ANÁLISIS
Ambos, además, se ocuparon de construir verdaderos batallones de ayudantes que seleccionan entre los mejores alumnos de sus cursos. Esto recuerda, también, a las táctica que otros constitucionalistas han desarrollado como parte de una estrategia de posicionamiento en la elite influyente. Jaime Guzmán, por ejemplo, dio forma al movimiento gremial a través de reuniones de ayudantes y grupos de lectura. De ahí salió, por ejemplo, el actual Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien también es profesor de derecho constitucional.
Hay un lugar en que la noticia no dejó a nadie indiferente. El anuncio de Michelle Bachelet, sobre la formación de una comisión para evaluar un nuevo texto constitucional, se transmitió por redes sociales con particular velocidad. Los abogados fueron los primeros en reaccionar, pero especialmente los que se graduaron en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Es que la noticia no los podía dejar indiferentes. Allí estaban, al lado de Bachelet, los dos profesores más influyentes de la última década en Pío Nono.
Hubo un tiempo en que Fernando Atria era ayudante de Pablo Ruiz-Tagle. Era el comienzo de la transición, los primeros años del gobierno de Aylwin. Ruiz-Tagle volvía recién de un doctorado en la prestigiosa Universidad de Yale, cuna de los constitucionalistas más leídos en el mundo. Era 1990 cuando se publicó el libro Revisión crítica del derecho, escrito por Ruiz-Tagle con la colaboración de Atria y otro joven abogado, Rodrigo Correa, hoy decano de la facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En el libro se tratan críticamente las teorías dominantes sobre el positivismo moderno y se propone un programa de investigación altamente desafiante del establishment jurídico post-Pinochet. El autor y sus colaboradores le dedican largas páginas a describir los conceptos de los autores más reconocidos de la teoría del derecho, cuestión algo exótica para un país que recién se recuperaba del trance militar. Con el tiempo, ese volumen se volvió uno de los textos más consultados sobre la materia y ha servido a generaciones de mechones para ingresar a los complejos laberintos de la filosofía jurídica. Los mismos mechones que en el primer año de estudios deben escoger si tomarán el curso de Introducción al Derecho I con Pablo Ruiz-Tagle o Fernando Atria. No son pocos los que piden recomendaciones a los mayores y así se van tejiendo historias de los personajes, profesores en la mañana y sujetos políticos en las tardes.
[cita]La transición política ha estado gobernada no conforme a la regla de la mayoría, sino conforme a la regla de la unanimidad. Al decir Bachelet que quiere una nueva Constitución dice que no quiere cogobernar con la derecha. Esto se vuelve circular al preguntar la prensa sobre el procedimiento de reemplazo de la Constitución. El parlamento no parece un camino auspicioso, entonces, los profesores tendrán que preguntarse por un sistema de producción de la Constitución que esquive al Congreso, pero que, a la vez, sea representativo de la mayoría. Todo esto, en teoría, convocado desde la Presidencia de la República.[/cita]
Pablo Ruiz-Tagle es hijo del destacado escritor Carlos Ruiz-Tagle y nieto de Carlos Ruiz-Tagle Vicuña. Su familia está ligada a la historia del Saint-George College, donde estudió hasta la enseñanza media, para terminar en el Colegio Tabancura. Desde 1994, Ruiz-Tagle es socio del estudio jurídico Larraín y asociados, cuyo socio principal es el Presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña. En su trabajo profesional, se ha enfocado al estudio del derecho de propiedad intelectual e industrial, tema en el que desarrolló su tesis en Yale y publicó un libro en Chile en 1997. En su calidad de experto en la materia, fue parte de la comisión jurídica que negoció el TLC de Chile y Estados Unidos a finales de los 90.
En la academia, en tanto, su foco ha sido siempre el Derecho Constitucional y la filosofía jurídica. Enseña solamente en la Universidad de Chile y es un activo dirigente en la cuestiones políticas puertas adentro de la Escuela, donde ha ocupado puestos como Consejero de facultad y representante de los profesores. En 2002 publicó el conjunto de ensayos Derecho, Justicia y Libertad que reúne una docena de textos donde ya comienza a desarrollar una dura crítica al modelo constitucional chileno, el presidencialismo y la herencia jurídica de la Dictadura. Sin embargo, su libro más leído, que estuvo por largas semanas en los rankings de los diarios, es La República en Chile escrito en coautoría con el filósofo chileno Renato Cristi, hoy radicado en Canadá. En ese texto, como tesis central, se propone una (re) interpretación de la historia de Chile en base a sus “repúblicas” para terminar señalando que es necesario pensar en otra que supere la actual, la que tiene forma en la Constitución de 1980 y en el sistema binominal. En 2010 publicó otro libro, esta vez en coautoría con la historiadora Sofía Correa Sutil, titulado Ciudadanos en Democracia y está pensado como un manual de educación cívica y fue presentado por Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores y Francisco Soto, abogado y académico que también tendrá un asiento en la comisión formada por Bachelet.
Fernando Atria, por su parte, es hijo del sociólogo Raul Atria y de la experta educacional María José Lemaitre. Partió de Chile a mediados de los 90 a doctorarse a la Universidad de Edimburgo y volvió en 1999 a hacer clases en la Universidad de Talca. Está casado con la abogada internacionalista Ximena Fuentes Torrijo, quien es parte del equipo chileno ante La Haya y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de la Universidad de Chile. La carrera académica de Atria está marcada por la filosofía del derecho. Su tesis doctoral en Edimburgo fue premiada por la academia europea de teoría como la mejor del año y, desde entonces, su ascendencia sobre los profesores chilenos ha ido en aumento. Enseña los cursos de Introducción a los estudiantes de primer año en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde tiene su oficina. Su influencia en temas constitucionales pueden rastrearse hasta un paper publicado en la revista Estudios Públicos del CEP en el año 2003. Bajo el título La Hora del Derecho, Atria argumenta sobre la necesidad de replantearse el problema de los derechos humanos como un problema político y no jurídico. Su conclusión propone una conexión entre el asunto constitucional y la reconciliación: Si queremos que la reconciliación sea posible, una nueva Constitución es necesaria.
Ese paper marca un hito en el trabajo académico de Atria pues inicia un giro de la filosofía del derecho hacia la teoría constitucional y, un paso más allá, hacia la teología. En 2005, en el II Congreso de Teoría Constitucional, un evento organizado por estudiantes de la Chile cada dos años, Atria presentó un nuevo ensayo titulado La Soberanía y lo Político que, en su versión publicada en la revista Derecho y Humanidades (también producida por los alumnos de Pío Nono), es uno de los papers más citados en las tesis de grado sobre temas constitucionales. En el texto, Atria critica la tesis del libro El pensamiento político de Jaime Guzmán de Renato Cristi, específicamente en lo relativo al poder constituyente y la relación de este concepto con las constituciones políticas. La presentación de Atria en 2005 no estuvo exenta de polémica pues, una vez concluida su intervención, vinieron las preguntas del público.
El primero en pedir el micrófono fue Pablo Ruiz-Tagle, quien criticó duramente a Atria por citar los conceptos de Carl Schmitt, el jurista nazi reconocido por sus teorías sobre el poder constituyente y los estados de excepción. Luego de un áspero intercambio entre los dos profesores, nada volvió a ser igual en Pío Nono. Se formaron dos bandos de estudiantes, algunos más inclinados hacia Ruiz-Tagle y otros hacia Atria. Ambos, además, se ocuparon de construir verdaderos batallones de ayudantes que seleccionan entre los mejores alumnos de sus cursos. Esto recuerda, también, a las tácticas que otros constitucionalistas han desarrollado como parte de una estrategia de posicionamiento en la elite influyente. Jaime Guzmán, por ejemplo, dio forma al movimiento gremial a través de reuniones de ayudantes y grupos de lectura. De ahí salió, por ejemplo, el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien también es profesor de derecho constitucional. No será para extrañarse que, para responder a las propuestas de Bachelet, los candidatos de derecha formen sus propios equipos de constitucionalistas a los que llegarán los académicos, ayudantes y alumnos que han sido influenciados directa o indirectamente por las tesis de Guzmán.
Es que, dada la propia naturaleza del campo de estudio, los constitucionalistas tienen cierta ductilidad para hablar de filosofía, teoría del derecho, literatura o teología. No están constreñidos por un código, como es el caso de los civilistas y los penalistas y, al mismo tiempo, son consultados en calidad de expertos para los temas propios de la letra de la Constitución y entablan redes con los dirigentes políticos en tanto asesores y voces autorizadas. En esa dualidad, Atria ha desarrollado una línea de investigación que vincula la teología con el poder constituyente, tomando la famosa frase de Schmitt que señala que “los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados”. Partiendo de esa idea, en 2009 presentó en el IV Congreso de Teoría Constitucional el ensayo titulado Viviendo bajo reglas muertas en que pretende sentar las bases en clave teológico-política para afirmar, en la conclusión, que “(…) Chile necesita una nueva Constitución, una que sea del pueblo (…)”.
En 2009 Ruiz-Tagle formaba parte del equipo programático Océanos Azules, asociado a la candidatura presidencial de Frei y trabajaba en la idea de una Constitución del Bicentenario. De hecho, Frei lanzó esta idea como uno de los pilares de su primera etapa de campaña, aunque rápidamente la guardó en un cajón. Eran los mismos días en que la Escuela de Derecho figuraba tomada por los estudiantes, quienes exigían un petitorio de medidas y la salida del Decano. Atria formó parte de los académicos que cuestionaron el liderazgo de Roberto Nahum, quien renunció a su cargo luego de 40 días de paralización estudiantil. Un año después Nahum ganó la elección por aplastante mayoría contra la abogada de derechos humanos Cecilia Medina. Ruiz-Tagle criticó en público y en privado al grupo de profesores que apoyaba la toma y cerró filas con sus amigos Alfredo Jocelyn-Holt y Sofía Correa Sutil, quienes apoyaron desde el primer minuto a Nahum.
Fernando Atria, en tanto, generó un vínculo estrecho con el colectivo Estudiantes Autónomos, hoy rebautizado como Izquierda Autónoma, quienes gestionaron el movimiento de 2009. En 2011, la bandera de la educación reemplazó a la de la toma y significó una concordancia argumentativa entre la Izquierda Autónoma y los textos de Atria sobre lucro y gratuidad. La serie de diez artículos sobre lugares comunes en la discusión sobre educación fue ampliamente difundido por el movimiento estudiantil y su versión impresa titulada La mala educación fue prologada por Francisco Figueroa y Giorgio Jackson. Antes, en 2006, después del movimiento pingüino, Atria habia publicado otro libro titulado Mercado y Ciudadanía en la Educaciónen que ya adelantaba su tesis sobre fin al lucro y proponía una medida para enfrentar la crisis escolar: financiamiento público a todos los colegios, sin financiamiento privado ni co-pago de ningún tipo y sin selección de estudiantes, sino sorteo de los cupos. Dado este tipo de argumentos provocadores y contrahegemónicos no fueron pocos los dirigentes de izquierda que encontraron en Atria una fuente fecunda para argumentar contra la derecha y, en particular, contra Harald Beyer. Esta disputa llegó a plasmarse en discusiones entre los dos púgiles en el Bar The Clinic, meses antes que el investigador del CEP fuera nombrado ministro. Una vez que asumió el cargo, entonces, el conflicto se volvió explícitamente político, hasta el punto que fue acusado constitucionalmente. Atria defendió la acusación y argumentó por escrito y en foros que el Ministro tenía, efectivamente, las potestades de fiscalización que los diputados le reclamaban no haber usado.
De ahí que la aparición de Atria y Ruiz-Tagle en el comando de Bachelet llamara tanto la atención entre los estudiantes. Son dos académicos que han marcado el debate en las aulas y fuera de ellas, siendo claves en la formación de decenas de ayudantes y varios profesores jóvenes. Aunque sus carreras están íntimamente ligadas, el conflicto político intra muros en Pío Nono los distanció e hizo visibles dos miradas. La literatura de Atria representa a cierta izquierda escatológica que no argumentaba en esos términos desde los 60, volviendo a pensar en el derecho y en las instituciones como caminos de realización del reino de Dios en la Tierra. Esto se vincula con la tradición jesuita latinoamericana y, en particular, con la teología de la liberación como sistema de creencias. Los textos de Ruiz-Tagle, en cambio, responden a un gradualismo más propio de los autoflagelantes de los 90. Su formación norteamericana, además, aflora en la influencia que tiene sobre él Bruce Ackerman, uno de los constitucionalistas más respetados de Estados Unidos y cercano al Partido Demócrata. Una de sus principales banderas de lucha ha sido atacar al presidencialismo como sistema de gobierno y al principio de subsidiariedad del Estado, que rige toda la actividad económica del Fisco y su posición en el mercado. Ambos son reformistas antes que revolucionarios. Ambos son católicos, aunque de flancos distintos. Ambos se han caracterizado por una vocación movilizadora de los estudiantes, con causas que defienden en libros y en seminarios.
La tarea que la candidata les ha encomendado no puede ser minimizada. El equipo de nueve abogados que componen la comisión deberá pensar en un procedimiento para reemplazar la Constitución de 1980. En algún sentido esto demuestra que Bachelet comprende que la Constitución le impide gobernar por los altos quórums que exigen las reformas. Todo el programa de Bachelet termina en la disyuntiva crónica de si contará con esos números para dar marcha adelante o, al contrario, si tendrá que gobernar con el freno de mano puesto por la derecha. Los altos quórums representan el modelo propio de la transición: el cogobierno. En términos conceptuales, esto implica que la transición política ha estado gobernada no conforme a la regla de la mayoría, sino conforme a la regla de la unanimidad. Al decir Bachelet que quiere una nueva Constitución dice que no quiere cogobernar con la derecha. Esto se vuelve circular al preguntar la prensa sobre el procedimiento de reemplazo de la Constitución. El parlamento no parece un camino auspicioso, entonces, los profesores tendrán que preguntarse por un sistema de producción de la Constitución que esquive al Congreso, pero que, a la vez, sea representativo de la mayoría. Todo esto, en teoría, convocado desde la Presidencia de la República.
El Partido Socialista, tienda donde milita Atria, viene proponiendo hace meses que el método sea que Bachelet una vez electa convoque a una instancia constituyente formada por los concejales electos el 2016. Esta propuesta ha sido defendida por Osvaldo Andrade y atacada por Camilo Escalona quien solicita por los diarios que la fórmula sea una comisión bicameral. Escalona ya muestra una apertura a pensar en una instancia constituyente. Hace dos meses decía que una nueva Constitución era fumar opio, hoy dice que es preferible una comisión bicameral antes que una asamblea de Concejales. Esta última idea que defiende Atria implica utilizar la elección municipal, en la práctica, como una elección constituyente. Entonces la pregunta se trasladará a temas procedimentales sobre la elección misma como el financiamiento y la publicidad de los candidatos. De esta manera, se observa que la discusión sobre la forma en que la nueva Constitución debiera ser pensada lleva en sí misma todos los grandes dilemas del sistema político chileno. Hay un nivel institucional del asunto, pero también un nivel microfísico que ejerce presión sobre el nivel institucional. Me refiero a mecanismos tales como el lobby, la puerta giratoria de personas desde empresas reguladas a instancias regulatorias y el tráfico de influencias. El desafío que la comisión tiene por delante es sustantivo pues de su proposición brotará un debate político nuevo en tanto será la propuesta de la más probable Presidenta quien se arrogaría el “Poder Constituyente” y traería a la luz las preguntas que por 20 años han estado constreñidas a la academia. Así como en la Alegoría de la Caverna que se les enseña a los mechones en primer año. Las preguntas que por décadas fueron guardadas en los congresos, foros y revistas de estudiantes hoy emergen fuera de la caverna de los eruditos. Afuera, en la polis, serán las claves del futuro del país y los profesores de derecho constitucional, así como en el pasado, serán convocados a hacer la pega que saben: redactar un articulado y volver a su caverna, a sus academias y sus tribunales. A redactar y a enseñar la doctrina de su Constitución, así como otros han hecho por 30 largos años.
La preguntas que quedan es si acaso es posible pensar una instancia constituyente en estas condiciones, con estos partidos y con el modelo de toma de decisiones que se instaló en las elites. ¿Es posible pensar en la reforma de la actual Constitución como un camino viable? ¿Es posible una asamblea constituyente sin una ley de lobby que regule la acción de los grupos de interés que querrán influir en el texto? ¿Es posible una instancia de decisión que no termine decantando en comisiones de expertos que cortan el queque? ¿Es preferible una comisión Bicameral o una asamblea de concejales? ¿Cómo se elijen? ¿Es posible que de una convocatoria de la Presidenta salga una nueva Constitución no presidencialista? ¿Es posible pensar en un Tribunal Constitucional que no opere como mecanismo contra mayoritario? ¿Es posible un proceso pacífico que permita salir adelante de la coyuntura política que vive el país o, en cambio, estaremos condenados a entendernos “por las malas”? ¿Es posible desempatar el país o seguirá siendo el sistema político una bóveda para el status quo? ¿Es posible que la derecha ceda en su interés de conservar el poder de veto que la Constitución diseñada por Guzmán le otorga? ¿Es posible?
Esas son las preguntas que los profesores de derecho constitucional y los hombres públicos enfrentan hoy en Chile. Pablo Ruiz-Tagle y Fernando Atria han tenido un lugar destacado en el proceso que puso de relieve la importancia de esas interrogantes en el mundo de la academia constitucional. Es conocido el dicho de que una cosa es con el bombo y otra con guitarra. Cientos de estudiantes y decenas de ayudantes los han seguido en su camino y en sus argumentos. Hoy ha llegado su hora para presentar una idea sobre cómo responder las preguntas del Chile post-Pinochet. Sin que se hayan reunido una sola vez ya se ha derramado bastante tinta como para pensar que su labor será irrelevante. Los estudiantes de la Escuela de Derecho estarán pendientes de esa discusión, así como el país entero.
