La entidad dependiente de la Cancillería denegó la petición que formularon a fines de marzo la ONG Derechos Digitales y la Fundación Preacceso, en momentos que se lleva a cabo en Santiago una nueva ronda de tratativas para la suscripción del polémico Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. Los representantes de ambas organizaciones advirtieron que la normativa podría poner en riesgo varios derechos fundamentales y criminalizar arbitrariamente a los usuarios de la red.