Opinión
Las instituciones funcionan a la perfección para encubrir el flujo de capitales de negociados particulares mediante el aura discursiva de la «defensa de la soberanía» y la «razón de Estado». Una ley de fideicomiso ciego que solo regula valores emitidos en Chile es un “soberano chiste” al entender la transnacionalización de las principales fortunas del país durante las últimas décadas.
El bochornoso espectáculo que hace un tiempo viene mostrando la política tradicional al país y al mundo entero no se detiene. El “incestuoso maridaje entre el dinero y la política” develado en los últimos años –y que ha llevado a la ciudadanía a sus máximos niveles de hastío y desconfianza hacia la política tradicional– ha registrado un nuevo estadio de maduración tras el último estallido noticioso.
En esta oportunidad, las esquirlas han afectado directamente a la principal carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, y con ello, han logrado remecer la precaria estabilidad alcanzada por la derecha política producto de la victoria relativa obtenida en las elecciones municipales pasadas; cuestión apoyada por el permanente conflicto interno anidado en la falla DC-PC, y que en estos días ha adquirido una insólita resonancia mediática a través del fuego cruzado desatado por sus líderes partidistas a través de Twitter.
Más allá de este hecho y volviendo a situarnos en la vereda de Chile Vamos, la prueba otorgada por El Mostrador, reporteando los negocios llevados a cabo por Sebastián Piñera en Perú siendo Presidente –y mientras el Estado disputaba el fallo de La Haya–, sugiere que ya ni siquiera nos enfrentamos a un “incestuoso maridaje” entre el mundo de los negocios y el de las decisiones políticas.
El problema pareciera ser mucho más grave, ya que ha quedado en evidencia el “sincretismo total entre el dinero y la política”. La difusa frontera que hace un tiempo diferenciaba a ambas dimensiones se ha borrado por completo producto de la descomposición que corroe a las coaliciones políticas tradicionales y las instituciones de la república. No debiese sorprender a nadie el hecho de mencionar tal condición de descomposición para las instituciones.
Después de todo, lo que revela este nuevo “PiñeraGate”, no hace más que ratificar el axioma reproducido hasta el cansancio por Ricardo Lagos y que hoy comienza a volverse una especie de karma: “Las instituciones funcionan”.
En el caso que hemos conocido, funcionan a la perfección para encubrir el flujo de capitales de negociados particulares mediante el aura discursiva de la «defensa de la soberanía» y la «razón de Estado». Una ley de fideicomiso ciego que solo regula valores emitidos en Chile es un “soberano chiste” al entender la transnacionalización de las principales fortunas del país durante las últimas décadas.
El family office de Piñera, Bancard, es la prueba palpable de esta situación: según estimaciones, el grupo administra activos de US$ 2 mil millones de dólares, de los cuales, US$ 1.800 se invierten en el exterior. ¿Qué valor puede tener una ley de fideicomiso ciego que regula solo los valores emitidos en Chile en un contexto como el enunciado?
[cita tipo= «destaque»]Parece sensato plantear una tesis similar a la ofrecida por el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek, quien en su análisis sobre el develamiento de los sonados “Panama Papers”, a mediados del 2016, termina concluyendo lo siguiente: “La corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico”.[/cita]
Con todo, los cambios experimentados en el sentido común de nuestra sociedad han sido rotundos y llevan a la perplejidad del establishment. Antes de que los conflictos socioambiental, regionalista y estudiantil estallaran en el segundo año de Gobierno de Sebastián Piñera, la relación entre dinero y política no era concebida como un problema. Gran parte de la ciudadanía consideraba legítimo que una de las principales fortunas del país conquistase la piocha de O’Higgins, símbolo del poder político en nuestro país. Era una sociedad que todavía creía que la “creación de riqueza” por parte de los sectores acomodados radicaba en gran medida en sus esfuerzos y capacidades; en el mérito propio de las personas y su incólume voluntad para emprender.
Basta recordar la tristemente célebre figura del hoy desaparecido Laurence Golborne y la apuesta comunicacional diseñada por el analista político de la UDI, Gonzalo Müller, en la fallida carrera presidencial, para recrear dicha atmósfera: “¿Es posible entrar de empleado a una empresa y a los pocos años llegar a dirigir la gerencia corporativa de varias compañías? ¡Es posible! ¿Es posible que una persona dedicada a su trabajo, como todos, sea invitada a participar como ministro de un Gobierno? ¡Es posible!”.
¿Es posible que esta narrativa después de unos años se revele como una gran farsa? Hoy no solo es posible, ¡es un hecho!
El sincretismo total entre el dinero y la política se encarna en la principal carta de la derecha política para volver a La Moneda en el 2018. La acumulación de antecedentes ya comienza a percibirse como un verdadero “prontuario”: Caso Chispas, Banco de Talca, Acciones LAN, Caso Cascada, LAN Argentina, a los cuales hoy se suma el caso Bancard-Exalmar.
La derecha política debiese tomar nota del asunto y no intentar “esconder lo descompuesto bajo la alfombra”. Sabemos que es una situación poco probable, más allá de los réditos comunicacionales que intentará cosechar el candidato díscolo que ya corre formalmente en las primarias de Chile Vamos, Manuel José Ossandón. No cabe duda que la coalición que hace unas semanas votó en contra del reajuste de un 0,1% real a los trabajadores públicos con el único objetivo de propinarle una dolorosa derrota al Gobierno y que –unos días después– votó a favor de exactamente el mismo reajuste (tal como lo hizo una no despreciable suma de parlamentarios de la Nueva Mayoría), no se demorará en blindar a su principal carta presidencial.
Chile Vamos, en vez de afrontar el problema, lo eludirá, gritando a los cuatro vientos algunas de las “frases hechas” otorgadas por los manuales de “cómo afrontar la crisis política actual”.
Nos dirán: “Esta es una operación encubierta de la oposición” o “empezó la campaña sucia”; tal como la UDI justificaba hace unos años la “táctica del empate” estableciendo que el financiamiento ilegal de la política atravesaba a todos los colores políticos. El “color del dinero manchaba a todos por igual”.
Quizás, ha llegado el momento de sacar las conclusiones necesarias tras esta nueva prueba de “sincretismo total entre el dinero y la política”. Ello permitiría a nuestra sociedad comprender un sinnúmero de casos de corrupción, ya no como simples “errores” o “fallas” del sistema, sino, más bien, como irrupciones mediáticas que se encuentran ancladas a las formas operativas del modelo neoliberal instaurado en el país.
La lógica de los consensos no solo se encarnó en una clara “política de acuerdos” entre los bloques políticos transicionales, ya que también el consenso se reprodujo entre el mundo de los negocios y la política transicional a un nivel tal, que ha llevado incluso a desdiferenciarlos; tal como acaece en el caso de Sebastián Piñera.
Por todo ello, parece sensato plantear una tesis similar a la ofrecida por el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek, quien en su análisis sobre el develamiento de los sonados “Panama Papers”, a mediados del 2016, termina concluyendo lo siguiente: “La corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico”.
¿No será necesario volver a analizar nuestro modelo bajo las potencialidades explicativas ofrecidas por la nunca bien ponderada –pero más necesaria que nunca– “crítica de la economía-política”?
