Los organismos no gubernamentales afirman que el gobierno debe aclarar si se trata de un nuevo subsidio o si pretende unificar bajo este concepto, en un solo rubro, el actual subsidio familiar y los bonos por capacitación y trabajo.
La Asociación Chilena de ONG’s ACCIÓN realizó un análisis de los contenidos del discurso presidencial del 21 de mayo, asegurando que valoran los anuncios democratizadores, aunque llaman la atención sobre los elementos ausentes y demandan un cambio urgente de políticas que califican de erradas e improcedentes.
En esta línea, y a través de un estudio las organizaciones manifestaron su preocupación por el diseño y la forma en que se implementará del llamado «Ingreso Ético Familiar».
«Creemos que el gobierno debe aclarar si se trata de un nuevo subsidio o si pretende unificar bajo este concepto, en un solo rubro, el actual subsidio familiar y los bonos por capacitación y trabajo», manifestaron.
Desde la perspectiva de la ciudadanía organizada, las ONG’s resaltaron especialmente el séptimo de los aspectos planteados por Piñera, que plantea el «perfeccionamiento de nuestra democracia, para hacerla más vital, participativa, cercana y transparente» y valoraron, entre otros, los anuncios referidos al reconocimiento del derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero; al fortalecimiento de la democracia regional y comunal haciendo más directa y participativa la elección de sus autoridades; y a la reforma integral a la Ley de Partidos Políticos, por medio de primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado.
«Esperamos que estos anuncios se detallen y especifiquen a la brevedad, y que se contemple en su tramitación la opinión de las ONG’s y organizaciones sociales que han demandado estos objetivos por largos años», dijo Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, que reúne a más de 60 organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, advirtieron en su informe que «el discurso reflejó una grave carencia en materia de anuncios específicos referidos a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Creemos impostergable establecer urgentemente un Consejo Social que permita a los diversos actores asociativos, vecinales, municipales, gremiales y sindicales incidir y colaborar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de reconstrucción que se desarrollan en las zonas devastadas por el terremoto».
Por último, las organizaciones llamaron la atención sobre la falta de referencias a importantes procesos legislativos y demandas ciudadanas, que deberían ser asumidas prontamente por parte de la autoridad y afirmaron que no existieron palabras respecto a materias de suma urgencia, como la ley que establece medidas contra la discriminación, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la regulación legal de los conflictos de interés de las autoridades políticas y la promoción de la negociación colectiva y de la sindicalización.
