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Análisis

El 21 de mayo y los ruidos de la calle

por 21 mayo, 2012

El 21 de mayo y los ruidos de la calle
La importancia de este acto radica en la sociología del ejercicio del poder político en Chile. Es un termómetro libre de todos los temas. Mide todas las temperaturas en un mismo instante, desde las adhesiones y manifestaciones callejeras hasta el aplausómetro, los lienzos y los gritos de la galería durante el plenario. Y parte importante de su contenido se mide por la longitud del Mensaje o la dimensión de los bonos económicos que se otorgan, instrumento mágico para aplacar demandas intensas. Todo es percepciones, imágenes y símbolos. El contenido sólo es referencial.
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Pocas veces en la historia política nacional se ha mencionado la palabra responsabilidad política sin atender con rigurosidad a lo que ella significa en una democracia. Y en pocas también se ha visto trazada con tanta nitidez la brecha de percepciones que separa a la ciudadanía de los dirigentes políticos. El impecable match de improperios, algunos elaborados y otros burdos, cruzados entre oposición y oficialismo como atmósfera previa del Mensaje Presidencial, denotan la desorientación de la elite.

Más allá de la pretensión de dignidad republicana de algunos gestos que bordean lo ridículo, el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo es considerado, y de hecho lo ha sido, como uno de los ritos más solemnes de nuestra democracia y, por lo tanto, un momento de unidad y pertenencia democrática.

Sin embargo, en estricto rigor, no pasa hoy de ser una ceremonia formal y acartonada para una sociedad veloz y convulsionada en sus formas, en que el Ejecutivo ocupa la tribuna parlamentaria para hablar de lo que quiere, sin otra connotación que hacer un discurso programático sobre lo hecho, lo que se desea hacer y, a veces, lo que no ha podido hacer por culpa del obstruccionismo. Todo sin posibilidad de debate institucional, sin aprobación o rechazo formal, y sin generarle a quien lo pronuncia ningún compromiso u obligación constitucional. En su esencia, ese mensaje es el espejo más fiel del presidencialismo autoritario y del centralismo político del país.

Su importancia hoy radica en la sociología del ejercicio del poder político en Chile. Es un termómetro libre de todos los temas. Mide todas las temperaturas en un mismo instante, desde las adhesiones y manifestaciones callejeras hasta el aplausómetro, los lienzos y los gritos de la galería durante el plenario. Y parte importante de su contenido se mide por la longitud del Mensaje o la dimensión de los bonos económicos que se otorgan, instrumento mágico para aplacar demandas intensas. Todo es percepciones, imágenes y símbolos. El contenido sólo es referencial.

El problema es que el país va en otra dirección, percibe una necesidad de cambio y demanda referencias coherentes.

Es difícil imaginar que el Presidente de la República no se refiera en su discurso de hoy a estos y otros temas, como la transparencia, el diferendo de límites con el Perú, el crecimiento económico, el empleo, y muchas otras cosas. Más difícil es imaginar que reconozca que el Ejecutivo es adalid en el incumplimiento de la Ley de Transparencia; que reconozca que el ministro de Defensa no administra su sector, sino su campaña presidencial; que tiene demasiados sucesores en su gabinete y todos en campaña, que la gente lo está pasando mal en las poblaciones porque el 60% de los que tienen trabajo estable está debajo de la línea de pobreza, y que su baja popularidad no afecta el talante de sus decisiones.

Un ejemplo es la gratuidad en la educación. Los políticos responsables, entre los que se cuentan partidarios del gobierno y de la ex Concertación, dicen que la gratuidad se ha demostrado como mala receta en todas partes. Y piden un debate que empiece en los pobres para acercarlos, con becas y créditos (en la medida de lo posible) a los más ricos y su educación de calidad. Craso error. Lo que la gente y los líderes estudiantiles piden empezar el debate desde la gratuidad y la calidad como derechos constitucionales, y de ahí para abajo introducir las correcciones que la equidad obligue. Eso es simbólico para ellos y determina una visión diametralmente opuesta a la que tiene la elite.

El país también pide una reforma regional radical, que redistribuya el poder político de una manera más igual entre las regiones y el centro, y permita la emergencia de las sociedades locales. Tal demanda incluso es más intensa que la reforma electoral. El Ejecutivo y el Parlamento actual, sin mayores distinciones entre sectores políticos, discuten una reforma de los gobiernos regionales que no trae la elección directa de los intendentes, que merma las atribuciones de los consejeros regionales en materia presupuestaria y que no flexibiliza el gobierno interior del país. Para atender, entre otras cosas, territorios ambiental y geológicamente frágiles, tema que está en el centro de la discusión sobre  responsabilidades a propósito del tsunami del 27/F. De la reforma política, nadie se acuerda, menos en período electoral.

La presión de la gente frente a los abusos del mercado ha permitido avance en materias muy importantes como el Sernac Financiero. Pero en su tarea de construir una institucionalidad que impida que se repitan casos como el de La Polar, gobierno y oposición, de manera inadvertida, generaron una ley que solo obliga a las empresas a mantener información financiera hasta cinco años hacia atrás, decretando una verdadera amnistía de información fuera de ese plazo. Además de perderse el histórico financiero de las empresas, fundamental como herramienta de análisis del desarrollo del país, un escándalo similar al de La Polar no se podrá investigar, pues dentro de cinco años empezaran a perderse los datos de hoy.

Es difícil imaginar que el Presidente de la República no se refiera en su discurso de hoy a estos y otros temas, como la transparencia, el diferendo de límites con el Perú, el crecimiento económico, el empleo, y muchas otras cosas. Más difícil es imaginar que reconozca que el Ejecutivo es adalid en el incumplimiento de la Ley de Transparencia; que reconozca que el ministro de Defensa no administra su sector, sino su campaña presidencial; que tiene demasiados sucesores en su gabinete y todos en campaña, que la gente lo está pasando mal en las poblaciones porque el 60% de los que tienen trabajo estable está debajo de la línea de pobreza, y que su baja popularidad no afecta el talante de sus decisiones.

Lo que no se espera es que su discurso sea parte del show mediático entre oficialismo y oposición en torno al 27/F, pues ahí Sebastián Piñera no tiene nada que ganar, excepto si reconoce que comparte por igual responsabilidades políticas con Bachelet y los anteriores mandatarios, pues fue el país el que colapsó ese día, junto con un estilo centralista de gobernar. De lo contrario, seguirá fuera de contexto social, como parte del juego de los políticos. Sin percibir que los ruidos de la calle vienen con otra entonación.

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