Prevención y reinserción para vivir en paz

En el clima de inseguridad que atraviesa Chile, es comprensible que se busquen soluciones rápidas frente a fenómenos complejos como la delincuencia. La idea de aplicar medidas drásticas y punitivas puede parecer efectiva en un primer momento, porque construye la sensación de que eliminamos el peligro de nuestros entornos.

Si dejamos entre paréntesis la percepción inmediata y observamos los datos, la experiencia internacional y los principios del Estado de derecho, emergen dos conceptos clave para construir una seguridad sostenible: prevención y reinserción social.

En los últimos años, Chile ha impulsado más de 60 leyes en materia de seguridad, la mayoría con un enfoque predominantemente punitivo. Y vemos avances significativos en prevención y reinserción, que abren una ventana de esperanza para mejorar la seguridad a largo plazo.

Entre ellos, destacan la implementación del Plan Maestro Penitenciario, que proyecta 15 mil nuevas plazas carcelarias en cinco años; la instalación progresiva del Servicio de Reinserción Juvenil, que culminará en 2026 con su despliegue en la zona central; la creación del Ministerio de Seguridad; y el fortalecimiento de programas de prevención temprana del delito, como Lazos. No obstante, estos avances aún son insuficientes. 

Es urgente avanzar hacia una Ley de Ejecución de Penas y una Política Penitenciaria integral; promover con mayor decisión el uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico; y facilitar el acceso a beneficios de egreso anticipado y salidas progresivas para las personas que cumplen con los requisitos y demuestran avances en sus procesos de reintegración.

La evidencia respalda estas acciones: la tasa de reincidencia desciende del 47% entre quienes no acceden a beneficios, a un rango de entre 10% y 24,7% en quienes sí lo hacen.

En paralelo, la delincuencia juvenil requiere un abordaje diferenciado. La experiencia internacional ha demostrado que el endurecimiento de sanciones no reduce la participación de adolescentes en hechos delictivos y que, por el contrario, consolida trayectorias delictivas que se extienden hasta la adultez.

Es por esta razón que se debe evitar adoptar medidas enfocadas en el aumento del castigo sin mejorar las condiciones para la reinserción. Sin embargo, proyectos como el que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, actualmente en discusión en el Congreso, avanza en sentido contrario.

La Defensoría de la Niñez subraya que prevenir la delincuencia juvenil implica reparar vínculos, construir trayectorias de inclusión y desarrollar intervenciones integrales, sostenidas y personalizadas. La propia Corte Suprema ha manifestado que las modificaciones propuestas a esta ley no son pertinentes y que una propuesta de este tipo debería contemplar el fortalecimiento de los programas de reinserción social.

En Juntos por la Reinserción sabemos que no es fácil poner en pausa la respuesta instintiva al miedo, especialmente en un contexto electoral. Sin embargo, es prioritario que las políticas públicas se construyan no sobre emociones, sino basadas en la evidencia con enfoques integrales y diversos. Desde la sociedad civil, estamos comprometidos y trabajando activamente en colaboración con el Estado para hacerlo posible.

Por eso, este año  conmemoramos por primera vez el Día de la Reinserción Social, el 18 de julio. Se trata de un hito de colaboración entre la sociedad civil y el Ministerio de Justicia, a través de sus servicios Gendarmería de Chile, Sename y Servicio de Reinserción Juvenil.

Es momento de actuar con visión y responsabilidad, impulsando políticas que nos den más tranquilidad y esperanza, para hoy y para el futuro.