Opinión
La reciente polémica suscitada por los destrozos generados durante la toma del Liceo Amunátegui ha provocado diversas reacciones políticas. Durante los últimos días, la propuesta planteada por parlamentarios de la UDI, respecto a no permitir acceder a la gratuidad universitaria a los estudiantes que se hayan visto involucrados en hechos de esta índole, ha estimulado un intenso debate. La propuesta devela el tenor que ha adquirido la discusión pública sobre las movilizaciones estudiantiles, especialmente en lo relativo a las tomas de establecimientos.
Consideramos que la mayoría de los actores que se han involucrado en esta discusión lo han hecho desde una perspectiva efectista, desligándose de una comprensión más acabada del fenómeno de las tomas de liceos en Chile. En particular, la discusión se ha dado en términos eminentemente coyunturales, lo que no ha permitido evaluar a las tomas como parte de un proceso histórico que encuentra su origen hace más de 10 años, en el contexto del movimiento pingüino. Esta década de movilizaciones estudiantiles ha impulsado importantes cambios a nivel cultural y político en los estudiantes, especialmente, en la relación que establecen con sus liceos, pero también en las propias comunidades escolares.
La superficialidad al abordar las tomas de establecimientos ha repercutido en que la discusión se centre en los daños a la infraestructura y al mobiliario escolar, enfatizando en las medidas que debiese tomar el sostenedor, a la vez que secundariza el rol de los directivos escolares. De este modo, se ha tendido a dejar de lado el impacto que al interior de las comunidades escolares han tenido estos procesos de movilización. En particular, cómo las tomas han tensionado los procesos pedagógicos y las relaciones entre distintos actores y estamentos. Resulta necesaria, por tanto, una perspectiva que enfatice en cómo desde las propias comunidades escolares se han abordado las movilizaciones estudiantiles.
La investigación “Liderazgo escolar y gestión de los conflictos estudiantiles”, realizada por el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE), ha buscado contribuir con la comprensión del proceso de movilizaciones desde dentro de las comunidades escolares. Al mirar al interior de los liceos se ha buscado indagar en una pregunta clave: ¿Cuál es la capacidad de acción real que tienen los directivos escolares para afrontar estos procesos? Responder a esta interrogante requiere entender los obstáculos que han enfrentado, pero también recoger los aprendizajes que en estos años han acumulado al respecto.
[cita tipo=»destaque»]Aun cuando los directivos poseen diagnósticos respecto a las causas más profundas que gatillan estos conflictos, se enfrentan a un complejo escenario que limita enormemente su capacidad de acción. Las movilizaciones tensionan y dividen profundamente a los distintos estamentos de la comunidad escolar, particularmente a estudiantes y profesores, afectando las relaciones interpersonales y generando desconfianzas entre los actores escolares. Por su parte, las exigencias emanadas desde el nivel ministerial y desde los sostenedores respecto a la urgencia de que las escuelas “retornen a la normalidad”, sumadas a la falta de recursos y herramientas, repercuten en que los equipos directivos no puedan abordar el fenómeno de una forma más integral. Los conflictos cesan más por el desgaste de las tomas que por una resolución efectiva de los conflictos en la escuela.[/cita]
Respecto a los obstáculos, destaca la centralidad que ha adquirido el manejo de las movilizaciones para el quehacer directivo en los liceos en que éstas se han vuelto recurrentes. Tanto los directores como sus equipos deben destinar ingentes esfuerzos a atender los conflictos estudiantiles, lo que ha repercutido en secundarizar el enfoque más pedagógico, planteado tanto a nivel teórico como en las metas estipuladas en los Convenios de Desempeño. Tal enfoque colisiona con la necesidad concreta de asumir un rol más político que pueda abordar y gestionar los múltiples frentes de conflictos generados durante los procesos de movilización estudiantil y solventar de alguna forma sus consecuencias.
Aun cuando los directivos poseen diagnósticos respecto a las causas más profundas que gatillan estos conflictos, se enfrentan a un complejo escenario que limita enormemente su capacidad de acción. Las movilizaciones tensionan y dividen profundamente a los distintos estamentos de la comunidad escolar, particularmente a estudiantes y profesores, afectando las relaciones interpersonales y generando desconfianzas entre los actores escolares. Por su parte, las exigencias emanadas desde el nivel ministerial y desde los sostenedores respecto a la urgencia de que las escuelas “retornen a la normalidad”, sumadas a la falta de recursos y herramientas, repercuten en que los equipos directivos no puedan abordar el fenómeno de una forma más integral. Los conflictos cesan más por el desgaste de las tomas que por una resolución efectiva de los conflictos en la escuela.
Sin embargo, la dilatada experiencia de los directivos al abordar estos conflictos estudiantiles ha permitido identificar algunos importantes aprendizajes. Destaca el enfoque de la promoción constante del diálogo con las y los estudiantes durante las movilizaciones, buscando considerarlos como interlocutores válidos para la resolución de los conflictos. En el mismo sentido, los directivos sostienen que cuando su abordaje ha sido poco dialogante y confrontacional, se ha agudizado el conflicto con los estudiantes movilizados, a la vez que se han profundizado las tensiones entre los adultos en la escuela.
A su vez, distintas orientaciones de la acción directiva han tenido un rendimiento positivo para encauzar los conflictos estudiantiles. Dentro de dichas orientaciones destacan otorgar relevancia a la afectividad y la emocionalidad de los actores involucrados, conocer y vincularse con las diversas formas de organización estudiantil, establecer protocolos que regulen las movilizaciones, propender a una mayor distribución de responsabilidades entre los propios directivos, evitar las represalias hacia los estudiantes, abrir espacios de diálogo interestamental y fomentar un sentido de identidad en el liceo, entre otras.
Los hallazgos a los que se ha hecho referencia apuntan a la necesidad de reorientar la discusión sobre las tomas de establecimientos escolares. Orientarse hacia un manejo constructivo de los conflictos en la escuela requiere profundizar en qué está pasando efectivamente al interior de las comunidades escolares, buscando considerar las demandas, anhelos y preocupaciones del conjunto de sus actores. Sin embargo, las limitaciones que enfrentan los directivos al abordar las movilizaciones, evidencian lo desacertado de los enfoques excesivamente coyunturales y punitivos que actualmente predominan en la discusión pública. Un enfoque que supere el efectismo mediático requiere el establecimiento de un lineamiento común entre el ministerio, los sostenedores y los directivos, buscando superar las actuales limitaciones que enfrenta el liderazgo de estos últimos al interior las escuelas. Este lineamiento común deberá otorgar centralidad a la dimensión relacional de los conflictos que se despliegan al interior de las escuelas, razón por lo que urge incorporar activamente a las comunidades escolares en el debate actualmente en curso.
