«En mi caso me quedan aún seis largos años para terminar con este infernal destierro. Lo considero que son absolutamente injustos, debido a que ya en Chile estuve casi de 10 años en prisión. Por lo tanto, 30 años creo que la condena esta cumplida con creces», sostuvo el otrora subversivo, quien permanece custodiado por personal de la PDI a la espera que se resuelva su situación.
Detenido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez permanece el ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Marchant Moya, luego que intentara ingresar al país pese a que cumple una condena de extrañamiento en Finlandia que no le permite regresar antes del año 2017.
Lo anterior, debido a que fue condenado primero a la pena de muerte y después a cadena perpetua tras ser responsabilizado del ataque que terminó con la vida del ex intendente de Santiago Carol Urzúa, que se registró el 30 de agosto de 1983. Ese mismo año fue detenido y permaneció en prisión hasta 1992, cuando ya en democracia su pena se conmutó, permitiéndosele cumplir una pena de 25 años fuera de Chile.
La Comisión Ética Contra la Tortura indicó que Marchant se encuentra en el terminal aéreo custodiado por personal de la Policía de Investigaciones, a la espera que se resuelva su situación, no descartándose que sea deportado.
Hasta ese lugar, se indicó, se trasladaron representantes de agrupaciones de Derechos Humanos y parlamentarios. abogados.
Asimismo, la entidad informó que el abogado Alberto Espinoza presentó un escrito al juez Joaquín Billard para que autorice su ingreso a Chile.
Consultado sobre su situación, Marchant sostuvo que «en mi caso me quedan aún seis largos años para terminar con este infernal destierro. Lo considero que son absolutamente injustos, debido a que ya en Chile estuve casi de 10 años en prisión. Por lo tanto, 30 años creo que la condena esta cumplida con creces».
La Comisión recordó además que Marchant figura en el Informe Nacional de la Comisión Nacional Sobre Política y Tortura, también conocido como Informe Valech, que reconoció la tortura a los presos políticos y la falta a un debido proceso. Pese a este informe, señala, siguió viviendo la pena de extrañamiento.
“La justicia chilena hoy debe considerar que este castigo ha sido extendido a mi familia, a mi esposa, y mis hijos, los que desde el día en que fuimos detenidos, fueron sometidos a tortura», dijo el ex mirista.
Finalmente, Marchant hizo un llamado a la iglesia, a las instituciones de Derechos Humanos, al Congreso, al gobierno a asegurar su derecho y el de su familia a vivir en Chile.
