Opinión
Es verdad que la acusación constitucional es un mecanismo político de la Carta Magna, pero los fundamentos en este caso no son políticos sino jurídicos, al existir la ilegalidad plenamente declarada de lo obrado por el Gobierno a través del Ministerio de Salud, con alarma pública y daños sociales y materiales que todavía no se conocen en toda su magnitud.
En política, las oportunidades hay que tomarlas cuando se producen. El cálculo anticipado solo sirve para evaluar tácticamente cómo actuar, pero no para producir una sandía calada de resultados. Sobre todo cuando los hechos, normalmente irrepetibles, son producto de errores no forzados, manipulación o exceso de confianza de quien los comete. Ello ocurre con la acusación constitucional al ministro de Salud que impulsa el Frente Amplio (FA). Nadie asegura que el proceso termine en la destitución del ministro, pero la declaración de ilegalidad de lo obrado por este, en relación con la Ley de Aborto en Tres Causales que hizo la Contraloría, es un presente griego para la oposición, si es efectivo que aspiran a restablecer el imperio de la ley en nuestro sistema político.
Como en ninguna otra circunstancia, el Gobierno quedó de espaldas frente a la ilegalidad ministerial. Ella estuvo vigente y operativa por dos meses, y sus consecuencias prácticas aún no se conocen del todo. Sí se sabe de sus motivaciones, que son de carácter ideológico, y que transgreden gravemente las reglas y principios del funcionamiento democrático y republicano y las leyes que regulan la actividad del Estado.
Ante las débiles excusas gubernamentales, da exactamente lo mismo que el Presidente de la República no haya sabido lo que hacía su ministro de Salud, pues estos son de su exclusiva confianza y responsables sectoriales en su representación, y si cometen una ilegalidad es el Gobierno el que está políticamente y legalmente emplazado. Ello, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales personales que deriven a lo actuado por el funcionario.
Algunos analistas han sostenido que una acusación constitucional es netamente política y que yerra el Frente Amplio al acelerar una disputa de esta envergadura al inicio del Gobierno. No me parece un argumento válido. Los ilícitos por regla estricta deben sancionarse cuando se cometen y conocen. Ni antes ni después. Además, políticamente, se trata de una infracción que pone a la oposición –a cero costo y puras ganancias– en condiciones de propinarle una derrota inesperada al Gobierno, que tendría el valor de resituar el papel del Congreso en el actual escenario. Y que, asimismo, deja desnudo como una mera táctica el papel de las comisiones prelegislativas, y no como una voluntad de cooperar en políticas de Estado. Ello, porque el Ejecutivo podría rápidamente anticiparse al escenario de la acusación y pedirle la renuncia al ministro, dejando meridianamente establecida su posición.
[cita tipo=»destaque»]La estrategia del oficialismo de esperar que administrativamente se rectifique el ilícito y dar esto por satisfactorio, tiene el trasfondo de buscar medir cuánta cohesión política puede lograr la oposición y hasta dónde su fraccionamiento le impide acuerdos políticos coyunturales incluso cuando les asiste justa causa, popularidad ciudadana y ganancias de imagen y poder. Ello es muy oportuno para calcular hasta dónde el Gobierno puede llevar adelante una estrategia de acuerdos y negociaciones bilaterales con la oposición, que la mantenga fraccionada y le impida rearticularse en muchos años. La disyuntiva es correr el riesgo de sufrir una derrota de proporciones, amplificada por la espera de ver cómo corre la acusación constitucional que no se agotó en su fase comunicacional actual, y no haber derechamente sacado al ministro.[/cita]
En este momento –aunque los fines de semana son largos y reflexivos en materia política desde un tiempo a esta parte, y el ministro pudiera cesar anticipadamente en su cargo–, lo que hay es un estudio de situación o escenario por parte de los actores ante sus posibilidades de éxito.
Para el Frente Amplio todo parece ganancia porque, si no logra los votos para aprobar la acusación en la Cámara, ello ocurrirá porque parlamentarios de la ex Nueva Mayoría se omitieron de un tema que tiene mayoría ciudadana, dejando la impresión de estar de espaldas a la legalidad. Y el FA habrá mostrado una voluntad cívica mayor y reafirmado su ethos de legalidad y responsabilidad política.
Si pierden, no tienen nada que perder, valga la paradoja, porque a lo más se les reprochará apresuramiento pero su ganancia de representación será ostensible. Parece natural, por lo mismo, que su actitud convocante no sea emplazar al resto de la oposición sino convencerla de la importancia de actuar juntos en un tema cívico y de derechos reproductivos de la mujer, que ya estaba resuelto por ley. Y derrotar al Gobierno, que ante la ilegalidad solo está prometiendo rectificar y no reincidir –a lo que por cierto está obligado por ley–, pero que no ha adoptado ninguna medida que sancione la ilegalidad y exija responsabilidad política a sus funcionarios.
La estrategia del oficialismo de esperar que administrativamente se rectifique el ilícito y dar esto por satisfactorio, tiene el trasfondo de buscar medir cuánta cohesión política puede lograr la oposición y hasta dónde su fraccionamiento le impide acuerdos políticos coyunturales incluso cuando les asiste justa causa, popularidad ciudadana y ganancias de imagen y poder.
Ello es muy oportuno para calcular hasta dónde el Gobierno puede llevar adelante una estrategia de acuerdos y negociaciones bilaterales con la oposición, que la mantenga fraccionada y le impida rearticularse en muchos años. La disyuntiva es correr el riesgo de sufrir una derrota de proporciones, amplificada por la espera de ver cómo corre la acusación constitucional que no se agotó en su fase comunicacional actual, y no haber derechamente sacado al ministro.
Para la ex Nueva Mayoría, el tema pasa por lo que se denomina señales de la política. Porque en el tema del aborto siempre han existido profundas diferencias internas en sus partidos y corrientes. Si no acompañan al Frente Amplio de manera mayoritaria, estarán validando una ilegalidad flagrante, pero, lo más importante, dando una señal ambigua de blandura y diálogo al Gobierno, pese a la ilegalidad. La consecuencia puede ser debilitar aún más la única arena política legítima en que se desenvuelve la oposición, como es el Congreso Nacional, sin ganar nada a cambio, excepto interlocución personal.
Al revés, apoyar la acusación sería una muestra de dureza política frente al Gobierno –con causa justa, pero dureza al fin–, que pondría una nota de tensión frente al resto de los problemas institucionales, entre ellos lo que ocurre con el Ministerio Público. Pero será una señal de voluntad y poder, que el Ejecutivo deberá considerar, pues al fin y al cabo no hay política sin adversarios.
En todo caso, quienes calculan que la oposición debiera elegir entre la acusación constitucional al ministro de Salud y la petición de destitución del Fiscal Nacional Jorge Abbott, olvidan que, en este último caso, la decisión no es parlamentaria sino judicial y corresponde a la Corte Suprema. En ello, los miembros del Congreso solo actúan como peticionarios y es algo totalmente distinto y bastante fuera del foco de poder parlamentario.
Es verdad que la acusación constitucional es un mecanismo político de la Carta Magna, pero los fundamentos en este caso no son políticos sino jurídicos, al existir la ilegalidad plenamente declarada de lo obrado por el Gobierno a través del Ministerio de Salud, con alarma pública y daños sociales y materiales que todavía no se conocen en toda su magnitud.
