Señor Director:
El acceso a la información pública es un derecho humano. Esto bien lo saben los químicos farmacéuticos, quienes en las farmacias son los “heraldos” de entregar información de medicamentos y tratamientos a la población, intentando disminuir la asimetría de información que existe en un ámbito tan complejo como los medicamentos. Sin embargo, esta cruzada se complica al contar un grupo de medicamentos que no aportan ningún beneficio terapéutico o en términos de costos a la población, pero son muy utilizados: los medicamentos similares con una marca comercial.
En Chile existen cinco tipos de medicamentos: Medicamentos de Marca u Originales, quienes son los que realizaron una inversión en Investigación y Desarrollo y primeros en el mercado; luego están los medicamentos similares, los cuales pueden no contar con una marca comercial y aquellos que sí poseen una. Estos últimos, a su vez, pueden tener estudios de bioequivalencia, lo que los transforma en equivalentes terapéuticos, y por ende intercambiables con el medicamento de referencia, obteniéndose las categorías: similar de marca con bioequivalencia; similar de marca sin bioequivalencia; similar sin marca sin bioequivalencia; y, similar sin marca con bioequivalencia.
El problema es que la marca, más allá de sus implicancias comerciales de diferenciación, no cumple ningún rol sanitario, utilizándose en ocasiones para promoción médica o directamente al público, mimetizando al principio activo, que es el que realiza el efecto terapéutico deseado. Esto, sumado a la certificación de bioequivalencia, nos asegura que un genérico, o similar sin marca, con bioequivalencia, nos entregaría el mismo efecto terapéutico por un menor costo.
Todo lo anterior es conocido por la Autoridad Sanitaria, tanto ISP/ANAMED como Ministerio de Salud, como por parte de los parlamentarios, sin embargo, aun así, se ha mantenido en nuestra legislación y en nuestro mercado farmacéutico este tipo de medicamentos similares con marca, los cuales tienen un mayor precio sin entregar una mayor solución terapéutica a los pacientes.
Más allá de las responsabilidades específicas, esta estafa con aval del estado debería ser corregida en la Ley de Fármacos 2, pese a la visión de la Fiscalía Nacional Económica que, reconociendo el problema, considera que en algún momento este desaparecerá, aunque ya sabemos cómo ha funcionado la autorregulación en este mercado en Chile y en el mundo.
Jorge Cienfuegos Silva
Presidente Regional Santiago del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile
