Hoja en blanco o calle

El Plebiscito del 25 de octubre implicó un respaldo abrumador de la ciudadanía participante a la elaboración de una nueva Constitución y un repudio generalizado a la impuesta por la dictadura hace 40 años. Sin embargo, existe un grave peligro en el camino que deberá recorrer el país en el próximo período. Visualizarlo y tomar las medidas preventivas es algo que puede evitarnos una catástrofe.

En efecto, algunos de los defensores a ultranza de la Constitución de la dictadura, como Pablo Longueira, tienen diseñada una estrategia para, usando torcidamente una norma de la reforma constitucional, recuperar, reforzado, el derecho de veto a cualquier modificación a la Constitución del 80. Esto, que resulta paradojal y absurdo para cualquiera después del dramático acuerdo alcanzado el 15 de noviembre del año pasado, del debate posterior y del respaldo plebiscitario al proceso, es precisamente lo que el bloque pinochetista tiene preparado.

¿Cómo pretenden hacerlo? La trampa la encontraron torciendo la letra y el sentido del inciso 3° del artículo 133 de la Constitución, introducido por la última reforma. Allí se estableció que “La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”. La interpretación natural y obvia de esa disposición es que aquellas propuestas que cuenten con dos tercios de los votos de los constituyentes se incorporarán al proyecto de nueva Constitución que deberá ser plebiscitado y las que no alcancen ese apoyo, no formarán parte de ese proyecto. Eso es lo que permite pensar en una Constitución que sea efectivamente de todos, aunque sin duda no contenga todo lo que los distintos sectores quisieran. En términos muy matemáticos, una Constitución así elaborada sería el mínimo común denominador de Chile. Sin embargo, el bloque pinochetista pretende otra cosa. Pretenden  exigir una votación final general del proyecto, es decir, que deba haber acuerdo de dos tercios sobre un “paquete constitucional” y no respecto de cada norma. Ya no sería el mínimo común denominador, sino “todo o nada”. Entonces, si en ese paquete no entra todo lo que el pinochetismo quiere, probablemente gran parte del actual texto, no hay proyecto de nueva Constitución. Y como la reforma estableció que en caso de que la Convención no entregue el proyecto de Convención en el plazo establecido, volvería a regir la Constitución de Pinochet, el chantaje resulta redondo.

¿Cómo pretende el pinochetismo lograr que exista esa votación final por su anhelado paquete constitucional? Exigiendo que en el reglamento de la Convención esté contemplada esa votación final. Y como ese reglamento también debe aprobarse por dos tercios, si no hay votación final, no hay reglamento y la Convención ni siquiera comenzaría a tratar el primer artículo de la nueva Constitución. Bloquearían así el inicio del funcionamiento de la Convención y en el plazo de un año volvería a regir automáticamente la Constitución de Pinochet.

Esa es por cierto una alternativa delirante, explosiva, pensada con la macabra lógica de un artificiero, pero inimaginable políticamente. Una alternativa demencial que solo puede caber en la afiebrada cabeza de Longueira que, sabemos, tiene antecedentes de delirios. Pero no hay que relajarse, pues los delirios pueden ser a veces contagiosos y causar mucho daño. De hecho Andrés Allamand, de apariencia más cuerda, ha difundido el mismo delirio obstruccionista.

La explosiva interpretación del bloque pinochetista es, por otra parte, completamente absurda. De ser las cosas como ellos quieren, resultaría más difícil cambiar la Constitución de Pinochet mediante este proceso constituyente que mediante el mismo mecanismo de reforma que dejó instalado Jaime Guzmán y que hoy rige. En efecto, de acuerdo al texto vigente el quórum general para una reforma constitucional es de tres quintos y solo para ciertos capítulos se exigen dos tercios. Es decir, el proceso constituyente, en la interpretación de Longueira y compañía, terminaría reforzando el derecho de veto de la minoría a cualquier modificación a la Constitución dictatorial, emparejando en dos tercios el quórum requerido para todos los capítulos.

Una interpretación como la anterior sería rechazada por irracional si se discutiera en cualquier tribunal. No es razonable que una parte firme un contrato que le cause costos sin recibir nada a cambio. Y esa sería precisamente la situación de la oposición en el acuerdo del 15 de noviembre, de acuerdo a la tesis del bloque pinochetista. Después de todas las movilizaciones y presión social, los partidos opositores habrían concordado hacer más difícil la modificación del texto pinochetista que lo que el mismo Guzmán nunca quiso. Decimos que esa interpretación sería rechazada por cualquier tribunal, pero por desgracia aquí no hay tribunal alguno que pueda decidir. En efecto, la reforma constitucional previó en su artículo 136 un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, pero solo contra los acuerdos que violen las normas de procedimiento y como resulta que la estrategia de los obstruccionistas es sencillamente no dar sus votos para que exista un reglamento, abstenerse si no se acepta su chantaje de la votación final, no habría reglamento en contra del cual reclamar.

¿Qué hacer para enfrentar el chantaje pinochetista? Varias cosas. La primera, en todo caso, es hacer claridad sobre este peligro, educando a la ciudadanía sobre el punto, el que evidentemente tiene cierta dificultad técnica. Pero es necesario que al menos los grupos más activos de la sociedad comprendan el peligro y la magnitud del chantaje pinochetista y se pongan en guardia. Debiese generarse un amplio debate político sobre esta situación, buscando incluir a los sectores de la derecha democrática que explícitamente no estén dispuestos a usar este chantaje, de manera de aislar al bloque pinochetista. Eso permitiría que al momento de votar, la ciudadanía que adhiere a la derecha democrática pueda distinguir entre ella y la que quiere bloquear el proceso si no se acepta su chantaje. Ese diálogo con la derecha democrática debiese plasmarse en un proyecto de reglamento de la Convención que esté redactado y acordado antes del inicio de la misma, con el cual se comprometan los candidatos y que erradique con toda claridad la tesis de Longueira. Lo anterior podría evitar que la derecha pinochetista obtenga el tercio que le permitiría chantajear. De esa manera quedaría desactivado el peligro desde el comienzo.

Pero no se pueden poner todas las esperanzas en el diálogo con la derecha. En el plano de la movilización, las organizaciones sociales debiesen trabajar una convocatoria inmediata a paro nacional para destrabar el proceso constituyente en caso de que la obstrucción pinochetista se produzca de todos modos al inaugurarse la Convención.

En caso que el chantaje soñado por Longueira haya comenzado a incendiar el país y ya en el plano de las tácticas judiciales, podría pensarse en que se le tome la mano al pinochetismo: Al inicio de la Convención, un bloque de convencionales democráticos concurriría a aprobar el reglamento que contenga la maquiavélica aspiración de Longueira de que exista una votación final del paquete constitucional. Declararían que lo hacen con el solo propósito de que exista un reglamento que pueda ser objeto de reclamación ante la Corte Suprema, dándole así una salida pacífica e institucional al conflicto. Inmediatamente, esos mismos convencionales, junto a todos los otros convencionales democráticos, presentan una reclamación masiva ante la Corte Suprema confiando que ese tribunal no validará la absurda tesis pinochetista ni arriesgará la estabilidad política del país, y que en el plazo de 10 días establecidos, se pronunciará  por la inconstitucionalidad de la pretensión de Longueira y la nulidad del artículo del reglamento que la contenga, permitiendo así destrabar el proceso constituyente.

Como sea, la clave fundamental del enfrentamiento al chantaje será el decidido involucramiento de la ciudadanía en defensa de su proceso constituyente, uniendo a todos los sectores democráticos de centro, izquierda y derecha y aislando al bloque pinochetista. Como se puede apreciar, casi todo lo contrario que lo que hicieron hace poco un grupo de parlamentarios de oposición, que al pretender cambiar la esencia del camino plebiscitado en octubre, dividieron a la oposición y unificaron al oficialismo.