Chile sigue renuente a hacerse parte del EITI (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas), del cual cuarenta países del mundo han aceptado ser parte y concuerdan los términos del informe en una mesa tripartita gobierno-empresas-sociedad civil para dar a conocer el pago de impuestos de las mineras y otras industrias extractivas. El Informe de Perú auditado el 2014, país latinoamericano que ha liderado esta dimensión de la transparencia, es paradigmático en su calidad y claridad de la tributación, inversiones, producción, aportes a los departamentos (regiones), lo que se puede observar en el siguiente vínculo: https://eiti.org/files/Peru-2013-EITI-Report.pdf
A Perú, le siguen en el proceso Colombia, Alemania, EE.UU.… Lo que se creó con el impulso de Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, no ha tenido eco en el Ministerio de Minería; oficiosamente se habla del evidente veto de Hacienda –Dipres para variar, la guardia pretoriana de la opacidad centralista– y la desidia de Cochilco que, aunque en privado, dicen que Chile tendría la información, al parecer no quieren más trabajo. Aunque el consejo de la sociedad civil, Cosoc, del ministerio del ramo no opera –y debiera ser el embrión de la mesa tripartita–, ya se sabe que el Consejo Minero estaría disponible, que Codelco ya avanzó en mayores estándares, que diversas organizaciones de la sociedad civil lo saludan y sugieren que la versión chilena añada cuentas ambientales, como las agrupaciones regionalistas, los exiguos pagos de patentes y gastos en RSE muchas veces banalizados en marketing sin transformación del territorio. El depatamento de Ciencia Política de la UAH lo propuso a la Comisión Engel. El senador Guillier y el diputado Mirosevic lo respaldan, pero el Ejecutivo no toma iniciativa alguna.
El EITI favorece la buena gobernabilidad y rendición de cuentas en los países en que las industrias extractivas son clave: minería, petróleo/gas, así como eventualmente pesqueros y forestales. Los países primario-exportadores son especialmente sensibles a esta realidad, ya que en su economía poco diversificada, el peso en la recaudación fiscal de los impuestos a dichos sectores es esencial y ha crecido como porcentaje de la carga tributaria en la última década, especialmente a contar del año 2003, en que se inicia el ciclo de alza de los precios de las materias primas. A las mineras, debieran sumarse las centrales eléctricas muy vinculadas a la industria minera, tomando el buen impulso del Ministerio de Energía en diálogo social.
El llamado “sueldo de Chile” sigue siendo percibido como la viga maestra del desarrollo, no obstante el crecimiento en las dos últimas décadas de los sectores servicios, vinos, salmón, forestales. Chile sigue siendo el principal productor mundial aunque crece el protagonismo de Perú y expertos vaticinan que, hacia el 2025, seguirá captando el grueso de la nueva inversión, consolidándose como productor hegemónico.
Pero hay dudas, y fundadas. Chile no olvida el escándalo de hace un década de la millonaria venta de la minera privada Disputada de Las Condes, que por años declaró pérdidas y no pagó tributos En un estudio de quince años de la tributación minera en Chile realizado por Cepal-GIZ para los años 1994-2010, se ratifica tanto la importancia de la misma en los ingresos tributarios totales –del 10% el año 1994 a un 30% el 2010–, pero a su vez pone la duda sobre la tributación minera privada, pues Codelco con la producción de un 26% de cobre y derivados aporta el 18% en el año 2010, versus el 12% de las privadas, incluyendo impuestos específicos declarados por GMP-10. Es decir: el sector privado con casi tres cuartos de la producción aporta menos del 40% de los impuestos que recauda el Estado en minería.
La crisis de confianza por escándalos de corrupción en que la arista tributaria ha sido clave –desde Penta con contratos para evadir los tributos municipales hasta Soquimich con masivos contratos a la política declarados como gastos corrientes de las mismas y el tráfico de influencia que se asocia al Grupo Luksic–, ha acrecentado la caída de confianza de los ciudadanos en el Gobierno, los partidos políticos y las empresas.
[cita] La ola de dudas/rabias con el poco aporte de la minería en tributación se agudiza en regiones, ya que reciben aportes menores de patentes mineras y nada de la renta o royalty (solo un porcentaje menor de proyectos de innovación”[/cita]
La ola de dudas/rabias con el poco aporte de la minería en tributación se agudiza en regiones, ya que reciben aportes menores de patentes mineras y nada de la renta o royalty (solo un porcentaje menor de proyectos de innovación”. Esto se agudiza porque:
Existió entre el año 1958 y 1974 el Fondo Provincial del 5% de las ventas del cobre, abolido por la dictadura y no repuesto por la Concertación.
El efecto espejo de comparación con la coparticipación en Bolivia, Perú y Argentina. Se conoce el boom de Tacna, Tarija y San Juan.
La alta contaminación ambiental y falta de inversión en ciudades claves como Calama, Antofagasta, Copiapó y Rancagua. Las propias gerencias mundiales de las principales empresas que pidan al Gobierno chileno y/o al Consejo minero que se apure el proceso de incorporación debido a la crisis de confianza en la industria y los escenarios de oposición a los proyectos y/o crecimiento de la tendencia al alza de tributos y renacionalización.
No hay tiempo que esperar y ojalá la ministra Aurora Williams dé vida al Consejo de la Sociedad Civil de su ministerio y la cartera sea proactiva, para que el país “ejemplar” dé muestras de coherencia y sepamos algo tan básico como quién, cuánto y dónde pagan nuestras mineras.
