Antes de dictar nuevos procesamientos, el juez Haroldo Brito, que quedó a cargo del caso tras el ascenso de Hugo Dolmestch a la Suprema, decidió decretar una serie de diligencias para determinar toda la cadena de involucrados. Sin embargo, en la arista de la desaparición de los cuerpos, ya existiría certeza de la participación de altos generales del Ejército.
A pocos días de asumir la sustanciación de la investigación por los últimos detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, en reemplazo del recién designado integrante de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, el ministro Haroldo Brito decretó nuevas diligencias sobre el caso, con el fin de dictar nuevas resoluciones de fondo.
Según trascendió, el magistrado decidió acotar algunos aspectos relacionados con el caso de los frentistas Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, detenidos por la ex Central Nacional de Informaciones (CNI) entre el 7 y 10 de septiembre de 1987, y sometidos a intensas torturas por cerca de un mes, para luego ser lanzados al mar.
Tras las indagaciones, el juez estaría en condiciones de modificar el número y los nombres de ex militares que en 2003 fueron procesados por asociación ilícita y secuestro por el entonces magistrado a cargo del proceso, Mario Carroza. Este magistrado encausó a diez ex agentes del organismo represivo, en una nómina que está encabezada por su propio director, el general de Ejército retirado Hugo Salas Wenzel.
Más allá de eso, una de las etapas que se encuentra más aclarada en la investigación se relaciona con el lanzamiento al mar de los cinco cuerpos sin vida de los jóvenes, quienes fueron arrojados desde un helicóptero frente a las costas de la Quinta Región, entre San Antonio y Valparaíso.
De acuerdo a fuentes ligadas al proceso, es probable uno de los objetivos de las diligencias decretadas por Brito apuntaría a acotar hasta qué punto existiría responsabilidad del mando del Ejército por estos delitos, pues algunos testimonios recopilados en el proceso señalan que fue el propio general (R) Augusto Pinochet quien dio la orden de concretar la operación.
Vínculo directo con Pinochet
En la arista relacionada de la desaparición de los restos de los cinco últimos opositores al régimen militar que tuvieron ese destino, la investigación ya cuenta con las confesiones del piloto y copiloto pertenecientes al comando aéreo de Rancagua en 1987. El primero era apodado el «Chino» Campos y el otro, identificado como el coronel Hugo Barría Roggers, ejercía hasta hace un par de semanas como agregado militar de Chile en Francia, pero está alejado de esa función a la espera de alguna resolución judicial en las próximas semanas.
Ambos habrían reconocido que fueron encomendados por su superior, el coronel retirado Aquiles Navarrete para trasladar unos «bultos» desde el Regimiento Peldehue y arrojarlos frente a las costas de la Quinta Región. Sin embargo, no sólo el hecho que el «Chino» Campos fuera por muchos años el piloto de Pinochet vinculan al ex comandante en jefe con el crimen.
Según la versión de Campos, Pinochet dio la orden de lanzar los cinco cuerpos al mar al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y éste hizo lo propio con Jorge Lucar, que a la sazón tenía bajo su responsabilidad todos los comandos aéreos de la entidad castrense. Fue así como recibió la orden el entonces jefe de la Brigada Aérea de Rancagua, general (r) Rodolfo Sánchez Rubio, quien se la retransmitió al coronel Navarrete.
Por ello, es probable que en la próxima resolución que pronuncie el magistrado pueda incorporar una nueva solicitud de desafuero contra el ex gobernante.
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