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Ayer hizo revelaciones ante comisión investigadora de la Cámara

Testimonio clave desacredita versión del director del SII sobre su rol en perdonazo a Johnson’s

por 7 agosto, 2012

Testimonio clave desacredita versión del director del SII sobre su rol en perdonazo a Johnson’s
La ex directora de Grandes Contribuyentes (DGC) del servicio, Mirtha Barra, también echa por tierra la supuesta inhabilitación en la operación del segundo a bordo del servicio, Mario Vila. Detallando reuniones, conversaciones y acuerdos, la funcionaria pone en jaque al gobierno, ya que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respaldó públicamente a Pereira. También devela el desconocido rol de la Tesorería en la operación, cuyo titular fue alto ejecutivo de Banco Ripley, vinculado a la familia Calderón, así como la participación del Banco de Chile. Una caja de pandora que recién empieza a destaparse.
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La tarde del viernes 19 de agosto de 2011, la recién asumida directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Mirtha Barra, fue invitada a una reunión junto al director Julio Pereira, el subdirector jurídico, Mario Vila y el subdirector de fiscalización, Iván Beltrand.

Allí, se le dio la bienvenida oficial y también se le informó de una decisión que hoy tiene en el banquillo a la entidad recaudadora: el perdonazo a la empresa Johnson’s.

Los detalles de esta cita fueron parte de la declaración que la contadora auditora y hoy ex directora de la DGC, dio frente a la Comisión investigadora de Grandes Contribuyentes y Condonaciones efectuadas por el SII en los últimos años, presidida por el diputado Fuad Chahín (DC). Testimonio que echa por tierra la versión que el propio Pereira dio la semana pasada ante la comisión, donde aseguró no haber tenido participación alguna en el caso, así como la supuesta inhabilitación de Vila declarada mediáticamente por el SII, ya que el relato de Barra detalla reuniones y actividades que dejan en claro que ambos estaban al tanto del acuerdo, que participaron activamente en que se concretara, y que el subdirector jurídico estuvo lejos de inhabilitarse.

Es más, según lo detallado por Barra, y a diferencia de la información proveniente desde el SII, el rol de la DGC se limitó más bien a impulsar que se cumplieran las condiciones que ya estaban acordadas para el polémico perdonazo.

La versión de la profesional pone en serios problemas a ambos directivos, acusados por los propios funcionarios del servicio de enfrentar conflictos de interés en este caso por su labor en la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) antes de ingresar a la administración pública, ya que fue PwC la que asesoró a Johnson’s en la estrategia tributaria adoptada en 2001 para evitar pagar impuestos. Vila asesoraba a la compañía de retail en estos temas, pues trabajó en PwC en el Departamento de Asesoría Legal y Tributaria hasta el 2010, junto a Pereira, quien era socio de la firma cuestionada en el caso La Polar. De hecho, Vila no fue un simple consultor, sino que también representó como abogado patrocinante a la compañía en causas en que se enfrentaba al SII.

No sólo eso. Las declaraciones de Barra también ponen en jaque al gobierno, ya que y tras un incómodo silencio, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio su público espaldarazo a Pereira luego que se dieran a conocer antecedentes de que este había accedido a los detalles y participado en la tratativas para llevar a cabo la operación.

Una decisión ya cocinada

Según el relato de la funcionaria, en el encuentro del 19 de agosto se le informó sobre la decisión ya tomada de condonar los intereses y multas para la multitienda y se le instruyó que esto se concretaría si se cumplían tres condiciones: que la empresa —controlada entonces por la familia Calderón— se desistiera de todos los juicios pendientes con el SII, pagara 8 millones de dólares al servicio y que la condonación de intereses y multas alcanzara a alrededor del 98%.

Según el relato de la funcionaria, en el encuentro del 19 de agosto se le informó sobre la decisión ya tomada de condonar los intereses y multas para la multitienda y se le instruyó que esto se concretaría si se cumplían tres condiciones: que la empresa —controlada entonces por la familia Calderón— se desistiera de todos los juicios pendientes con el SII, pagara 8 millones de dólares al servicio y que la condonación de intereses y multas alcanzara a alrededor del 98%.

Además, “se me señaló que debía mantener informado del desarrollo del proceso a los asistentes a la reunión”, entre quienes se encontraban Pereira y Vila, “que ese proceso debía culminar a la brevedad” y que el encargado del proceso era Iván Beltrand, todo lo cual fue expresado por este último “con el asentimiento expreso de los otros concurrentes, ya fuera aclarando, ampliando o reiterando lo que expresaba”.

Un par de días después, el 24 de agosto se realizó una reunión entre el equipo de Grandes Contribuyentes (Mirtha Barra, Elena Amaya, Patricio Soto y Norberto San Martín) y los representantes de Johnson’s, los abogados de Carey & Cía, Alex Fisher y Boris León, donde se hizo una presentación por parte de la DGC “y se insistió principalmente en los términos de la condonación”, que incluían pagar los 8 millones de dólares y desistirse de los reclamos.

El 1 de septiembre Mario Vila se reunió con el equipo DGC con el fin de que se diera cuenta de lo que ya se había avanzado en el caso. Allí Vila “se refirió al tratamiento de los incobrables y lo establecido en el artículo 31 Nº 4 de la Ley de Renta, haciendo una comparación con el caso La Polar y si eran aplicables o no las normas sobre Bancos e Instituciones Financieras. Don Norberto San Martín le hace el alcance de que ello no es aplicable y que el caso Johnson’s ya está resuelto. Tanto el sr. Vila como el sr. Beltrand se mostraron satisfechos con el avance del caso”.

El rol de la Tesorería General de la República

Desconocida hasta ahora, era la participación en el perdonazo a la multitienda de la Tesorería General de la República, que desde mayo del año pasado es dirigida por el ingeniero comercial Sergio Frías Cervantes.

Coincidencia o no, Frías fue hasta 2009 gerente de finanzas del Banco Ripley, entidad entre cuyos dueños está Marcelo Calderón, el mismo que a fines de 2011 vendió el 85% de Johnson’s a Horst Paulmann.

Aunque en lo formal Frías no participó, las declaraciones de la ex jefa de la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII revelan que la Tesorería tuvo directa injerencia en el proceso, al menos desde el 8 de octubre de 2011.

Ese día, el jefe de gabinete y la jefa del departamento de operaciones de esa entidad, Víctor Vidal Gana y Paulina Galecio, respectivamente, se reunieron con Barra y Beltrand, donde conocieron detalles de la negociación con Johnson’s, entre ellos, del acuerdo preliminar para que la multitienda pagara US$ 8 millones.

Barra cita una conversación con Pereira del 21 de octubre, en la cual le solicita intervenir ante la Tesorería para la condonación, que era del 99%.

Las reuniones e intercambios continúan en las semanas siguientes, con intercambios entre Galecio y el SII hasta el 7 de diciembre en que se zanjan los temas tributarios del acuerdo con Johnson’s.

Banco de Chile se sienta a la mesa

Otro nuevo actor en esta historia es el Banco de Chile. En una reunión celebrada el 28 de septiembre con Johnson’s, el abogado de la multitienda, Alex Fisher, expresa lo delicado de la situación financiera de la compañía, pero señalando que pagarán los 8 millones de dólares, y que siguen con “el acuerdo que habían efectuado con don Julio Pereira de una condonación relevante para sanear la situación tributaria de la empresa. Agregan que el Banco de Chile financiará la operación”, relataba Barra.

Según ella, se concuerda que el pago se realizaría el 30 de septiembre, lo que finalmente no se concretó. Esto es informado por la directora de la DGC el 4 de octubre al director del SII.

La funcionaria de carrera, con 33 años en el servicio, detalla que el 14 de octubre se concertó una reunión con el Banco de Chile, “por instrucción expresa” de Julio Pereira, “quien me había llamado telefónicamente para tal propósito el 13 de octubre”.

A la cita, que se efectuó en las oficinas de la DGC, asistieron el gerente General del Banco de Chile, Arturo Tagle, el gerente de la División de Riesgos del banco, Mauricio Baeza, el director de Johnson’s, Fernando Pacheco y miembros de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El propósito era “comentar a los representantes del Banco de Chile de la validez y seriedad del acuerdo existente entre el SII y Johnson’s y que este se mantenía vigente”, así como información sobre el acuerdo, que implicaba una reorganización de la empresa “con lo cual se lograría el saneamiento tributario de la misma”.

El 20 de octubre, Mirtha Barra comunicó a Pereira “que había una alta probabilidad de que el pago fuera realizado al día siguiente”.

Al día siguiente Barra solicitó la intervención de Pereira con la Tesorería General de la República por la condonación, detallándole que se pagarían 8 millones de dólares y que el porcentaje de condonación era del 99%, “acompañándole una solicitud de condonación que había presentado Johnson’s”. El director, explicaba la mujer, le respondió que “es fundamental que se efectúe el pago efectivo y total de los atributos adeudados. Sin pago efectivo no hay devolución”.

Luego, Barra envió una planilla a Beltrand con copia a la jefa de Operaciones de la Tesorería General de la República, Paulina Galecio, que detallaba unas 50 órdenes de pago (giros) del caso, advirtiéndole que había giros pendientes de emisión.

El 24 de octubre, en una reunión con Mario Vila y Beltrand, Barra daba cuenta de que Johnson’s efectuaría el pago de los 8 millones de dólares ese día, lo que efectivamente hizo. Vila “me hace consultas referidas a los giros en dólares (impuesto adicional) y respecto de lo cual le di las informaciones que correspondían”.

La última acción que cita la contadora pública relativa a la operación que le permitió a la compañía ahorrarse 119 millones de dólares en intereses y multas, se realiza el 7 de diciembre, y corresponde a la emisión de una resolución que resuelve positivamente la solicitud de la empresa respecto de la imputación de los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA).

Dos días después, el holding Cencosud anuncia el acuerdo con Johnson’s, que lo convirtió en el controlador de la propiedad.

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