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El horizonte de las penas de cárcel en Chile

por 19 febrero, 2018

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En una reciente columna publicada en este medio, María Jesús Fernández de la ONG Leasur, a propósito de las palabras del Papa en su visita a la cárcel de mujeres, nos planteaba la interrogante sobre el horizonte de la cárcel. Quisiera continuar con las reflexiones que ella ha propuesto, reflexionando sobre el sentido o propósito de las penas de cárceles en Chile.

Voy a adelantar mi conclusión: en Chile la cárcel produce un sufrimiento nihilista, es decir, carece de sentido o de un propósito concreto. La realidad práctica de las condiciones de los penales chilenos es inhumana y no debieran dejar a nadie indiferente. De hecho, a estas alturas nadie podría alegar desconocimiento de esta situación. No solo existen diversos reportes y noticias que informan sobre las miserables condiciones que provoca el hacinamiento carcelario o sobre la violencia que se vive al interior de los penales y que Gendarmería no puede controlar. Si los informes sobre la vulneración de derechos humanos de los internos no fueran suficientes para alertarnos de esta realidad, el incendio en la cárcel de San Miguel dio cara humana a esta realidad.

Es por esto que la reciente reflexión hecha por el Papa debiera ponernos a pensar sobre las contradicciones existentes en nuestra forma de pensar el castigo. Porque, en definitiva, Francisco tiene razón, una “condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura”. Y la forma en que hemos pretendido hacer justicia, es básicamente mediante la imposición de un castigo nihilista, que es pura expresión de fuerza, que deshumaniza a quien creemos que no merecen ser tratado como seres humanos. Difícilmente se puede pretender que una pena que se padece de esta manera pueda ser capaz de aleccionar moralmente al condenado. Al final del día, el peso de la realidad, vale decir, el hecho de que los chilenos conozcamos la miseria de la cárcel, y aun así, lo permitamos, demuestra que aceptamos que así sea. Sea cual sea la religión que usted profese y sea cual sea su color político, no es viable seguir negando la inhumanidad, la tortura que se impone a individuos, que si bien pueden haber cometido delitos graves, no por eso dejan de ser seres humanos.

El problema más fundamental del nihilismo punitivo es que se imponen penas denigrantes que no solo significan un sufrimiento difícilmente compatible con una democracia —puesto que les negamos un trato humano y digno— sino que adicionalmente no rehabilitan, no reinsertan.

Pero el argumento ético-moral que nos pide coherencia en el respeto de los derechos humanos no son las únicas consideraciones que nos urgen a reflexionar sobre la necesidad de una reforma urgente del sistema penitenciario. Recientemente, una nota de prensa informó que el costo para el Estado de mantener a un preso es de 724 mil pesos al mes - una cifra sorprendente comparada con los 294 mil pesos mensuales que se gasta por niño en el SENAME. Sin embargo, y esto es lo más importante, cualquiera que haya ido a una cárcel se habrá preguntado a donde se va ese dinero, porque las condiciones existentes no garantizan la dignidad de los reos. De acuerdo a un reporte reciente de la UC, el año 2015 el presupuesto total de Gendarmería fue de $428.670.360, del cual el 91% fue destinado para fines de vigilancia y custodia. Lo sorprendente es que tal cantidad de fondos no han sido capaces de terminar con la violencia al interior de las cárceles, con los homicidios y otros delitos violentos; tampoco ha sido capaz de impedir que se cometan delitos, como “secuestros telefónicos”, desde el interior de los penales.

A lo anterior se suma el problema de la reincidencia, un estudio de Paz Ciudadana del año 2012 realizó  un seguimiento de 36 meses a una cohorte de 16.911 personas que recuperaron su libertad al término de una condena en la cárcel o mediante la obtención de un beneficio durante el año 2007. Al término de la medición alrededor del 50% de esa población había regresado a la cárcel. Asimismo, el 70% de la muestra había, por lo menos, tenido una nueva formalización o fue requerida por el sistema de justicia penal. En lo que respecta a los adolescentes infractores de ley, un estudio realizado por el SENAME del año 2015 refleja una situación similar. Si bien estos estudios no son recientes, sus hallazgos son consistentes con literatura comparada sobre los efectos de las penas privativas de libertad y su relación con la reincidencia.

El problema más fundamental del nihilismo punitivo es que se imponen penas denigrantes que no solo significan un sufrimiento difícilmente compatible con una democracia —puesto que les negamos un trato humano y digno— sino que adicionalmente no rehabilitan, no reinsertan. Si es que algo provoca esta pena es deshumanización y violencia.  Peor aún, cuando recuperan su libertad, la sociedad espera que —mágicamente— hayan sacado una lección moral. Se espera que se reinserten, pero, nuevamente, en la mayoría de los casos no se entrega ningún apoyo para ello.

El desafío que tenemos como sociedad es el de (re)pensar el horizonte de la pena. El entender que no podemos seguir permitiendo este castigo nihilista que a la postre implica un derroche de recursos y no resuelve el problema de la reincidencia, sino que por el contrario, la fomenta.  Tenemos que apuntar a un castigo constructivo, uno cuyo fin sea capaz de comunicar al delincuente las consecuencias de su delito y a la vez entregar herramientas para que se pueda lograr una reinserción que beneficie tanto al individuo como a la sociedad. Y este propósito, como plantea el Papa, es la posibilidad para cualquier condenado de poder, al recuperar su libertad, construir un futuro digno fuera del delito, en una sociedad que le permita reinsertarse.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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