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Gobierno dilata salida de director de SII en espera de informe

El repetido libreto de errores forzados de La Moneda ante los casos de conflictos de interés

por 31 enero, 2013

El repetido libreto de errores forzados de La Moneda ante los casos de conflictos de interés
Es inevitable no creer que es una mera coincidencia que la decisión de La Moneda de esperar al informe de Contraloría, esté unida a la columna que Pereira publicó en El Mercurio el día martes, donde sentenció que "el más mínimo respeto al debido proceso y a las instituciones, tantas veces invocado en los distintos foros, exige esperar que ese sumario sea resuelto". De más está decir que ‘el decano’ en su sección de opinión es una tribuna que está lejos de ser masiva, aunque se usa como plataforma de mensajes, recados y señales entre los diversos actores del mundo político, especialmente en la derecha.
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Los conflictos de interés han sido el verdadero y permanente dolor de cabeza de la administración de Sebastián Piñera. Hoy, la cuestionada relación comercial del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, con el holding Cencosud lleva casi una semana con la agenda tomada, cada día surge un nuevo antecedente que lo deja aún más en tela de juicio. Sin embargo el gobierno dilata la decisión de sacarlo, repitiendo el fallido libreto de ocasiones anteriores.

Estos días La Moneda ha estado en compás de espera. Conocida el viernes la información de la relación comercial vigente de Pereira con Cencosud, a través del arriendo de terrenos de su propiedad para el Portal La Reina, en el gobierno se optó primero por “dejar pasar” la Cumbre Celac-UE precisamente para no empañar el encuentro multilateral. Pero desde el martes se manejó una nueva línea de acción: esperar el informe del sumario administrativo de la Contraloría General que está pendiente.

Entre medio, al principio se decía en privado en Palacio que la decisión de sacarlo estaba prácticamente tomada y desde la propia Alianza varios coincidían que era complejo mantenerlo en el cargo. Es más, entre lunes y martes no fue menor la señal de la vocera Cecilia Pérez y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que recalcaron públicamente que se estaba “evaluando” la situación del director de Impuestos Internos.

Así, es inevitable no creer que es una mera coincidencia que la decisión de La Moneda de esperar al informe de Contraloría, esté unida a la columna que Pereira publicó en El Mercurio el día martes, donde sentenció que "el más mínimo respeto al debido proceso y a las instituciones, tantas veces invocado en los distintos foros, exige esperar que ese sumario sea resuelto". De más está decir que ‘el decano’ en su sección de opinión es una tribuna que está lejos de ser masiva, aunque se usa como plataforma de mensajes, recados y señales entre los diversos actores del mundo político, especialmente en la derecha.

El caso de Pereira en La Moneda se ha transformado en otra piedra en el zapato, una bastante incómoda. Se sabe que a más de uno le gustaría zanjar cuanto antes el tema, pero efectivamente están a la espera del informe. En ese punto es clave el dato que hoy en la mañana regresa a Chile el Contralor Ramiro Mendoza, por lo que no deberían transcurrir más de un par de días para que el documento llegue a Palacio, vea la luz pública y, a partir de ello, el gobierno anuncie su decisión sobre el futuro de Pereira.

Mientras tanto, la ola de rumores sobre su salida de Impuestos Internos sigue en escalada, al punto que más de una vez ayer desde La Moneda se llamó al Ministerio de Hacienda —repartición de la cual depende el SII— para saber si era efectivo que Pereira había presentado su renuncia.

A la par, la trama ha ido adquiriendo nuevos ribetes. Si los cuestionamientos comenzaron a mediados del 2012 con el perdonazo tributario a Johnson’s por 119 millones de dólares, que permitió que Cencosud comprara saneada la empresa, mismo holding al que asesoró jurídicamente antes de asumir en el SII, se sumó lo del arriendo a Horst Paulmann por el terreno en La Reina y, las 82 mil acciones de Pereira en Ripley, controlada por Alberto y Marcelo Calderón, quien fue el último dueño de Johnson’s cuando se le condonó la deuda y le transfirió a Cencosud el 85 % de la empresa ya saneada.

Como guinda de la torta, ayer se solicitó a la Contraloría que investigue si la contratación del abogado de la Universidad del Desarrollo, Felipe Antonio Wiegand Restrepo, concuñado del director de Impuestos Internos, fue por los conductos regulares, a través de concurso público y experiencia ad hoc al cargo.

La larga lista

No es la primera vez que se aplica la estrategia de dilatar la salida de una autoridad cuestionada o que el gobierno recurra a un libreto que al final le trae altos costos.

El más reciente es la renuncia del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, el lunes 17 de diciembre, en medio de públicos cuestionamientos por su vinculación con Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, detenido por cohecho y lavado de activos, quien prestó servicios a Gendarmería mientras se votaba la acreditación del Instituto Incacea, del cual Ribera es dueño del 7,5 %.

El caso de Pereira en La Moneda se ha transformado en otra piedra en el zapato, una bastante incómoda. Se sabe que a más de uno le gustaría zanjar cuanto antes el tema, pero efectivamente están a la espera del informe. En ese punto es clave el dato que hoy en la mañana regresa a Chile el Contralor Ramiro Mendoza, por lo que no deberían transcurrir más de un par de días para que el documento llegue a Palacio, vea la luz pública y, a partir de ello, el gobierno anuncie su decisión sobre el futuro de Pereira.

La primera reacción en Palacio fue blindarlo. Se le defendió pública y privadamente, incluso se le autorizó que saliera a defenderse protagonizando una intensa rotativa por todos los medios de comunicación. Pero al dilatar el tema, se abrieron más flancos, comenzaron las contradicciones en las versiones y finalmente vino la desastrosa frase de que se iba a tener que  buscar directivos públicos en el Hogar de Cristo al defender los conflictos de interés de varios miembros del gabinete.

La Moneda le pidió silencio. Durante varios días no pararon las críticas y Piñera optó por tomarse un fin de semana de reflexión en Cerro Castillo antes de concretar la salida de su ministro ese lunes.

Con todo, el ejemplo más emblemático de la administración Piñera es el de la ex intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, porque dejó heridas y altos costos en el seno del oficialismo. Una denuncia del senador Alejandro Navarro detonó la bomba política cuando en febrero del 2011 hizo público unos audios donde la ex autoridad regional explicaba a vecinos de la población Aurora de Chile, de Concepción, que “había inventado una historia” para obtener subsidios a familias que no habían sido damnificadas por el terremoto del 27/F.

La teleserie se alargó de febrero a abril, porque la UDI defendió con dientes y muelas a una de sus figuras más potentes de entonces para ganar un cupo senatorial en dicha región. Incluso presionó a La Moneda, haciendo sentir el poder de contar con una bancada de 40 diputados que, de irse en contra del gobierno, bloquearía toda la agenda legislativa.

RN hizo lo suyo y varios de sus diputados, como Frank Sauerbaum, Karla Rubilar, Marcela Sabat, René Manuel García, Roberto Delmastro y Rosauro Martínez, eran señalados como dispuestos a apoyar la acusación constitucional que la oposición y el PC ya preparaban contra van Rysserlberghe. La renuncia se concretó los primeros días de abril, precisamente para frenar la escalada del conflicto en el seno del oficialismo.

No hay que olvidar la fallida licitación del Litio, que concluyó en octubre del año pasado con la renuncia del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI). Primero se le adjudicó la extracción del mineral a la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), cuyo vicepresidente es Patricio de Solminihac, hermano del ministro de Minería.

La licitación fue aplaudida por diversas autoridades, pero días después el Comité Especial de Licitación (CEL) decidió invalidar el proceso porque se acreditó que Soquimich “ha incumplido las bases de licitación”.

Un último ejemplo, el llamado caso “sobreprecios” que dejó por semanas en el ojo del huracán al ministerio del Interior por el intento de pago de equipos para la detección de drogas con un sobreprecio del 400 %. El subsecretario Rodrigo Ubilla estuvo semanas en medio de la polémica y cada cierta cantidad de días, se conocía de una nueva renuncia en el ministerio.

El primero en caer el 5 de octubre fue el polémico ex fiscal Alejandro Peña, quien era el jefe de la División de Estudios del ministerio y que aseguró que "fueron profesionales de mi dependencia quienes llevaron adelante dichos procesos". Después, se le pidió la renuncia al jefe de la unidad de proyectos de dicha división, Felipe Baeza y después al funcionario de la brigada contra el crimen organizado de esta cartera, Carlos Álvarez, al trascender que había mantenido contactos con el propietario de la empresa Tecno data, que se había adjudicado las cuestionadas licitaciones.

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