Contribuciones bajo presión: El desafío por más equidad y transparencia

En medio del debate por el alza sostenida de las contribuciones en Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) tomó el guante y respondió a través de un oficio una serie de inquietudes planteadas por el Congreso en un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana respecto al impacto del impuesto territorial en los hogares, especialmente en sectores de clase media y adultos mayores.

El órgano fiscalizador busca entregar señales de transparencia, sin embargo, las explicaciones entregadas no han logrado despejar del todo las dudas existentes sobre el proceso de cálculo y actualización de los avalúos fiscales.

Es fundamental, por tanto, hacer algunas precisiones.  La primera tiene que ver con la metodología de determinación del avalúo y la aplicación de un “factor de seguridad”.

En particular, el SII reconoce que determina avalúos a través del método comparativo (en base a muestras de compraventas a valor comercial) y posteriormente aplicando un coeficiente de 0.6 del valor comercial determinado.

Al respecto, se supone que es el SII quien determina el avalúo en base a valores objetivos según calidades del terreno y de sus construcciones y no a un porcentaje estimado del valor comercial.

En su oficio, el SII indica que la mecánica de determinación del avalúo sería la del “método comparativo”, a través de muestras de ventas comerciales, observándose que no existe en consecuencia una determinación objetiva y adecuada de cómo – sólo para efectos fiscales – debe calcularse el avalúo de un impuesto con impacto social muy relevante.

Adicionalmente, se ha advertido en el último tiempo, que el SII a través de información municipal determina alzas de avalúos por sobre el valor comercial, alejándose de la aplicación de este factor de seguridad y llegando a montos elevados de avalúo que no son considerados ni siquiera como comerciales.

Lo segundo, dice relación con que el SII tendría disponible la totalidad de las muestras que utiliza para determinar un avalúo y que no se ha publicado por un simple asunto informático. Lo cierto es que esta información se ha solicitado reiteradamente vía Ley de Transparencia, para casos particulares, y no se ha obtenido respuesta satisfactoria. Incluso, ante la presentación de amparos por Ley de Transparencia, el SII indicó que existiría una muestra de tres propiedades (departamentos) para un área homogénea que afecta a cerca de 100 unidades de distinto tamaño y condiciones, lo que parece a todas luces poco objetivo.

Por último y ante la posibilidad de realizar peticiones administrativas y/o solicitudes de revisión del avalúo determinado por el SII, tanto en el propio organismo, como en Tribunales se ha discutido la procedencia de revisar el avalúo de un bien raíz con posterioridad al acotado plazo entre 30 y 180 días con que cuenta un contribuyente para la presentación de un recurso de reposición o un reclamo en tribunales.

De mantenerse la mecánica actual, los contribuyentes deben incurrir en recursos propios para determinar en un plazo corto la procedencia o no del avalúo que recibió desde el SII, manteniéndose éste (si no se logra dejar sin efecto) por periodos de al menos 4 años, lo que parece del todo desproporcionado.

La falta de claridad sobre los criterios de tasación, la periodicidad de las alzas y los mecanismos de apelación abren la puerta a un debate urgente y necesario sobre la modernización del sistema, a fin de avanzar hacia una mayor transparencia y equidad tributaria.