que ejercen habiendo superado los 90 años cuando, para ser justos, debieran estar regaloneando a sus nietos.

Entonces y para finalizar, cuando el Sr. Andrés Velasco se pregunta, en la edición del lunes 3 de diciembre pasado de El Mercurio, ¿Quién le pone el cascabel a los notarios?, no me mire ni se refiera a mí, que lo llevo puesto igual que muchos.

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