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Iniciativas están sometidas a fuertes conflictos por intereses cruzados

Los tres proyectos económicos emblemáticos de La Moneda trabados por el lobby

por 16 mayo, 2012

Los tres proyectos económicos emblemáticos de La Moneda trabados por el lobby
Deuda consolidada, Tasa Máxima Convencional y la Ley de Pesca se han visto entrampados por presiones del sector privado y la falta de apoyo del mundo político.
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Reducir el límite al interés máximo que los bancos, cajas de compensación y empresas de retail pueden cobrarles a sus clientes y unificar el historial crediticio de los deudores, son dos iniciativas emblemáticas del gobierno. Pero a cinco días de que el Presidente Sebastián Piñera dé cuenta de su labor en el Congreso, las dos iniciativas se han transformado en un dolor de cabeza para el gobierno, que busca patentar su sello de fomento a la competencia y cuidado de los intereses de los consumidores.

A esas dos iniciativas hay que sumarle la Ley de Pesca —también estancada en el Congreso— que busca promover la competencia en el sector pesquero a través de la licitación de cuotas de pesca.  El negocio es controlado por 7 grupos y factura US$ 2 mil millones al año. Ha sido una obsesión del Presidente desde 1991.

Los tres proyectos tocan los bolsillos de algunos de los grupos económicos más poderosos del país y a sectores de la economía que nos les acomodan los cambios que busca La Moneda.

Las causas se cruzan. Por un lado, la fuerte presión e influencia de los sector empresariales que buscan inclinar la balanza a su favor y, por otro, diferencias al interior del gobierno y falta de acuerdos en el Parlamento para hacerlos viables.

Es el caso de la deuda consolidada. Desde la década de los ‘90 la idea de unificar el historial de pago de deuda al día de los clientes de la banca con los del retail ha sido una aspiración de los banqueros, pero los empresarios del retail han rechazado reiteradamente la idea.

El último intento fue en el gobierno de Michelle Bachelet, pero se truncó a medio camino. El Presidente Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tomaron la posta y en agosto del año pasado enviaron un proyecto al Congreso.

El proyecto de la TMC está entrampado en el Senado. Ayer el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, dijo que la llave para destrabarlo será una indicación que permita cobrar una comisión “por fuera” de la TMC, para segmentos más riesgosos, pero la idea es resistida en el comercio, pues con el escándalo La Polar y el ambiente de aversión ciudadana frente al mundo financiero, sería al menos mal visto. “Es un salvavidas de plomo”, afirma un ejecutivo del sector.

Sin embargo, a poco andar encontró resistencias. Y el lobby ha sido fuerte de los dos lados. Por una parte, el retail ha movido sus piezas y ha buscado respaldo asiduamente en el Congreso. Un parlamentario de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados asegura que el gerente general del Comité de Retail Financiero, que agrupa a las grandes multitiendas, Claudio Ortiz, ha hecho una ardua labor para convencer a parlamentarios de distintos sectores para que se rechace la idea. Un ex superintendente de la Banca e Instituciones Financieras ha operado en el mismo sentido.

El argumento es que se subsidia a la banca aprobando este proyecto, pues se le permite acceder a un grupo de clientes que el retail “educó”, apostando sus recursos, sin captar dinero de terceros como lo hace la banca. También, que se violaría la Constitución al hacer pública la información de su pago de deudas que no están morosas.

La banca no se queda atrás y tiene sus propios pesos pesados para influenciar el debate. Uno de los más criticados es Pablo Correa, ex economista jefe de Banco Santander que entró al gobierno de Piñera como asesor de mercado de capitales de Hacienda, siendo el principal impulsor de la deuda consolidada. Pero ahora está de vuelta al otro lado: a comienzos de año, dejó la cartera y volvió al banco de capitales españoles, asumiendo la división de estudios, políticas públicas y comunicaciones, algo que es criticado desde el bando contrario.

También se menciona la influencia que podría tener Jorge Awad, presidente de Lan y de la Asociación de Bancos, que trabajó por años con Piñera en el directorio de la aerolínea, cuando el mandatario era controlador junto a los Cueto.

Sin embargo, en el propio sector bancario aseguran que Awad ha sido poco activo en defender los intereses del sector. Por eso, Andrónico Luksic, dueño de Banco de Chile, líder de sector junto a Santander, estaría moviendo sus redes.

Su última contratación sería un ex ministro UDI que se sumaría a una de sus compañías y que le permitiría influir en las decisiones de ese sector en el Congreso.

El proyecto de ley, en tanto, se encuentra en un punto ciego. La ley de protección de datos personales que ingresó el ministro de Economía, Pablo Longueira, al Congreso, debe “conversar” con el de deuda consolidada, pero la presión parlamentaria, en especial del diputado Felipe Harboe (PPD), haría difícil la unión. Hasta ahora sólo se han votado un par de artículos y su discusión, dicen varios parlamentarios, se ve larga y dura.

Para el economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Alejandro Alarcón, más que presiones del mundo privado, se necesita mayor impulso en el gobierno. “Tal vez el gobierno no le ha puesto toda la fuerza que se requiere”, afirma.

El enredo de la TMC

La Tasa Máxima Convencional (TMC), en tanto, era la segunda medalla de guerra que quería presentar el gobierno. Introducida el año pasado por el Presidente Piñera y el ministro de Hacienda Felipe Larraín, el proyecto está trabado en comités parlamentarios y bajo una fuerte presión del lobby financiero. El ministro de Economía, Pablo Longueira, es ahora el que lidera el esfuerzo para que se convierta en ley, pero al parecer no todos en el gabinete están de acuerdo.

Larraín ha dicho que el gobierno continúa buscando un acuerdo con la Concertación para destrabar el proyecto. Pero Longueira ha dicho tener reparos respecto de que la tasa baje más de lo que ya planteó el Ejecutivo. El ministro de Economía dice que una tasa menor al 35% que propone el gobierno, aumentaría la concentración en el mercado y dejaría a gente de los sectores más vulnerables fuera de la banca formal.

No es sorpresa entonces que ni a la banca ni al retail les agrada el proyecto. El retail ha advertido que cientos de miles de clientes no podrán obtener más créditos en su industria si se reduce el tope de interés, que hoy es 1,5 veces el interés corriente (el promedio de tasas cobradas en el último mes) y que tiendas de tamaño mediano o chico verán un duro impacto por esta medida.

El propio Banco Central emitió en enero pasado un informe que recomendaba implementar la rebaja de forma gradual, para ir midiendo en el tiempo su impacto.

El proyecto está entrampado en el Senado. Ayer el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, dijo que la llave para destrabarlo será una indicación que permita cobrar una comisión “por fuera” de la TMC, para segmentos más riesgosos, pero la idea es resistida en el comercio, pues con el escándalo La Polar y el ambiente de aversión ciudadana frente al mundo financiero, sería al menos mal visto. “Es un salvavidas de plomo”, afirma un ejecutivo del sector.

Conocedores de la propuesta aseguran que la idea provino de BancoEstado, cuyo gerente general es Pablo Piñera, hermano del presidente, y del timonel del mismo banco, Segismundo Schulin-Zeuthen, ex presidente de Banco de Chile.

La Ley de Pesca que no llega a puerto

La Ley de Pesca es la tercera iniciativa emblemática pro competencia y consumidores que no llega a puerto para La Moneda. Ha sido una obsesión para Piñera desde su época de Senador.

En marzo de 2010 encargó a Juan Andrés Fontaine, el entonces ministro de Economía, preparar un proyecto de ley que hiciera el sector más competitivo y quitarles poder a las 7 familias que controlan el negocio que factura US$ 2 mil millones al año. El plan de Fontaine era licitar las cuotas de jurel, anchoveta y otros recursos marinos que hoy se explotan masivamente en las costas chilenas.

El grupo Angelini , el grupo Yaconi Santa Cruz, los Sarquis y Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar, son parte del "club" que controla el 80% del negocio. “Es un verdadero club de amigos que tienen cuotas asignadas y han hecho lo imposible para que no se implemente el proyecto para licitar el 50% de las cuotas existentes”, sostiene el economista Manuel Cruzat.

Los empresarios pesqueros pusieron grito en el cielo cuando vieron la propuesta, montando una dura oposición y fuerte lobby en el Congreso y a través de los medios.  El clima cambió en mayo de 2011 cuando Fontaine salió del gabinete y su cartera la tomó Longueira.  El nuevo ministro de Economía llegó a imponer una línea más política.

Un cercano a la cartera asegura que el ministro UDI ignoró la visión pro competencia de Fontaine, y decidió evitarle costos políticos al Presidente, para lo cual gestionó un acuerdo de grandes industriales y pescadores artesanales, algo que molestó a Piñera.

La gestión de Longueira, que en principio zanjaba el problema, pues los actores se dividían las cuotas de extracción y  evitaban las licitaciones, lo que encabritó el ambiente pesquero y desató las críticas de la oposición. Se espera que el Gobierno ingrese indicaciones al proyecto, aunque existen dudas de si tendrá los votos para aprobarlo.

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