El 30 de mayo de 2008 ingresó al Senado un proyecto de ley sobre partidos políticos. Se trató de una de las más osadas propuestas del primer gobierno de Bachelet de querer transformar la estructura de las tiendas políticas. Quizás aquella osadía explica que, dos años más tarde, el proyecto fuese retirado de tramitación.
Esa iniciativa incluía tres cuestiones centrales: 1) establecía el principio de un afiliado-un voto. A partir de este principio, se establecía que todas las instancias directivas debían ser electas en votación directa por parte de sus militantes; 2) proponía un principio de transparencia activa mediante el cual los principales lineamientos, estructuras, recaudación, resoluciones y afiliados de un partido deberían estar disponibles para la población; 3) señalaba restricciones al ejercicio de las directivas al indicar la obligación de realizar elecciones dentro de un período de tres años y limitar explícitamente la reelección de autoridades de partidos a dos períodos.
El gobierno de Piñera también buscó reformar los partidos políticos, enviando un nuevo proyecto en mayo de 2013. Se trató de un proyecto mucho más moderado, pero que avanzaba, por ejemplo, en la necesidad de robustecer los Tribunales Supremos de los partidos, dar garantías de debido proceso al afiliado al momento de ingresar a un partido, y fortalecer mecanismos de transparencia. En este caso, el proyecto no fue discutido ni siquiera en Comisión.
[cita] Extrañamente la ley ingresada en la Cámara de Diputados constituye un retroceso respecto de la primera iniciativa del Gobierno de Bachelet de mayo de 2008. La mayor demanda ciudadana de contar con partidos responsables, democráticos y transparentes no se correlaciona con un proyecto que presenta problemas en estos tres ámbitos. [/cita]
El gobierno decidió hace pocas semanas enviar un nuevo proyecto de ley de reforma a los partidos políticos. El asunto es vital si asumimos que los partidos son centrales en la vida democrática, reconocemos la crisis de credibilidad que ellos enfrentan, y aceptamos que las normas que los rigen (una ley de partidos impuesta por la dictadura) presenta serios problemas.
¿Cumple este nuevo proyecto con la expectativa de propiciar partidos responsables, democráticos, y transparentes? Me temo que no. Aunque la iniciativa contiene valiosos aportes (como el establecimiento de los partidos como organizaciones de derecho público, el principio de paridad, y mecanismos de transparencia activa, entre otros), considero que no resuelve una serie de aspectos cruciales a ser debatidos en este momento histórico. Citaré en esta oportunidad tres de ellos.
El primero tiene que ver con los nuevos afiliados, cuestión central en la vida partidaria. El proyecto avanza en la simplificación del registro de nuevos militantes pero no dice nada respecto del procedimiento para que nuevos afiliados queden registrados, aspecto altamente cuestionado en la mayoría de las tiendas políticas. Se requiere establecer un comité de ingreso colegiado, la obligación de justificar el rechazo de una eventual afiliación, y un sistema de apelación ante un Tribunal Supremo del partido. El procedimiento de afiliaciones es central a la hora de pensar en tiendas políticas modernas.
El segundo tiene que ver con el principio de una afiliado-un voto. En el proyecto se establece que los órganos directivos “deberán ser electos democráticamente por regla de mayoría, y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”. Lo anterior deja un espacio muy grande para que estructuras de poder central dominen el ejercicio de aquellas mayorías. Si se desea garantizar la democracia interna de los partidos, entonces, debiese quedar garantizada la participación directa de los afiliados en la conformación de órganos claves de decisión al interior de dichos partidos.
Tampoco el proyecto establece algunos mínimos asociados, por ejemplo, con la obligación de renovar directivas cada cierto tiempo o la obligación de convocar a los Consejos Generales al menos una vez al año. Nada dice el proyecto sobre la opción de activar los órganos directivos “desde abajo”, esto es, a partir de un porcentaje de afiliados que deseen tratar un asunto urgente en forma extraordinaria.
No se hacen consideraciones a balances de poder central/regional, aspecto crítico en el tiempo actual. Por ejemplo, en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera se sostenía que la estructura de los Consejos Generales debía considerar como mínimo un 40% de representación de autoridades de regiones, cuestión que parece razonable y recomendable.
A ello se suma la ausencia de sanciones específicas por el no cumplimiento de los estándares de transparencia activa y de democracia interna. Si un partido no renueva sus directivas, si no convoca a sus consejos generales en forma ordinaria, o si no cumple con los estándares mínimos de transparencia activa debiese ser sancionado con el recorte de aportes fiscales que recibirá en forma permanente y de campañas o la todavía más efectiva medida de prohibir su competencia en elecciones.
Extrañamente la ley ingresada en la Cámara de Diputados constituye un retroceso respecto de la primera iniciativa del Gobierno de Bachelet de mayo de 2008. La mayor demanda ciudadana de contar con partidos responsables, democráticos y transparentes no se correlaciona con un proyecto que presenta problemas en estos tres ámbitos. Esta situación es preocupante y deberá ser enmendada por los congresistas en los próximos meses.
