Unidad de las oposiciones

A partir del rotundo triunfo del Apruebo surgirán diferentes análisis de lo ocurrido en las urnas el domingo. Conclusiones de diversa naturaleza podrán leerse y escucharse en los medios, habiendo acuerdos y discrepancias de opinión. Sin embargo, los resultados arrojan datos que son difíciles de eludir.

En primer lugar, con casi 7.600.000 votos, se trata de la instancia en la que ha participado el mayor número de personas desde el plebiscito de 1988, otorgándoles una importante legitimidad democrática a los resultados. En segundo lugar, la del pasado domingo fue la votación con el mayor porcentaje de participación (50,9%) desde la aprobación de la inscripción automática vigente desde 2012. Lo anterior, en un contexto de pandemia mundial. En tercer lugar, la diferencia entre las opciones –78,2% vs. 21,7%– es categórica. Un número importante de quienes votaron Apruebo está a favor de transformaciones profundas. Esto derriba, entre otros discursos comunes, el que apunta a una sociedad polarizada con relación a dichos temas. Los resultados afirman lo contrario. El convencimiento acerca de la necesidad de una nueva Constitución es transversal.

Estos antecedentes son un llamado de atención directo a quienes componen la política institucional. Nota se tomará del pobre resultado obtenido por la convención mixta entre todas las demás opciones, la única que incluía representación parlamentaria. No obstante, quienes deberían atender especialmente este llamado y, asimismo, recoger el contenido de las demandas ciudadanas instaladas por los movimientos sociales, son las diferentes oposiciones. Todas, sin excepción. Entre otras razones, debido a que los partidos políticos de oposición manifestaron estar de acuerdo con las dos preferencias ganadoras. Esto es un piso político que no debe subestimarse.

Podría afirmarse, por ejemplo, que una eventual división de la oposición debilitaría la expresión ciudadana clara que exige cambios. Debido al diseño de nuestra ley electoral, una eventual desunión de estos partidos podría favorecer en la convención constitucional a quienes se opusieron a las transformaciones desde un principio, cuya postura hoy no es mayoritaria.

Al igual que el resto de la clase política, los políticos de oposición tampoco han recibido buenas calificaciones. La presente constituye una oportunidad para acercarse a las demandas sociales, para recuperar la confianza ciudadana y para restablecer el vínculo roto entre lo político y lo social. Una señal de unión puede ser un primer paso. La apertura hacia los contenidos defendidos por los movimientos sociales puede ser otro de igual relevancia.

Ahora bien, en las últimas semanas hemos presenciado a diferentes representantes de las oposiciones entramparse en discusiones que obstaculizarían un posible acuerdo. Un ejemplo es el de las primarias para las próximas elecciones a alcaldes y gobernadores regionales. Asimismo, varios medios se encargaron de subrayar el carácter separado de las celebraciones de los distintos comandos de las oposiciones por el Apruebo y alguno declaró que existen verdaderas diferencias y que no posaría en una foto junto a dirigentes de otros partidos.

Pero ¿cuán irreparables serían estas diferencias dentro de la oposición? Una forma de averiguarlo es analizando las propias respuestas ofrecidas por los partidos a las demandas ciudadanas instaladas por los movimientos sociales.

En una destacable iniciativa, la Fundación Ciudadanía Inteligente, en cooperación con la Friedrich Ebert Stiftung, desarrollaron la plataforma “Chile Marca Preferencia” (chilemarcapreferencia.cl). En ella, se consultó a los partidos políticos por sus preferencias respecto de veintidós ejes temáticos clave para el futuro del país. Estos ejes temáticos contienen preguntas de naturaleza política, económica, social, cultural, ambiental, entre otras. Hasta la fecha, han respondido nueve partidos: Convergencia Social, Comunes, RD, PH, PPD, PC, PS, PR y el PDC. ¿Cuáles fueron los resultados?

El acuerdo en las preferencias predomina en sus respuestas. Si los partidos políticos se tomaran en serio las respuestas ofrecidas, podría existir un piso mínimo sobre el cual comenzar a construir un camino común, un acuerdo de carácter programático para enfrentar la próxima elección.

Varias son las preguntas respondidas en la misma dirección: para todos estos partidos la protección de niños, niñas y adolescentes debería tener rango constitucional. Del mismo modo, todos están de acuerdo con la existencia de un Defensor del Pueblo u Ombudsman. Todos están de acuerdo con el matrimonio igualitario. Todos reconocen como derecho humano el acceso al agua y la protección del caudal ecológico y le asignan un rol al Estado en su administración. Todos están a favor de permitir por ley la negociación colectiva por rama. Todos marcan –con diversos matices– que Chile debe ser un Estado plurinacional y debe permitir la autodeterminación de todos sus pueblos dentro de un marco establecido por el propio Estado. Todos señalan –con diferentes requisitos– que la ciudadanía debe tener una participación importante en las decisiones públicas, como en plebiscitos y referendos revocatorios. Además, se muestran de acuerdo con la iniciativa popular de leyes. Todos señalan que los colegios públicos no deben seleccionar estudiantes bajo ningún criterio de mérito.

Ocho de los nueve partidos están de acuerdo con establecer aborto libre, seguro y gratuito hasta cierto número de semanas. Ocho de los nueve partidos señalan que el Estado debe tener un rol central en la economía, permitiendo un libre mercado regulado. Ocho de los nueve partidos indican que el Estado debe proveer educación superior gratuita para toda la ciudadanía, sin importar su capacidad de pago.

En cuanto a la participación de mujeres en el Estado, ninguno estima que la situación debería mantenerse como hoy. La discusión se centra entre establecer cuotas de participación o exigir paridad por ley. Respecto del sistema de salud, ningún partido afirma que debería mantenerse el sistema en su estado actual. Todos señalan que debe existir un seguro único en el que coticen todas las personas, independientemente de su capacidad de pago. Cinco partidos proponen dar acceso a un sistema de salud pública integral, mientras que cuatro proponen la coexistencia de prestadores públicos y privados, y la posibilidad de pagar seguros complementarios. En cuanto al sistema de pensiones, ningún partido se muestra conforme con un sistema de capitalización individual puro. Todos ponen el acento en distintos elementos de carácter colectivo: desde un sistema de reparto como base, hasta un sistema de capitalización con pilar solidario. Respecto del sistema de gobierno, todos concuerdan en que hay que disminuir el hiperpresidencialismo.

Las señaladas constituyen un número importante de afinidades que deberían considerarse. Por supuesto que existen matices y diferencias legítimas. Esto ocurre, por ejemplo, en materia de política migratoria y de vivienda. Sin embargo, es natural que existan tales diferencias. Es, incluso, saludable para la democracia. De hecho, muchas de estas divergencias se producen entre partidos que fueron durante décadas compañeros de coalición. La pregunta que debe hacerse entonces la oposición es si tales diferencias son tan irreconciliables como para arriesgarse a comprometer los resultados de la elección de este domingo.

Con todo, no basta con enumerar demandas en una lista. Se requiere de un real compromiso con un programa compartido para arribar a consensos en donde todas las partes tendrán que ceder en algunas posiciones. El momento constituyente que se avecina es uno de discusión de ideas. Deben ser las ideas las que primen en el debate y no la discusión sobre cómo repartirse los cupos de la convención. Tales pequeñeces no deberían ser prioridad. Las oposiciones tienen la tarea de enfocarse en aquello que tienen en común, recoger las demandas levantadas por las instancias ciudadanas autónomas y establecer mecanismos formales para dialogar con ellas. Restablecer el vínculo entre lo político y lo social. El camino de la unidad programática podría ser el camino que logre traducir las demandas ciudadanas, expresadas en los resultados del plebiscito, en la discusión constituyente que se aproxima.