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La “despolitización” del SEIA: una falacia y un mal cálculo

por 16 octubre, 2018

La “despolitización” del SEIA: una falacia y un mal cálculo
Políticamente, el sistema se concibió para mejorar los proyectos mediante el proceso de calificación ambiental, pero en ningún caso oponerse a ellos. En la práctica, esa definición política ha sido cuestionada y el sistema se ha visto presionado por la ciudadanía y los grupos de interés, que pugnan por decisiones que no son técnicas: decisiones de inversión, de planificación económica, de ordenamiento territorial, de distribución de cargas ambientales. Esta contradicción es la debilidad central del sistema; el origen de todos los fallos que se le reprochan: la conflictividad, la judicialización, la incerteza jurídica, el retraso en la tramitación de los proyectos.
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El actual Gobierno presentó un proyecto de ley que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa tiene entre sus objetivos declarados “despolitizar” el sistema de calificación ambiental, es decir, alejarlo del radio de acción de “los políticos” y llevarlo al terreno de los “técnicos”. En esa perspectiva, la política queda definida como una especie de fuerza oscura, y los políticos, como unos sujetos de dudosa integridad que toman decisiones de forma arbitraria y discrecional, es decir, individuos carentes de racionalidad. Los técnicos, en cambio, serían lo opuesto: sujetos íntegros y honestos, cuyo conocimiento experto –objetivo y neutral– nos conduciría a decisiones justas y adecuadas, perfectamente racionales. Ambas cosas son una falacia.

Todo proceso de toma de decisiones es político, por definición, cualquiera sea el oficio, y el conocimiento técnico nunca es neutral, menos aún cuando las decisiones políticas descansan en él.

No se puede negar que las decisiones emanadas de las instancias políticas del SEIA el comité de ministros y las comisiones regionales– han sido decisiones políticas. Cuando el comité de ministros rechazó el proyecto minero Dominga, el ministro de Hacienda lamentó la decisión, que atribuyó al hecho de que algunos de sus integrantes no tenían al “crecimiento económico dentro de sus prioridades más altas”. Cuando el proyecto Hidroaysén debió ser revisado por esa instancia en la primera administración de Sebastián Piñera, este evadió su responsabilidad (política) y dilató la decisión hasta el cambio de Gobierno. Finalmente, el proyecto fue rechazado al iniciarse el segundo mandato de Michelle Bachelet, lo cual no sorprendió a nadie, considerando que mucho tiempo antes este había sido declarado “políticamente muerto” por el precandidato presidencial Andrés Allamand y otros políticos que se pronunciaron al respecto.

Cuando el comité de ministros rechazó las reclamaciones en contra del proyecto minero Isla Riesco, tampoco hubo demasiada sorpresa, dado que antes este había sido respaldado públicamente, primero por Bachelet y después por Piñera. Curiosamente, en todos estos casos la decisión (política) fue revestida de criterios técnicos. El presidente del comité de ministros que aprobó el último relleno sanitario de Til Til (el proyecto Ciclo) llevó esta retórica de justificación al extremo de sostener que –por razones edafológicas y topográficas– esta localidad “era ideal para este tipo de vertederos”.  

Todas estas decisiones, con sus respectivas contorsiones discursivas, no han hecho más que dejar en evidencia la contradicción esencial del SEIA: debe hacer pasar por “técnicas” las decisiones políticas.

Los autores del proyecto creen –o nos quieren hacer creer– que el conocimiento técnico es objetivo y neutral, que las instancias técnicas serán capaces de tomar decisiones perfectamente racionales y, en consecuencia, justas y adecuadas, lo que se traduciría en decisiones legítimas políticamente. Por lo tanto, en el futuro no habrá ni conflictividad, ni judicialización, ni incerteza jurídica, ni retrasos, ni ninguno de los problemas que hoy arrastra el SEIA. Todo ese razonamiento es una falacia y un error de cálculo. Después de la supuesta despolitización del sistema, este seguirá arrastrando los problemas que tiene hoy y quizá otros peores. Lo que el sistema necesita no es menos política, sino más y mejor política.

Políticamente, el sistema se concibió para mejorar los proyectos mediante el proceso de calificación ambiental, pero en ningún caso oponerse a ellos. En la práctica, esa definición política ha sido cuestionada y el sistema se ha visto presionado por la ciudadanía y los grupos de interés, que pugnan por decisiones que no son técnicas: decisiones de inversión, de planificación económica, de ordenamiento territorial, de distribución de cargas ambientales. Esta contradicción es la debilidad central del sistema; el origen de todos los fallos que se le reprochan: la conflictividad, la judicialización, la incerteza jurídica, el retraso en la tramitación de los proyectos.

La solución que se nos propone frente a ese diagnóstico es muy simple: eliminar la instancia del comité de ministros y las comisiones regionales, como si eso fuera a hacer desaparecer la necesidad de tomar decisiones políticas. ¿Quién y a través de qué procedimiento tomará la decisión de aprobar o no el proyecto? Se nos dice que esa decisión –que siempre será política por definición– será tomada por “las instancias técnicas”. ¿Quiénes van a ser esos técnicos y sobre la base de qué conocimiento tomarán la decisión? ¿Serán las consultoras contratadas por los propios titulares de los proyectos? ¿Serán los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental o de los otros servicios que participan en el proceso de calificación, quienes en su mayoría tienen contratos precarios y, por lo tanto, pueden ser objeto de toda clase de presiones?

Los autores del proyecto creen –o nos quieren hacer creer– que el conocimiento técnico es objetivo y neutral, que las instancias técnicas serán capaces de tomar decisiones perfectamente racionales y, en consecuencia, justas y adecuadas, lo que se traduciría en decisiones legítimas políticamente. Por lo tanto, en el futuro no habrá ni conflictividad, ni judicialización, ni incerteza jurídica, ni retrasos, ni ninguno de los problemas que hoy arrastra el SEIA. Todo ese razonamiento es una falacia y un error de cálculo. Después de la supuesta despolitización del sistema, este seguirá arrastrando los problemas que tiene hoy y quizá otros peores. Lo que el sistema necesita no es menos política, sino más y mejor política.

Imaginemos por un momento que el sistema consigue lo imposible: aislar a “los técnicos” que tomarán las decisiones y blindarlos frente a cualquier influencia o interés que pueda sesgar su observación de la realidad o ensombrecer su objetividad. Ni aún así se conseguiría el resultado esperado. Hace muchos años el filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, nos enseñó que los científicos viven dentro de un sistema de creencias (sus paradigmas) y que su observación de la realidad no es más que una reproducción de esas creencias. Dentro de un paradigma no hay pluralismo, por el contrario, hay unidad de creencias y valores, eso es lo que hace posible el consenso en la construcción de los hechos científicos. Un grupo de técnicos que comparte un paradigma puede llegar a consensos, pero no pueden considerarse representativos de una sociedad que tiene valores y creencias distintas a las de ellos y que, por lo mismo, observa la realidad (el ambiente) con otros ojos.

Por razones epistemológicas, estas decisiones resultarán ilegítimas para aquellos grupos y comunidades que no comparten el paradigma adoptado por las “instancias técnicas”. Si a esto se añade que dichos grupos serán excluidos del proceso de deliberación y si consideramos, además, que en el mundo real es imposible aislar a los expertos de cualquier influencia o interés, la ciudadanía seguirá cuestionando las decisiones del SEIA y a los “técnicos” que las tomaron. La ciudadanía continuará reivindicando su derecho a incidir en el proceso de toma de decisiones ambientales.

Quienes defienden la idea de “despolitizar” el sistema y “tecnificarlo” confían en que sus intereses tendrán mejores perspectivas de prevalecer si la deliberación se hace por medio de instrumentos cuyo lenguaje y procedimientos ellos manejan bien y en instancias cuyos resultados pueden controlar. Para eso necesitan que en la mesa estén sentados solo “técnicos” y no “políticos”. Y tienen razón. Sin instancias políticas de decisión, el SEIA será mucho más predecible y obsecuente con ellos, el problema es que las decisiones así adoptadas estarán más alejadas del sentir de la ciudadanía, serán menos legítimas y, por lo tanto, más resistidas. En términos políticos, el resultado de eso será más conflictividad, más judicialización y más incertidumbre para los titulares.

Sostener que los sistemas de toma de decisiones “despolitizados” son posibles y mejores, es una falacia. Pensar que mediante la supresión de las instancias políticas del SEIA los titulares mejorarán sus perspectivas de inversión, es un muy mal cálculo.

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