¿De qué sirve que se bajen las tomas si, al volver a clases, la promesa de movilidad social estará supeditada a la dependencia del establecimiento al cual asisten, la capacidad de pago de las familias y el capital cultural que dichos alumnos posean?
Durante estas semanas, tanto la ministra de Educación Carolina Schmidt, por medio de constantes declaraciones a la prensa, como el subsecretario de Educación Fernando Rojas, a través de una carta a El Mercurio titulada “Tomas Sin Derechos”, se han encargado de criticar con vehemencia las tomas de instituciones educativas, abogando que estas poseen un carácter profundamente antidemocrático en la medida que contravienen un derecho fundamental de todo ser humano, consagrado en nuestra Constitución, como es el acceso a la educación.
En ese contexto, llama profundamente la atención como estos adalides del Mineduc que presentan tanta claridad en cuanto a la necesidad de garantizar este derecho, posean, sin embargo, nula voluntad para desarrollar políticas educativas, integrando de manera democrática a los diversos actores del sistema educativo, que apunten a mejorar el acceso a la educación en todos sus niveles en nuestro país.
Aquí los únicos que efectivamente cometen un perjuicio grave contra la educación pública son quienes, de forma obcecada, han defendido un modelo educativo que no solo concibe a la educación como un bien de consumo, avalando el lucro como un (nefasto) ‘incentivo a la calidad’, sino también han preservado un sistema que exacerba y reproduce la desigualdad y segregación social, contraviniendo derechamente al aseguramiento del acceso a una educación de calidad.
[cita]¿De qué sirve que se bajen las tomas si, al volver a clases, la promesa de movilidad social estará supeditada a la dependencia del establecimiento al cual asisten, la capacidad de pago de las familias y el capital cultural que dichos alumnos posean?[/cita]
Siguiendo la misma lógica del Subsecretario en su misiva, hago un llamado a la sensatez. ¿Es legítimo que la capacidad de pago de una familia determine la capacidad de acceder a una educación de calidad? Si nos basamos en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, también citada por Rojas, nos daremos cuenta que ello atenta directamente contra este derecho fundamental.
Yo le pregunto a la ministra Schmidt y al subsecretario Rojas, abiertamente, ¿quién vulnera más el acceso a este derecho? ¿Un grupo de estudiantes que se toman sus establecimientos educacionales o una clase política intransigente que no presenta reformas estructurales a un sistema que fomenta y perpetúa la segregación? ¿De qué sirve que se bajen las tomas si, al volver a clases, la promesa de movilidad social estará supeditada a la dependencia del establecimiento al cual asisten, la capacidad de pago de las familias y el capital cultural que dichos alumnos posean?
Sin pretender erigir una apología de las tomas de establecimientos educacionales, cabe cuestionarse cuál es el verdadero “camino de la violencia”, si el mecanismo de movilización utilizado por un grupo de estudiantes, o la enorme desigualdad que permea nuestro sistema educativo.
Si el Ministerio de Educación realmente desea velar por el cumplimiento del derecho a la educación, debería, en lugar de criminalizar las formas de manifestarse (que vienen a ser una respuesta frente a las consecuencias del sistema), replantearse los mismos proyectos de ley que hoy buscan promulgar que defienden el lucro, la segregación y la desregulación de nuestro sistema educativo que, en lo concreto, apelan a lo sustantivo de la discusión sobre garantizar, desde el Estado, el cumplimiento de este derecho fundamental.
