Opinión
En 2006 la Organización Mundial de la Salud fijó el 15 junio como el «Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez», para sensibilizar a la comunidad internacional sobre un tema muchas veces invisibilizado.
Es probable que en nuestro país hoy se realicen actividades dirigidas a conmemorar la fecha, las cuales, si bien valoramos, a todas luces son insuficientes para poner esta problemática en la dimensión que corresponde, por cuanto nuestra sociedad aún no es capaz de reflexionar y abordar sus diversas manifestaciones.
Como investigadoras hemos constado el profundo desconocimiento que existe sobre la materia, que se tiende a asociar a actos de violencia física -que por cierto lo son- ocurridos en el ambiente doméstico, sin considerar otras manifestaciones que existen en el plano público y privado.
[cita tipo=»destaque»]Pese a que en agosto de 2017 Chile ratificó dicho documento, hasta ahora no se observan acciones concretas sobre una materia en la que creemos el Estado debe asumir el liderazgo. Somos enfáticas en resaltar que de nada sirven compromisos “en el papel”, si en la práctica no hay procedimientos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los mayores.[/cita]
Para entender este punto un buen ejercicio es revisar la definición que hace la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que estableció que el maltrato puede registrarse en distintas dimensiones; financiera, patrimonial, sexual, psicológica, de explotación laboral, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar-doméstico, o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
Pese a que en agosto de 2017 Chile ratificó dicho documento, hasta ahora no se observan acciones concretas sobre una materia en la que creemos el Estado debe asumir el liderazgo. Somos enfáticas en resaltar que de nada sirven compromisos “en el papel”, si en la práctica no hay procedimientos que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los mayores.
Un primer paso en esa línea podría ser modificar la Ley Nº 19.828, que regula el Senama, que a diferencia de otros servicios, no otorga a los abogados de esa institución facultades de representación y defensa en juicio, condición básica necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas mayores. Otra iniciativa puede ser crear defensores especiales, con presupuestos asignados y facultades otorgadas por Ley, y considerar instancias de mediación y resolución alternativa de conflictos.
