El lunes cerca de las 21:00 horas y después de 10 meses, esa cartera respondió a un grupo de abogados de la Universidad de Chile que pedían investigar el tema que forma parte del corazón de las demandas estudiantiles. Sin embargo, los profesionales aseguran que en su réplica, el ministro Harald Beyer “no cumple con el Estado de Derecho, ni con la sujeción a la Constitución y las leyes que todo Ministro de Estado, como autoridad pública, debe cumplir, con lo cual se acredita, por escrito, que incurre en causal de acusación constitucional”.
Una de las hebras que estudian algunos diputados para acusar constitucionalmente al ministro de Educación Harald Beyer, son las denuncias que un grupo de abogados de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile presentó el año pasado. Estas solicitaban que se investigara la existencia de lucro en las universidades privadas.
Después de 10 meses esa cartera respondió a la solicitud de los profesionales vía e-mail y de la mano del Jefe de la División de la Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte (ver documento adjunto), quien señaló que el requerimiento se traduce en un cuestionamiento global del sistema de educación superior en Chile sin que contenga hechos concretos para activar un proceso de investigación. En la misiva, esa cartera argumenta que la incorporación de nuevos socios a las corporaciones universitarias, que aporten capital, no se traduce en un acto contra la ley.
El correo electrónico enviado el lunes cerca de las 21:00 horas, además se refiere a la presentación enviada en octubre, respecto a que el retiro de utilidades se realizaría, entre otras formas, por la vía de celebrar actos y contratos con sociedades relacionas provocándole un detrimento a la corporación. Esta es una “situación imposible de probar a través de los balances o estados financieros”, según el Mineduc.
Esta respuesta llega justo cuando el lunes diputados —en su mayoría los mismos que conformaron la conocida comisión investigadora del lucro— comenzaron a tejer los posibles caminos para acusar constitucionalmente al ministro Beyer por “dejar de cumplir las leyes”.
En cuanto a la necesidad de contar con una denuncia concreta para poder investigar, según ha señalado el secretario de Estado en varias oportunidades, los especialistas insisten en que el ministro tiene atribuciones para actuar de oficio; es decir, con iniciativa propia.
Para los juristas que hicieron la denuncia en 2011, en esta respuesta sólo se confirma —esta vez por escrito— que el Mineduc y el propio ministro Beyer “desconocen la ley, ya que se niega a fiscalizar y a dar curso a las diligencias concretas solicitadas”, enfatizan los abogados.
[cita]Carola Canelo, una de las abogadas denunciantes, advierte que “resulta grave que el ministro haya demorado más de 10 meses en dar una respuesta, y más grave aún, una respuesta negativa de fiscalización. Lo que demuestra la falta de conocimiento del rol que conforme a la ley le corresponde, dejando en evidencia una profunda confusión conceptual. Podemos decir que de haber tenido el ministro la convicción de que no tiene facultades de fiscalización, como erradamente lo señala, habría dado pronta respuesta a nuestra solicitud y no habría demorado más de 10 meses para justificar una negativa”.[/cita]
Carola Canelo, una de las abogadas denunciantes, advierte que “resulta grave que el ministro haya demorado más de 10 meses en dar una respuesta, y más grave aún, una respuesta negativa de fiscalización. Lo que demuestra la falta de conocimiento del rol que conforme a la ley le corresponde, dejando en evidencia una profunda confusión conceptual. Podemos decir que de haber tenido el ministro la convicción de que no tiene facultades de fiscalización, como erradamente lo señala, habría dado pronta respuesta a nuestra solicitud y no habría demorado más de 10 meses para justificar una negativa”.
En el correo, la autoridad de Educación precisa como un paso destacable, que en noviembre del año pasado ingresara al Congreso un proyecto de ley que crea una Superintendencia con poder de fiscalización.
Ante esto, otro de los profesionales denunciantes, Miguel González, reitera que contrariamente a lo argumentado por el ministro, en dicho proyecto de ley la Superintendencia tendría menos atribuciones de fiscalización y sanción que las que tiene hoy el propio Ministerio de Educación. “La Superintendencia no tendría la facultad de cancelar la personalidad jurídica de una universidad infractora, que hoy sí tiene el ministro. Asimismo, las universidades fiscalizadas podrían impugnar las decisiones y sanciones de dicha Superintendencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso ante la Corte Suprema, lo que dilataría aún más los procesos sancionatorios en materia de fiscalización”, afirma González.
Su colega, Joaquín Polit, suma más razones para considerarla errada: “La respuesta del ministro es además grave en su contenido, por cuanto confunde las normas legales invocadas, usa las expresiones “accionistas” y “aporte de capital” para referirse a los miembros de una universidad, lo cual denota una profunda confusión respecto de la naturaleza jurídica de las universidades y con ello de la prohibición de perseguir fines lucro que las rige desde 1981”. Es por esto que, en opinión de los profesionales, el ministro demuestra que “no cumple con el Estado de Derecho, ni con la sujeción a la Constitución y las leyes que todo Ministro de Estado, como autoridad pública, debe cumplir, con lo cual se acredita, por escrito, que incurre en causal de acusación constitucional”.
Pero la denuncia de estos tres profesionales de la Universidad de Chile no es la única que se presentó el año pasado. A esta se agrega la de otro abogado, Eric Palma, doctor en Derecho; y de José Ojeda, académico de la U. de Chile, quienes también pidieron fiscalizar.
En el caso de esta presentación, de acuerdo a Palma, no ha habido respuesta hasta hoy. Según los profesionales, la réplica ajustada a derecho no es que el ministro pida que las universidades les remitan sus balances, sino que acepte o deniegue todas y cada una de las diligencias de investigación que solicitaron y describieron detalladamente la presentación.
“Hasta el día de hoy no se ha dado tramitación a la solicitud, violando gravemente la ley N° 19.880. Ello implica que no está ejerciendo su deber de fiscalización. La falta de fiscalización implica dejar sin ejecución la ley que regula a las Ues privadas como personas jurídicas sin fines de lucro”, explica Palma y suma datos: “Nosotros vamos a seguir el procedimiento que en derecho corresponda, por lo tanto, llevaremos esta cuestión hasta sus últimas consecuencias… La inacción del Ministro configura claramente una de las causales de acusación e incluso puede llegar a configurar el caso de responsabilidad civil del Ministro. De hecho, si llega a configurarse esta hipótesis, no descartamos acudir al Senado en este sentido”.
