Opinión
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
El 28 de abril pasado, por cadena nacional, la Presidenta anunció que el proceso constituyente se iniciará en septiembre, es decir, a la fecha, en poco menos de dos semanas. Sostuvo que se haría un proceso abierto a la ciudadanía, a través de debates, consultas y cabildos, todo lo cual “deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
La formulación de una nueva Constitución como un proceso que desata el diálogo de la ciudadanía parece apropiado en un momento político donde las élites están profundamente divididas respecto de los contenidos y mecanismos que debiesen orientar el reemplazo de la actual Constitución. También se explicó que la primera etapa será una de educación cívica, que abarcará seis a ocho meses y en la que se explicará a la ciudadanía la importancia de la Constitución y por qué resulta relevante cambiarla. Sin el apoyo claro y rotundo de los partidos para iniciar un cambio constitucional, se recurre a la ciudadanía para dinamizar un proceso de diálogo sobre las reglas del juego que debiesen organizarnos.
No cabe duda que se trata de un debate relevante y crucial para el futuro democrático. El éxito de esta fórmula dependerá muchísimo de metodología para organizar estos cabildos y debates ciudadanos. Y aquí nos enfrentamos también con otra pregunta relevante: ¿cómo el Gobierno piensa involucrar a los pueblos indígenas en esta discusión constitucional? ¿Piensa del todo involucrarlos?
[cita] Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile. [/cita]
Recordemos que el Estado de Chile suscribió el Convenio 169 de la OIT en el año 2009. Dicho convenio establece el deber de los estados de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Adicionalmente, el Convenio indica que los gobiernos deberán “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.”
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
De acuerdo a la formulación del Convenio 169, no sería suficiente incluir a representantes de algún pueblo indígena en las instancias que convoque el Gobierno a partir de septiembre. Tampoco sería suficiente involucrar a individuos que se autoidentifican con alguna etnia en las actividades previstas para iniciarse en septiembre.
Lo que debería suceder es un proceso muy distinto. Primero, debiese implementarse un proceso de buena fe en que el gobierno invitase a las comunidades a manifestarse sobre lo que ellas estimen que debiese ser una nueva Constitución. Los pueblos indígenas debiesen deliberar en forma autónoma sobre el tema. A ellos les correspondería sistematizar sus deliberaciones y entregar su parecer sobre el asunto.
Más de alguien podría señalar que no corresponde en esta etapa tan preliminar consultar a los pueblos indígenas. El Gobierno no está aún estableciendo una nueva Constitución. Simplemente lo que hace es generar una política (administrativa) que busca indagar, consultar y debatir sobre las características que debiese tener una nueva Carta Magna. Pero ¿no debiese este proceso –por muy preliminar que se trate– involucrar un proceso de consulta de buena fe con las comunidades indígenas y tribales del país? ¿No resulta acaso recomendable incorporar a los pueblos indígenas en este proceso de diálogo, respetando a sus autoridades, procedimientos y pareceres?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
