México vive una insurrección nacional contra la actual institucionalidad política y, en menor fuerza, pero también presente, contra la institucionalidad económica. Se está delante de la rebelión de las víctimas, en que los números de manifestaciones y su intensidad, reflejan el dolor que existe en el país. Javier Sicilia (2013) señala que nos encontramos delante de la caída del Estado Moderno, carcomido por la ambición de poder y riqueza. La estrategia de Peña Nieto fue no hablar de los homicidios o secuestros para crear la sensación de que estos no existían, haciendo creer que la reducción de los homicidios en México era sinónimo de mejor seguridad, cuando en realidad se consolidaba la etapa simbiótica entre política, economía y narcotráfico.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa viene a visibilizar un problema nacional: la incapacidad estructural de la institucionalidad política del Estado Mexicano para detener la escalada de violencia y delincuencia que se ha apoderado de su territorio. La crueldad de estos hechos y la incertidumbre de lo que pasó realmente, ha detonado una catarsis colectiva, la cual viene a recoger el enojo acumulado desde hace daños ante tantos desaparecidos y asesinatos, revelando que México vive una crisis humanitaria, la cual necesita de la responsabilidad de todos sus ciudadanos para construir otra institucionalidad política que garantice que hechos como estos jamás vuelvan a repetirse.
La indignación ante el caso de Iguala toma tanta fuerza a nivel nacional e internacional porque hace evidente los niveles de corrupción en la institucionalidad política, sean gobiernos de derecha o izquierda, y viene a confirmar una realidad que había sido maquillada por los discursos presidenciales: el control territorial de los cárteles mexicanos sigue en ascenso en una simbiosis con sectores del sistema político y el sistema económico. La movilización ciudadana generada en estas últimas semanas no es más que la indignación ante el daño cometido a la familia mexicana y la expresión de los sistemas comunitarios que aún permanecen después de décadas de pretender acabar con ellos.
Ahora bien, es necesario considerar tres acontecimientos de la política mexicana para comprender las dimensiones estructurales que refleja este hecho local:
1. La cultura política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante 70 años en el poder, creó un sistema de prácticas corruptas en las instituciones del Estado, incluyendo el Sistema de Justicia Criminal, que permitió “administrar” el narcotráfico desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS), instancia que mediaba en los conflictos de los cárteles y sometía a los indisciplinados (Valdés, 2013). Operación que el Estado podía realizar porque existía un solo interlocutor: el cártel de Sinaloa, quien tenía la capacidad de controlar los diferentes grupos criminales.
[cita]México vive una insurrección nacional contra la actual institucionalidad política y, en menor fuerza, pero también presente, contra la institucionalidad económica. Se está delante de la rebelión de las víctimas, en que los números de manifestaciones y su intensidad, reflejan el dolor que existe en el país. Javier Sicilia (2013) señala que nos encontramos delante de la caída del Estado Moderno, carcomido por la ambición de poder y riqueza. La estrategia de Peña Nieto fue no hablar de los homicidios o secuestros para crear la sensación de que estos no existían, haciendo creer que la reducción de los homicidios en México era sinónimo de mejor seguridad, cuando en realidad se consolidaba la etapa simbiótica entre política, economía y narcotráfico.[/cita]
Con el asesinato de Enrique Camarena en 1985, agente de la DEA en México, el Gobierno Federal decidió disolver la DFS, decisión que llevó a la eliminación de “barreras de entrada” y el control estatal sobre el tráfico de drogas. Además, unido a la detención de Gallardo Félix –principal líder del Cártel de Sinaloa–, quien lograba subordinar a los distintos grupos narcocriminales, se da inicio a un proceso de fragmentación de los cárteles y multiplicación de los grupos delictivos en México.
2. Desde el año 1982, bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, se iniciaron las reformas estructurales para implantar el modelo económico neoliberal, las cuales se consolidaron en el año de 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuaron bajo los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) en el periodo 2000-2012, y que se pretenden solidificar con las actuales reformas de Peña Nieto. Este proceso llevó a la apertura comercial-financiera, la desregulación de la economía, la desnacionalización, la privatización del sector público y, ahora, la apertura energética, fomentando la cultura del negocio independiente, de la visión del otro como competente y la valoración del éxito desde la ganancia económica. Este contexto económico y cultural favoreció el desarrollo de los negocios ilegales y la perversión del tejido social en los territorios.
3. Por otro lado, la competencia electoral que empieza a darse a partir de 1988, con el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los avances del Partido Acción Nacional (PAN), fragmenta los liderazgos políticos locales y regionales, sumergiéndose en una mercantilización de lo político para la obtención del poder municipal o distrital, en una cultura de competencia electoral propia de la democracia occidental, donde los partidos se ven “obligados” a realizar alianzas con operadores políticos y construyen pactos con los nuevos caciques locales: los cárteles.
Estos tres fenómenos darán origen a cárteles locales, como Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de Los Beltrán Leyva, y gobiernos locales, como el alcalde de Iguala, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La sobrevaloración del acceso al poder a cualquier costo, que ha llevado a la peor crisis que ha vivido la izquierda en México, condujo a la construcción de pactos entre políticos, grupos económicos y seguridad criminal, blindando a la actual institucionalidad para proceder contra la delincuencia territorial, política o empresarial.
Valdés Castellanos (2013), ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señala que el término corrupción se queda corto para describir la compra de las autoridades a cambio de su complicidad y garantizar la impunidad de los criminales. Más bien se trata de la captura del Estado, que define como la intervención de individuos, grupos o compañías ilegales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios de corto y largo plazo, principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público. “Así en la definición original de Captura de Estado se omite el uso de métodos de coerción y violencia usualmente empleados por individuos y grupos ilegales para complementar o sustituir el tradicional soborno. De esta manera, ampliando la definición tradicional de Captura de Estado, puede decirse que cuando intervienen individuos o grupos ilegales, como mafias, narcotraficantes o grupos paramilitares o subversivos, podría configurarse un tipo de Captura Avanzada de Estado, gracias a la capacidad para ejercer violencia como mecanismo que sustituye o complementa el soborno” (2013: 321).
Ahora bien, no sólo se trata de que la delincuencia organizada realice una captura avanzada del Estado, sino que el mismo Estado, en su manera de ejercer el control de los ciudadanos, hace uso de la delincuencia para gobernar, creando pactos que permitan ejercer a cada uno su poder y así obtener sus beneficios particulares. De igual forma sucede con un sector de la economía que necesita de la alianza con la delincuencia para operar contra la voluntad de la ciudadanía, como es el caso de algunas empresas extractivas. También es necesario señalar que el Estado ha utilizando a estos delincuentes como el enemigo que permite generar la unidad de la sociedad y posicionar al Estado como el “pastor” que logra salvar a sus “ovejas”, pretendiendo renovar su existencia desde un populismo punitivo.
Por su parte, el sociólogo Juan Gabriel Tokatlán señala tres etapas del narcotráfico: 1) la predatorial, que lleva al control territorial para afianzar las rutas del negocio ilegal y al monopolio privado de la fuerza, que pone en evidencia el debilitamiento del Estado; 2) la parasitaria, donde aumenta la influencia política y económica de la criminalidad, favoreciendo su aceptación por parte de la sociedad (legitimidad), la diversificación de sus inversiones (proliferación) y la multiplicación de emporios criminales (democratización); 3) la simbiótica, donde desaparece la frontera del sistema político y económico con el crimen organizado, “entre lo legítimo y lo ilegítimo se torna opaca y el Estado de Derecho mismo se diluye. En esta etapa tiende a ocurrir lo que denominamos pax mafiosa” (2014, febrero 11).
Esta clasificación permite observar el proceso de instalación del narcotráfico en México: primero, la capacidad que tuvo de negociar con el Estado desde la DFS, durante los regímenes priístas, muestra esa etapa predatorial; segundo, la desaparición de la DFS y la llegada de la “democracia” en el año 2000, permitió el paso a la etapa parasitaria, donde la misma sociedad mexicana legitimó la narcocultura, empresarios locales y nacionales hicieron uso del dinero proveniente del narcotráfico y empezó la multiplicación de los grupos criminales; y, finalmente, los partidos políticos necesitaron de pactos con estos grupos para llegar al poder y gobernar mediante una “pax mafiosa”, en alianza con sectores económicos, donde hablamos de una etapa de simbiosis, que sólo se rompe con una sociedad que dice “ya basta”.
Tokatlán (2014) señala, además, que llegada esta última fase es poco probable que se produzca una reversión completa mediante un inesperado conjunto virtuoso de políticas públicas, ya que ha surgido una clase social con nexos profundos y decisivos con la economía legal y el sistema político que necesita de una comprensión más sociológica. Es necesario una comprensión crítica del fenómeno de la violencia y delincuencia que permitan entender sus causas para construir respuestas a la altura de las circunstancias y no prolongar la vida de una institucionalidad decadente necesitada del crimen organizado para gobernar en México.
A continuación se presentan algunas posturas ante el caso de Ayotzinapa:
Reafirmando lo anterior, el poeta Javier Sicilia señala que “las urnas están manchadas de sangre y cadáveres, y creo que hay que boicotearlas, porque es corrupción, porque es sostener una ilusión y seguir financiando el narcotráfico. Tenemos que asumir que estamos frente a un vacío y debemos crear algo” (La Jornada, 18 de noviembre de 2014).
En suma, esta crisis hace necesario una escucha atenta de lo nuevo que está surgiendo en las movilizaciones y las reflexiones de la ciudadanía en México, sin pretender marginarlo con acusaciones simplistas de hechos violentos o desestabilizadores, y también un diálogo nacional entre todos los actores sociales para construir un nuevo pacto social que garantice la paz a largo plazo.
La decadencia del Estado mexicano se refleja en esa incapacidad de la institución presidencial para comprender el fenómeno social que vive el país y ofrecer respuestas desde la demanda ciudadana de transparencia y nuevos pactos sociales. Es necesario construir una nueva institucionalidad que sea capaz de hacer frente a la delincuencia organizada. Sin embargo, la simbiosis del problema es tan aguda que el sistema no permite atacarse a sí mismo. Por ello, ante las amenazas de Peña Nieto de hacer uso de la fuerza para someter a los “desestabilizadores”, el obispo Raúl Vera respondió: “¡Qué lecturas tan cómodas! Ahora nosotros tenemos la culpa de desestabilizar el país. ¿Qué quiere? ¿Qué nos muramos en silencio? Esto ya es una dictadura” (Proceso, 19 de noviembre de 2014 )
México vive una insurrección nacional contra la actual institucionalidad política y, en menor fuerza, pero también presente, contra la institucionalidad económica. Se está delante de la rebelión de las víctimas, en que los números de manifestaciones y su intensidad, reflejan el dolor que existe en el país. Javier Sicilia (2013) señala que nos encontramos delante de la caída del Estado Moderno, carcomido por la ambición de poder y riqueza. La estrategia de Peña Nieto fue no hablar de los homicidios o secuestros para crear la sensación de que estos no existían, haciendo creer que la reducción de los homicidios en México era sinónimo de mejor seguridad, cuando en realidad se consolidaba la etapa simbiótica entre política, economía y narcotráfico.
