Ambas colectividades de oposición concuerdan en señalar que la violencia no se combate con “la represión ciega e interpretaciones sobredimensionadas”, debido a que esto lleva a una mayor confrontación, por lo que se hace imprescindible que el Estado, con el conjunto de la sociedad, atiendan las demandas y los derechos de los pueblos originarios y se cumplan los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas.
El PPD y el PC concordaron en rechazar las acciones represivas, anunciadas por el Gobierno, en la zona de conflicto mapuche tras el atentado que costó la vida al matrimonio Luchsinger-McKay, explicando que esto provocará un aumento de la violencia. En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dio señales de un endurecimiento en la lucha contra el terrorismo al señalar que perseguirán a los responsables “donde estén y no vamos a doblar los brazos hasta encontrarlos”.
Luego del ataque incendiario contra la vivienda del matrimonio compuesto por el empresario agrícola Werner Luchsinger Lemp, y su esposa, Vivianne McKay, en Vilcún, el PPD lo calificó como un hecho “cobarde” y uno de los más graves ocurridos en los últimos años.
Sin embargo, la tienda opositora trató de equiparar la situación con las muertes de los comuneros mapuches Matías Catrileo, Alex Lemun y Jaime Mendoza Collio, añadiendo que «el Estado de Chile es responsable de encontrar los medios y la forma de encontrar una solución pacifica a este conflicto».
A su vez, rechazó la tesis planteada por el Gobierno en torno a que en La Araucanía se vive un clima de “guerrilla rural”, afirmando que «La Araucanía no es un territorio en guerra. Nos parece un error profundo invocar nuevamente la Ley Antiterrorista y tampoco el aumento desmedido de la fuerza policial. El Partido Por la Democracia apoya decididamente la postura del Instituto de Derechos Humanos que ha señalado que no existe terrorismo en Chile».
«El PPD rechaza las posturas de instalar el Estado de Sitio y llevar fuerzas militares a la región. Seguir esta vía sería dar la razón a quienes quieren instalar una lógica de la violencia para resolver los conflictos históricos», precisa la tienda opositora a través de un comunicado.
Asimismo, advierten que el atentado contra el matrimonio Luchsinger-McKay “no es de la autoría del pueblo mapuche”, por lo que llamaron al diálogo y a la mesura, ya que “sólo este camino y el de una política indígena destinada a aumentar los derechos políticos y sociales puede permitir una convivencia pacífica en la región de La Araucanía, el pueblo mapuche y el pueblo chileno tienen vocación de paz y concordia”.
En tanto, el PC también rechazó el asesinato de la familia de agricultores en Vilcún, afirmando que este tipo de hechos no contribuyen en avanzar en buscar soluciones que las comunidades indígenas requieren.
Sin embargo, el partido de izquierda precisa que no se puede obviar que este hecho forma parte de la “grave situación que aqueja a la Región de La Araucanía y especialmente a las comunidades mapuches y por ello, el ejercer las acciones judiciales necesarias y hacer esfuerzos por detener la violencia en la zona, no puede significar dejar de atender los problemas y soluciones que necesitan los pueblos originarios”.
En ese sentido, el timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, dijo que “así como la violencia no es el camino, tampoco lo es la represión ciega e interpretaciones sobredimensionadas que lleven a una mayor confrontación” y que “lo que se hace imprescindible es que el Estado, con el conjunto de la sociedad, atiendan de una vez por todas las demandas y los derechos del pueblo mapuche y se cumplan los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas”.
El presidente del Partido Comunista exhortó a que “en estos días se respeten los derechos de las comunidades indígenas y de los ciudadanos, junto con el desarrollo de las diligencias necesarias por el caso del atentado incendiario”.
Gobierno da señales de endurecimiento contra grupos violentistas
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, endureció el tono contra los grupos violentistas que operan en la zona de conflicto mapuche, afirmando que el Gobierno no renunciará a la utilización de “ninguna medida, ninguna acción que la Constitución, la ley y el estado de derecho nos posibilite”.
En tal sentido, el secretario de Estado explicó que a pesar de las presiones de distintos sectores de la zona, como parlamentarios y dirigentes gremiales, el Ejecutivo no la considera “por el momento”, pero sí se está evaluando en La Moneda.
Chadwick explicó que no se ha logrado mayor eficacia en controlar los hechos de violencia en la zona, debido a que “la lucha contra el terrorismo en el mundo no es fácil, pero la vamos a dar y los vamos a perseguir donde estén y no vamos a doblar los brazos hasta encontrarlos”.
Respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista y la crítica que ha generado en actores de la oposición, Chadwick señala en El Mercurio que “cuando estamos en presencia de acciones terroristas y de movimientos terroristas, resulta indispensable aplicar la legislación antiterrorista que democráticamente hemos dado para tener herramientas eficaces contra ellos”.
En ese sentido criticó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual ha deslegitimado la legislación antiterrorista, afirmando que “es una ofensa al Congreso Nacional, porque esa ley ha sido modificada, ya en dos oportunidades, por el Congreso. Todos los países democráticos tienen ley antiterrorista y es indispensable para defendernos de estas acciones”.
