Luego que la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) hiciera ver la necesidad de pintar las murallas del recinto concesionado, “para reducir así la dureza del ambiente”, Gendarmería aprobó que se pintaran diversos motivos.
Múltiples motivos asociados a las ideas de la maternidad, medioambiente e infancia, entre otros, han sido pintados en el Complejo Penitenciario Rancagua. Esto, luego que la Comisión Defensora Ciudadana (CDC), el órgano encargado de gestionar respuestas para los reclamos ciudadanos contra la administración pública, incluyera en su informe anual de cárceles “la necesidad de utilizar pinturas de colores en patios, pasillos muros del recinto”.
“Este tipo de elementos son importantes para contribuir a la salud mental de la población penal. Este es un aspecto relevante si consideramos que hace unos años esta cárcel en particular registró un preocupante índice de suicidios. Obviamente, esta es una de varias medidas que deben cumplirse para velar por el control y seguridad de los internos”, dijo Alberto Precht, presidente de la CDC, organismo que el pasado 28 de abril concretó la visita anual al citado recinto.
El informe de 2009 de la CDC mencionó que la cárcel concesionada de Rancagua “destaca por su estándar de segregación de la población (según nivel de compromiso delictual), pero los espacios no reflejan esta hay diferenciación, sino que se usa un solo modelo para toda la población penal, sin colores ni materiales distintos del hormigón”.
Luego del mencionado informe, Gendarmería gestionó a través de algunas universidades que se dibujaran y pintaran diversos motivos acordados con los internos de las secciones de hombres adictos a drogas y mujeres, muchas de las cuales permanecen recluidas junto a sus hijos.
La visita de la Comisión Defensora Ciudadana se realiza en el nuevo contexto de inspección a los recintos penitenciarios, luego que Chile ratificara en 2009 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el cual contempla la designación por parte del Presidente de un observador de cárceles y una preocupación especial por las condiciones en que viven más de 52 mil personas privadas de libertad en Chile (que aumentan al 10% anual).
