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En informe final evacuado en agosto pasado

Contraloría confirma feroz desorden en recursos destinados a actividad cultural en municipio de Valparaíso

por 18 octubre, 2012

Contraloría confirma feroz desorden en recursos destinados a actividad cultural en municipio de Valparaíso
Entre otras anomalías, el órgano contralor concluyó que gastos por casi mil millones de pesos no fueron aprobados por la Dirección de Control del municipio liderado por Jorge Castro (UDI), lo que implica que el funcionario observó que eran ilegales, así como la existencia de tratos directos que no se justificaban. Problemas que ya habían sido anunciados a través de un preinforme que este medio publicó en mayo pasado.
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Gastos por casi mil millones de pesos que no contaron con la aprobación de la Dirección de Control del municipio de Valparaíso, tratos directos que no correspondían y gastos sin suficiente documentación de respaldo, fueron confirmados en el informe final de la investigación especial llevada a cabo por la Contraloría General de la República en torno al Fórum de las Culturas de 2010 impulsado por la municipalidad liderada por el alcalde, Jorge Castro (UDI).

Las conclusiones del órgano contralor, emitidas el 8 de agosto pasado, ratifican el preinforme evacuado en marzo de este año y publicado por El Mostrador, donde se detectaba un feroz desorden en recursos destinados a la actividad cultural que se realiza cada tres años y cuyo objetivo es generar una discusión amplia y colectiva sobre la ciudad. Contraloría recibió las observaciones y descargos del municipio, que en su mayoría fueron desechadas, ya que se mantuvieron las observaciones y además se ordenó la instrucción de sumarios.

Pagos ilegales

El Fórum de las Culturas es promovido por la Fundación Fórum Universal de las Culturas, y para llevarlo a cabo el municipio recibió financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), del Gobierno Regional de Valparaíso (GORE) y del Consejo Nacional de Televisión (CNT), que se comprometieron a transferir a la entidad edilicia recursos por $ 1.577.191.469.

El examen de la Contraloría, que se inició tras una denuncia realizada por el diputado Aldo Cornejo (DC), se hizo sobre $ 977.191.469, ya que los otros $ 600.000.000 restantes fueron objeto de una auditoría aparte. Según consta en el informe, se analizó el 100 % de los gastos rendidos por la municipalidad de Valparaíso a septiembre de 2011, fecha en la cual se habían recibido $ 971.879.469, equivalentes al 99 % del universo de los recursos convenidos, de los que se habían rendido $ 964.895.607.

Pagos, que según confirma el informe final de Contraloría, luego de analizar la documentación que los respalda, no cuentan “con la aprobación del Jefe de la Dirección de Control. Sobre esta situación, además se constató que este último funcionario había informado mediante correos electrónicos al Jefe de la Dirección de Administración y Finanzas (s), la falta de aprobación de los decretos de pagos”, ya que estos vulnerarían la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Lo que se traduce en que el Jefe de Control, Humberto Castellana, observó que estos pagos eran ilegales.

Tratos directos injustificados

Según se observó en la investigación, la modalidad de contratación de todos los servicios que generaron los gastos rendidos, “se contrataron mediante trato directo, aun cuando en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Valparaíso, de 15 de octubre de 2010, se había acordado llamar a licitación privadas para 10 proyectos asociados al programa”.

Según concluyó Contraloría “la municipalidad no demostró la existencia de los decretos alcaldicios que autorizan contrataciones por la suma de $ 791.026.136, por lo que éstas no fueron debidamente justificadas ni acreditadas las circunstancias que concurrieron para efectuar la contratación”.

Como regla general los contratos administrativos deben suscribirse previa propuesta pública, no obstante, se admite de manera excepcional el trato directo, para lo que es necesario que el acto administrativo que apruebe la correspondiente contratación precise, en forma fundada, los elementos que hacen necesario recurrir a esa vía.

Pero, según concluyó Contraloría “la municipalidad no demostró la existencia de los decretos alcaldicios que autorizan contrataciones por la suma de $ 791.026.136, por lo que éstas no fueron debidamente justificadas ni acreditadas las circunstancias que concurrieron para efectuar la contratación”.

Rechazando así el argumento municipal que argüía a que no se dictaron los decretos necesarios por la demora en la entrega de recursos por parte del GORE y a la urgencia de contar con los servicios requeridos ya que el evento debía iniciarse impostergablemente el 22 de octubre de 2010, e ítems como alojamiento y transporte de los participantes debían contratarse con anterioridad. “Dichas situaciones impidieron incluso convocar a la propuesta privada autorizada por el Concejo Municipal”.

Como estos argumentos no fueron suficientes, el órgano liderado por Ramiro Mendoza ordenó a la sede consistorial “instruir un proceso disciplinatorio a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron que se produjera la situación observada”.

En cuanto a otras anomalías por la suma de $ 97.713.949, que consignaba el preinforme y que estaban relacionadas con decretos de pagos que no fueron acompañados con la documentación necesaria, el informe final objetó gastos por $67.188.949 de ese total, ordenando al municipio remitir la rendición de cuentas correspondiente. En caso contrario, se formularían reparos, ya que dichos pagos “carecen de la debida documentación de respaldo”.

Por otra parte, también se constató que una serie de contrataciones aprobadas por decretos alcaldicios no fueron publicadas en el Sistema de Información mercadopublico.cl, así como tampoco los términos de referencia o especificaciones técnicas de las actividades a realizar. En algunos casos este trámite sí se realizó, pero varios meses después de finalizada la actividad y los servicios.

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