Una experiencia concreta de la que debiésemos aprender es la visa consular impuesta bajo el gobierno anterior a los migrantes dominicanos, documento que ha provocado una serie de consecuencias negativas en dicha población.
En marzo de este año, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara, acordó solicitar al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, que se exija «algún tipo de visado» a los migrantes de nacionalidad haitiana.
La razón, plantea la Comisión, es que mientras no exista una solución definitiva a la vulneración de los derechos, particularmente laborales, de dichos migrantes, los abusos son cada vez mayores. Efectivamente, hemos visto en las últimas semanas cómo la prensa da cuenta de los diversos abusos que sufre particularmente esta población, en temas de arriendo de vivienda y trabajo.
No obstante y aunque busque lo contrario, de hacerse efectivo un nuevo requisito como éste, marcaría un grave retroceso que contribuiría a aumentar aún más la vulnerabilidad de los haitianos y haitianas que buscan establecerse en este país. Primero, porque una acción como solicitar una visa en estas circunstancias, vulnera a todas luces el derecho humano de toda persona a migrar, mediante un visado que condiciona gravosa y discriminatoriamente dicho derecho.
La segunda razón es bien conocida por quienes trabajan con población migrante: los procesos de visado generan mercados negros alrededor de los consulados. Estos mercados entregan visas falsas, estafando y engañando preferentemente a quienes no hablan español. Así, se corre el riesgo de que, de acogerse la solicitud de la Comisión, promueva la creación de estos mercados, en vez de mejorar la estructura laboral de oportunidades para los colectivos migrantes, cuestión en la que sí se debe avanzar. Una experiencia concreta de la que debiésemos aprender es la visa consular impuesta bajo el gobierno anterior a los migrantes dominicanos, documento que ha provocado una serie de consecuencias negativas en dicha población.
Por último, este tipo de acciones terminan individualizando el fenómeno migratorio, traspasando la responsabilidad del abuso a los mismos abusados, en la forma de exigirles someterse a la burocracia institucional para obtener una visa.
La pregunta a la que nos lleva esta situación es hasta cuándo Chile tendrá que esperar para una política migratoria. La Presidenta de la República despejó las dudas acerca de lo prioritario que es el tema en su Mensaje del 1 de junio, en el que señaló que “el segundo semestre enviaremos una ley que adapte la legislación a la nueva realidad migratoria”. Con ello entendemos que se inicia el principio del fin de las políticas del «mientras tanto» o del «estado de ánimo», o las de reacción a la pauta noticiosa en este tema. No es posible que sigan primando las acciones de orden provisorio, así que esperamos que el anuncio presidencial propicie un verdadero debate respecto de una ley migratoria basada en el enfoque de los derechos humanos, enfoque al que Chile adhiere según los pactos internacionales que ha firmado.
Las organizaciones de migrantes y promigrantes llevan un tiempo abogando y aportando en la construcción de la ley migratoria nueva, eso lo sabemos y lo defendemos. Y es que no vale solamente exigir una nueva ley, ni hacerla a puertas cerradas. Ésta debe ser construida participativamente, considerando las experiencias y buenas prácticas que se han levantado en escuelas, consultorios, municipios, jardines infantiles y hasta en el Departamento de Extranjería, instituciones, muchas de ellas, que son la real puerta de bienvenida a Chile para los migrantes. Muchas de estas instituciones, con esfuerzo y pocos recursos, acogen y aplican criterios que se van adaptando, sin encontrar en el marco legal, los conductos regulares para respetar los derechos de estos nuevos miembros de nuestra sociedad.
