Mario Carroza tomó declaración a Manuel Araya en un cuartel policial de la localidad de San Antonio, según confirmó el abogado Eduardo Contreras, que representa a la parte querellante. Contreras no puede revelar el contenido del sumario porque es secreto, pero asegura que este martes habló con el chófer y éste le adelantó que iba a ratificar su versión.
El juez que investiga las circunstancias de la muerte de Pablo Neruda interrogó este miércoles a Manuel Araya, antiguo chofer del poeta, que asegura que el Premio Nobel de Literatura fue asesinado.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tomó declaración a Araya en un cuartel policial de la localidad costera de San Antonio, según confirmó a Efe el abogado Eduardo Contreras, que representa a la parte querellante.
Contreras no puede revelar el contenido del sumario porque es secreto, pero asegura que este martes habló con el chófer y éste le adelantó que iba a ratificar su versión.
El letrado señaló además que al parecer el juez también tenía previsto tomar declaración a la enfermera que cuidó a Neruda en su casa costera de Isla Negra, un auténtico museo abierto hoy en día a las visitas y en cuyo jardín reposan los restos del poeta junto a los de su tercera mujer, Matilde Urrutia.
Según el relato oficial de los hechos, aceptado por la familia de Neruda, el literato falleció en la clínica santiaguina Santa María debido a un avanzado cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo el presidente Salvador Allende.
Sin embargo, Manuel Araya declaró en mayo en una entrevista a la revista mexicana Proceso que el poeta murió asesinado con una inyección que le aplicó un médico y no debido a un empeoramiento del cáncer que padecía.
Ante las dudas que surgieron en torno al caso, el Partido Comunista, al que pertenecía Neruda, presentó a fines de ese mes una querella, acogida por la Justicia, para investigar si el autor de «Veinte poemas de amor y una canción desesperada» fue asesinado.
Esta investigación coincide con el desarrollo de otras indagatorias judiciales para esclarecer las muertes de dos ex presidentes chilenos, Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva, y de un ex ministro, José Tohá, todos fallecidos durante la dictadura (1973-1990).
