El Presidente de la República se reunió con empresarios australianos en el Hotel Intercontinental de Sidney, durante su visita de Estado a Australia. «Tenemos proyectos en la minería por más de 100 mil millones de dólares, pero tenemos dos dificultades: la energía y el agua», subrayó el mandatario. Por su parte, la titular de Ambiente, María Ignacia Benítez, criticó la decisión adoptada por el máximo tribunal del país señalando que su razonamiento “incurre en errores y eso es complicado”.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, advirtió que a los inversionistas extranjeros les preocupa la falta de “seguridad jurídica” que hay en Chile. Esto, en referencia al fallo de la Corte Suprema en contra de la construcción de los proyectos Central Termoeléctrica Castilla y Puerto Castilla que se pretendía construir en la región de Atacama.
«En la reunión con los empresarios, ellos plantearon algunas preocupaciones. Entre ellos, los temas de energía, los temas de agua y los temas de seguridad jurídica. Y compartimos con ellos la estrategia que el gobierno está siguiendo para resolver estos problemas», señaló.
El mandatario, en reunión reservada con empresarios en el Hotel Intercontinental de Sidney, durante su visita de Estado a Australia, hizo un llamado a impulsar el crecimiento económico en Chile y reconoció que «tenemos proyectos en la minería por más de 100 mil millones de dólares, pero tenemos dos dificultades: la energía y el agua».
En ese sentido, el jefe de Estado destacó los alcances de la Estrategia Nacional de Energía que «apunta a una matriz energética más limpia, más económica y más segura para los próximos 20 años, porque no hay problema energético durante el Gobierno que tengo el honor de presidir, lo que estamos haciendo hoy día es levantar la vista para evitar que futuros gobiernos tengan problema en materia de energía».
La iniciativa, dijo, «incorpora no solamente construir nuevos embalses, sino que también aprovechar mejor los acuíferos naturales que tenemos en nuestro país y obtener nuevas fuentes de agua, como la desalinización y el reciclaje del agua (…) tanto en agua como en energía, tenemos que implementar políticas de eficiencia en su uso».
«Éstas son políticas de Estado, que requieren contar con el apoyo y la comprensión de todos los chilenos (…) ningún Gobierno puede dejar de levantar la vista y preocuparse de enfrentar hoy día los problemas que pueden frenar el desarrollo y el crecimiento de Chile en los próximos años», concluyó.
En entrevista con El Mercurio, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, criticó el fallo de la Corte Suprema que paralizó la construcción de la Central Castilla, asegurando que el razonamiento del máximo tribunal “incurre en errores y eso es complicado”.
“El fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”, indicó la secretaria de Estado.
“El fallo habla de fraccionamiento de proyectos. La reforma a la Ley dice que el fraccionamiento de proyectos sólo está prohibido cuando se utiliza como una manera de no ingresar un tema al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o sea que un proyecto que se fracciona para no ingresar algunas de las partes. Ahí se prohíbe el fraccionamiento. La Ley también impide que tú eludas la forma de ingresar, es decir, que tú ingreses un proyecto a través de una declaración y no un estudio”, agregó la autoridad.
“En este caso se trata de una central y un puerto, y ambos ingresaron mediante estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no hay vulneración ni infracción. Por otra parte, el fallo dice que hay una parte del proyecto que no fue evaluada, que es la conexión entre el puerto y la central, y el transporte de carbón y petróleo. Yo puedo garantizar que eso sí se evaluó y en su totalidad con línea base y los impactos que genera, por lo tanto ahí hay un error y ese es el problema que se genera”, reparó Benítez.
En esa línea, dijo que el fallo de la Corte Suprema entró a un terreno que es de competencia de la administración medioambiental. “Sustituir al organismo técnico no corresponde, porque la institucionalidad queda en entredicho (…) si el fallo dice que esto es contaminante y no molesto, o que el proyecto debe tramitarse en uno solo, ¿entonces dónde queda el organismo técnico? Esa decisión corresponde al SEA y la Superintendencia de Medio Ambiente lo debe fiscalizar para que así sea”.
